Comuneros denuncian a Farmacias del Ahorro Chiapas por invasión de predios

Habitantes del ejido Cabeza de Toro, en Puerto Arista, Chiapas, alzaron la voz este 8 de julio. Acusan a Farmacias del Ahorro Chiapas de apropiarse ilegalmente de sus tierras con apoyo de jueces y fuerzas de seguridad estatales y federales.

El conflicto, que lleva años gestándose, escaló en los últimos meses tras varios desalojos violentos. Viviendas destruidas, adultos mayores golpeados, niños amenazados. Todo esto, mientras el litigio de la propiedad aún está en curso. ¿Cómo es posible que una empresa privada actúe con tanta impunidad?

Farmacias del Ahorro Chiapas: ¿cómo se gestó el despojo?

Según testimonios recabados por medios locales, el terreno en disputa —conocido como El Zapotal— forma parte de un ejido reconocido desde 1917 y en proceso de regularización desde 2009. En 2018, el gobierno federal declaró la zona como terreno nacional, reforzando su estatus comunal.

Pero en 2020, la Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, operadora de Farmacias del Ahorro, apareció con una escritura presuntamente expedida en 1998. A pesar de que dicha escritura no estaba registrada ante el Registro Agrario Nacional, la empresa logró obtener un amparo judicial por “traslape” y una orden de restitución. ¿Lo curioso? Nunca se verificó físicamente el terreno.

Así, con papeles no validados y sin peritajes claros, se desató una serie de operativos en 2023 y 2025 que terminaron en violencia y desalojo forzoso.

Farmacias del Ahorro Chiapas: ¿intereses turísticos detrás del litigio?

Los comuneros acusan que la intención real detrás de estos desalojos es habilitar la zona para desarrollos turísticos de alto perfil. Puerto Arista, por su ubicación costera, es uno de los puntos clave del megaproyecto de expansión turística en el sur del país.

Durante las intervenciones armadas, elementos de la Guardia Nacional y policías estatales destruyeron viviendas, cultivos y pozos de agua. A pesar de que los tribunales aún no han emitido una resolución definitiva, los comuneros ya fueron expulsados.

Solicitan que la presidenta Claudia Sheinbaum intervenga y detenga lo que consideran un “atropello legal promovido por intereses privados en complicidad con el poder judicial”.

Hablando en serio

El caso de Puerto Arista no es un hecho aislado: pone en evidencia un patrón de despojo legalizado mediante instrumentos judiciales opacos y violencia institucional. Si una empresa como Farmacias del Ahorro puede arrebatar tierras sin sentencia firme ni verificación agraria, ¿qué queda para otras comunidades sin recursos ni visibilidad? La pregunta es incómoda, pero urgente: ¿quién decide hoy en México quién tiene derecho a la tierra?