Violencia contra periodistas en México: el caso Elí Martínez y el silencio que mata

El ataque contra Elí Martínez vuelve a poner sobre la mesa la violencia contra periodistas en México, la impunidad y la responsabilidad del Estado ante una prensa que trabaja bajo amenaza.

Hay algo particularmente obsceno en tener que celebrar que un periodista aparezca vivo después de que unos hombres armados lo ataquen a balazos y se lo lleven por la fuerza. Y digo celebrar porque, naturalmente, me alegro de que Elí Martínez haya sido localizado con vida después de permanecer alrededor de doce horas privado de su libertad, bajo resguardo de las autoridades y con la posibilidad de regresar a ese lugar extraordinariamente cotidiano al que todos deberíamos tener derecho a regresar después del trabajo: casa. Pero también digo obsceno porque hemos rebajado tanto nuestras expectativas, nos hemos acostumbrado de tal manera a contar cadáveres, desaparecidos, secuestrados y periodistas amenazados, que terminar vivo empieza a parecernos un éxito institucional. Y no. No debería serlo. Es apenas lo mínimo. (OEM)

El periodista que pidió protección terminó necesitándola

La historia tiene una de esas ironías que serían magníficas en una novela si no fueran una puta desgracia en la vida real. El pasado junio, después del asesinato del periodista Luis Ángel López Valdez en Poza Rica, Elí Martínez tomó un micrófono para exigir protección para los comunicadores. Dijo entonces algo tan elemental que resulta vergonzoso tener que recordarlo en una democracia: documentar un hecho, tomar fotografías, grabar vídeos o transmitir información no constituye un delito. Apenas unas semanas después, el hombre que pedía protección para los periodistas fue atacado junto a otro compañero; ambos corrieron, el otro reportero consiguió escapar y Martínez fue interceptado por hombres armados. Su motocicleta y su gorra quedaron en el lugar, entre casquillos percutidos, mientras comenzaba la búsqueda. (El País)

Y yo me pregunto qué coño tiene que suceder para que una advertencia deje de ser considerada una opinión y comience a ser tratada como una alarma. Porque Elí había hablado. Sus compañeros habían hablado. Los cadáveres, incluso, habían hablado de esa manera brutalmente silenciosa con la que hablan los muertos cuando alguien decide prestarles atención. No faltaban indicios, ni antecedentes, ni razones para preocuparse. Faltó lo de siempre: conseguir que las instituciones llegasen antes que los hombres armados. Y esa diferencia temporal, esos pocos minutos, horas o semanas entre saber que alguien está en peligro y hacer lo necesario para protegerlo, es precisamente el espacio donde México lleva años enterrando periodistas.

Poza Rica no amaneció peligrosa ayer

Conviene poner las cosas en contexto porque, de lo contrario, alguien podría interpretar el ataque contra Martínez como uno de esos acontecimientos excepcionales que ocurren en cualquier país y que ningún Gobierno puede prever. Me temo que no cuela. Veracruz encabeza, según los datos recogidos por EL PAÍS, la lista de Estados mexicanos con más periodistas asesinados desde el año 2000: 34 comunicadores, con la inmensa mayoría de esos crímenes todavía impunes. En enero de este mismo año fue asesinado Carlos Castro, reportero de 26 años que también cubría nota roja en Poza Rica y que había pertenecido hasta 2024 al Mecanismo de Protección para Periodistas. En junio asesinaron a Luis Ángel López Valdez, de 29 años, en la misma avenida y colonia donde posteriormente fue atacado Martínez. Antes, Roxana Guzmán había sido secuestrada por un comando armado; semanas después las autoridades encontraron sus restos. (El País)

Treinta y cuatro periodistas asesinados en Veracruz desde el año 2000. Me detengo en el número porque las estadísticas tienen esa capacidad maravillosa para limpiar la sangre: treinta y cuatro suena mucho más administrativo que treinta y cuatro personas. Mucho más cómodo. Pero detrás de cada unidad hay una silla que quedó vacía, un teléfono que dejó de contestar, una madre, un hijo, una pareja, unos compañeros de redacción y probablemente algún funcionario prometiendo que se investigarían «todas las líneas» hasta llegar «a las últimas consecuencias». Ya sabéis. Las últimas consecuencias. Ese misterioso lugar al que llevamos décadas intentando llegar sin que Google Maps consiga encontrar la ruta.

Tenemos un Mecanismo. Qué tranquilidad.

México dispone de un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El nombre es magnífico, largo, solemne, tranquilizador; casi puedes sentirte protegido mientras terminas de pronunciarlo. El problema es que los periodistas mexicanos no viven dentro de un protocolo ni trabajan entre las páginas plastificadas de un manual administrativo. Trabajan en calles donde circulan hombres armados, investigan organizaciones criminales, fotografían cadáveres, preguntan por desapariciones, documentan abusos policiales, siguen redes de corrupción y, de vez en cuando, cometen la imperdonable insolencia de publicar nombres.

Y entonces ocurre algo que debería avergonzar a cualquier Estado que pretenda llamarse democrático: el periodista comienza a calcular. No solamente calcula si tiene confirmada una información o si conseguirá cerrar una nota antes de la hora de publicación; calcula si lo están siguiendo, si debería cambiar la ruta de regreso, si conviene publicar determinado nombre, si aquella camioneta lleva demasiado tiempo estacionada frente a su casa, si merece la pena contestar ese teléfono desconocido y, quizás, si la noticia que tiene delante vale tanto como para arriesgar que sus hijos se queden sin padre. Cuando ejercer un derecho constitucional exige semejante contabilidad del miedo, el problema ya no es únicamente del crimen organizado. Es del Estado que no consigue garantizar ese derecho.

No estoy diciendo que cada funcionario sea indiferente, que cada policía sea corrupto o que cada institución permanezca cruzada de brazos. Sería una simplificación tan cómoda como injusta. De hecho, después de conocerse la desaparición de Martínez se desplegó un operativo en el que participaron distintas corporaciones y el periodista finalmente apareció con vida. (Noreste) Precisamente por eso la crítica debe ser más seria que el insulto fácil: si el Estado puede movilizar recursos después de una agresión, la pregunta incómoda es por qué seguimos siendo incapaces de construir unas condiciones en las que resulte extraordinariamente difícil agredir a un periodista antes de que haya que salir a buscarlo.

Presidenta, heredar el problema no significa heredar la excusa

Sería intelectualmente deshonesto responsabilizar a Claudia Sheinbaum del origen de la violencia contra periodistas en México. Esto viene de lejos, atravesando sexenios, partidos, gobernadores, presidentes municipales, fiscalías y administraciones de todos los colores imaginables. Pero hay una diferencia bastante elemental entre ser responsable del origen de un problema y ser responsable de enfrentarlo cuando gobiernas. La presidenta no creó esta tragedia, cierto. Ahora bien, es presidenta de un país donde esa tragedia continúa ocurriendo bajo su mandato, y gobernar consiste precisamente en hacerse cargo también de la mierda que dejaron los anteriores. Si únicamente hubiera que responder por los problemas inventados durante el propio mandato, gobernar sería un oficio comodísimo.

Y aquí es donde mi paciencia con el lenguaje institucional se vuelve escasa. Condenamos enérgicamente. No habrá impunidad. Se investigarán todas las líneas. Nuestro compromiso con la libertad de expresión es absoluto. Se llegará hasta las últimas consecuencias. Palabras impecables, perfectamente planchadas, con sus zapatos lustrosos y la corbata bien puesta, que aparecen una y otra vez después de cada asesinato, desaparición o atentado. Pero llega un momento en que las palabras, cuando se repiten sobre cadáveres diferentes, adquieren la consistencia moral de aquella grabación telefónica que asegura que «su llamada es muy importante para nosotros» mientras llevas cuarenta minutos escuchando la misma musiquita.

La libertad de prensa no existe porque un Gobierno diga que respeta la libertad de prensa. Existe cuando un periodista puede investigar algo incómodo, publicarlo, regresar a casa, quitarse los zapatos, abrir una cerveza, cenar con los suyos y levantarse a la mañana siguiente para continuar tocando los cojones. Porque esa es, en buena medida, la función social del periodismo: incomodar a quien preferiría permanecer cómodo. Preguntar aquello que alguien preferiría no responder. Iluminar el rincón que otro necesita mantener oscuro. Si quien sostiene la linterna termina asesinado, desaparecido o amenazado y el responsable puede confiar razonablemente en que nunca pagará por ello, podemos seguir hablando de libertad de expresión cuanto queramos. Será literatura administrativa.

La impunidad también aprieta el gatillo

Hay una parte de esta historia que me parece incluso más peligrosa que los propios ataques: el aprendizaje. La impunidad educa. Cada crimen sin resolver enseña algo al siguiente criminal; cada amenaza ignorada transmite un mensaje; cada expediente que envejece en una fiscalía explica, sin necesidad de palabras, cuánto cuesta silenciar a alguien y cuáles son las probabilidades de pagar por ello.

El crimen organizado necesita armas, dinero, vehículos y hombres dispuestos a utilizarlos, claro, pero necesita además una mercancía muchísimo más barata: la certeza de que probablemente podrá hacerlo. Y cuando esa certeza se instala, comienza la censura verdaderamente eficaz, la que no necesita un dictador cerrando periódicos ni policías quemando imprentas. «No publiques eso». «No pongas ese nombre». «No preguntes por aquello». «No vayas allí». «Tienes hijos». Cinco frases pueden conseguir más silencio que quinientos decretos.

La investigación sobre el asesinato de Roxana Guzmán resulta especialmente perturbadora precisamente por eso. De acuerdo con lo publicado sobre las pesquisas de la Fiscalía veracruzana, fueron detenidos integrantes de una célula criminal y policías municipales acusados de haber proporcionado apoyo logístico mientras la periodista permanecía cautiva; además, la Fiscalía acusó al presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato. Son acusaciones que deberán resolverse judicialmente y las responsabilidades individuales deben probarse, por supuesto, pero el mero hecho de que una investigación pueda alcanzar simultáneamente a delincuentes, policías y una autoridad municipal explica por qué reducir la violencia contra periodistas a «un problema del crimen organizado» puede resultar obscenamente cómodo. (El País)

Porque cuando crimen y poder llegan a tocarse, aunque sea en casos concretos que deberán demostrarse ante los tribunales, el periodista queda atrapado en medio preguntándose algo bastante sencillo: ¿a quién llamo?

Y esa pregunta da miedo.

También nosotros nos estamos acostumbrando

Pero sería demasiado fácil cargar toda la culpa sobre un Gobierno, terminar este artículo, cerrar el portátil y quedarme satisfecho con mi pequeña dosis diaria de indignación. Nosotros también tenemos un problema. Nos estamos acostumbrando. Yo también, me temo. Leo «periodista asesinado», «madre buscadora amenazada», «joven desaparecido», «fosa clandestina», «ataque armado» y continúo deslizando el dedo por la pantalla con una naturalidad que, si me detengo a pensarla, me resulta aterradora. Quizás sea un mecanismo de supervivencia; nadie puede vivir permanentemente con el sistema nervioso reaccionando a todas las tragedias de un país. Pero normalizar el horror tiene un precio: aquello que deja de sorprendernos termina, poco a poco, dejando de indignarnos.

Y cuando una sociedad deja de indignarse porque maten a quienes cuentan lo que ocurre, el problema ya no pertenece exclusivamente a los periodistas. Nos pertenece a todos. Porque el asesinado es el periodista, sí, pero la información que desaparece con él era nuestra. La investigación que no se publica era nuestra. La fotografía que alguien decide no tomar era nuestra. La pregunta que un reportero deja de formular por miedo era nuestra. Nosotros somos los destinatarios finales de ese silencio.

Por eso no debería preocuparnos solamente quién dispara contra un periodista. Debería preocuparnos muchísimo quién se beneficia cuando deja de hablar.

Elí volvió. El problema sigue ahí.

Elí Martínez apareció con vida después de alrededor de doce horas privado de su libertad. Las primeras informaciones señalan que quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales mientras continuaban las investigaciones sobre el ataque. Es una magnífica noticia y sería miserable no celebrarla. (OEM) Pero sería igualmente miserable utilizar ese desenlace afortunado para rebajar la gravedad de lo ocurrido. Un periodista que semanas antes había reclamado protección después del asesinato de un compañero fue atacado a tiros y privado de su libertad en una ciudad donde otros periodistas han sido asesinados este mismo año. Eso ocurrió. Que haya sobrevivido no convierte el ataque en menos intolerable.

Así que sí, Gobierno de México, Gobierno de Veracruz, fiscalías, mecanismos, policías, secretarías y toda esa gigantesca arquitectura institucional que los ciudadanos financiamos precisamente para no tener que defender nuestros derechos a tiros: queremos algo bastante más sencillo que otro comunicado. Queremos que un periodista pueda hacer periodismo. Queremos que preguntar no sea una actividad de riesgo, que fotografiar no equivalga a señalarse la espalda, que publicar un nombre no obligue a mirar después por el retrovisor y que los responsables de amenazar, secuestrar o asesinar sepan que existe una posibilidad real, inmediata y casi inevitable de terminar ante un juez.

No parece una exigencia revolucionaria.

Es, de hecho, una de las obligaciones más elementales de cualquier democracia que pretenda merecer ese nombre.

Porque Elí volvió.

Otros no.

Y mientras en México haya periodistas que deban elegir entre contar lo que saben y regresar vivos a casa, el problema no será únicamente que existan criminales dispuestos a silenciarlos.

El problema será que todavía crean que pueden hacerlo.

Y, después de tantos nombres, tantos muertos y tanta impunidad, me temo que alguien tendrá que explicarles por qué deberían pensar lo contrario.