Asesinatos de dirigentes del FPR en Oaxaca provocan movilizaciones y bloqueos

Organizaciones bloquean carreteras en Oaxaca para exigir justicia por dos dirigentes del FPR.

Los asesinatos de dirigentes del FPR en Oaxaca provocaron una nueva jornada de movilizaciones, bloqueos carreteros y toma de oficinas públicas en distintas regiones del estado. Organizaciones sociales exigieron avances en las investigaciones por los homicidios de Tomás Martínez Pinacho y Juan José Cruz Padilla, integrantes del Frente Popular Revolucionario.

Las protestas comenzaron el 22 de agosto con un foro sobre la crisis de derechos humanos y las agresiones contra activistas y periodistas. El 24 de agosto continuaron con actos sindicales y homenajes, mientras que este martes se extendieron a Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Veracruz, Jalisco y Baja California.

El FPR sostiene que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha ofrecido resultados suficientes para esclarecer los crímenes ni identificar a todos los responsables. Las autoridades no han informado públicamente sobre una resolución definitiva de los casos.

Dos homicidios mantienen movilizado al FPR

Tomás Martínez Pinacho fue asesinado el 24 de agosto de 2020. El dirigente regional del FPR participaba en actividades comunitarias y en la defensa de demandas relacionadas con vivienda, trabajo, servicios públicos y derechos sociales en la Sierra Sur de Oaxaca.

Su homicidio ocurrió hace seis años y, según sus compañeros de organización, el expediente continúa sin establecer plenamente quién ordenó el ataque. El FPR ha denunciado durante años que las investigaciones avanzan con lentitud y que la justicia no ha alcanzado a los autores intelectuales.

Juan José Cruz Padilla murió el 22 de junio de 2026 durante un ataque armado en Miahuatlán de Porfirio Díaz. El atentado iba dirigido contra el ex presidente municipal José Alberto Martínez Luna, quien resultó herido junto con otro acompañante.

Cruz Padilla formaba parte del equipo de seguridad de Martínez Luna y perdió la vida durante la agresión. La Fiscalía estatal informó que se desplegó un operativo para localizar a los responsables, pero hasta el momento las organizaciones denuncian que no existen resultados públicos suficientes.

Los integrantes del FPR relacionan ambos casos con la actividad política y comunitaria de sus compañeros. Esa interpretación forma parte de sus denuncias y no ha sido confirmada judicialmente como una conclusión definitiva.

Bloqueos y toma de oficinas en Oaxaca

La jornada de protesta incluyó acciones en más de diez puntos de Oaxaca. Entre ellas se reportaron bloqueos en la autopista a la entrada de Ventanilla-Barranca Larga, el Puente Caracol y la autopista Oaxaca-Cuacnopalan, a la altura de Nochixtlán.

También fueron tomadas oficinas de las vicefiscalías regionales en Tuxtepec, Santiago Juxtlahuaca y Tlaxiaco. En la ciudad de Oaxaca, los manifestantes ocuparon las oficinas centrales de la Fiscalía estatal y establecieron un plantón en el Zócalo.

En Miahuatlán de Porfirio Díaz se realizó una marcha masiva, mientras que en otras regiones se organizaron mítines y actos de protesta. Las organizaciones advirtieron que algunas acciones tendrían carácter indefinido hasta obtener una respuesta institucional.

La estrategia busca presionar a las autoridades mediante la interrupción de carreteras y la ocupación de dependencias responsables de investigar los homicidios. Estas acciones suelen generar afectaciones a la movilidad y a los servicios públicos, pero los convocantes sostienen que son necesarias ante la falta de resultados por las vías institucionales.

La protesta se extiende a otros estados

El FPR anunció réplicas de la jornada en Tuxtla Gutiérrez, Las Margaritas, Ocosingo y Tumbalá, en Chiapas. También se programaron mítines en Orizaba, Veracruz, Guadalajara, Jalisco, y frente a la Secretaría de Gobernación en Ciudad de México.

La exigencia central consiste en que las autoridades federales intervengan para acelerar las investigaciones y garantizar que los expedientes no permanezcan bajo control exclusivo de las instituciones estatales. En la capital del país, los manifestantes pidieron una reunión con la titular de Gobernación.

Las organizaciones convocantes también denuncian un ambiente de persecución y vigilancia contra militantes del FPR en la Sierra Sur. Aseguran que sus dirigentes han sido seguidos por personas desconocidas en camionetas, automóviles y motocicletas, aunque no se han presentado pruebas públicas que permitan atribuir esos hechos a una autoridad o grupo específico.

La protesta forma parte de una jornada más amplia en la que participan sindicatos, colectivos de víctimas y agrupaciones sociales. El foro realizado el 22 de agosto abordó los ataques contra activistas y periodistas durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

Reclamos contra la impunidad en Oaxaca

Los asesinatos de dirigentes del FPR en Oaxaca se inscriben en un escenario de conflictos sociales, violencia regional y denuncias de agresiones contra personas defensoras. Las organizaciones sostienen que el homicidio de un activista no debe investigarse solo como un delito común cuando existen antecedentes de amenazas o participación política.

En el caso de Tomás Martínez, organizaciones sociales ya habían denunciado en años anteriores que las investigaciones no mostraban avances suficientes. En 2023, representantes del FPR afirmaron que solo una persona había sido procesada y que ese resultado se obtuvo tras la presión de las movilizaciones.

El grupo también ha solicitado que se investigue la posible participación de autores intelectuales. Esa exigencia implica determinar si los ataques fueron ordenados por personas con intereses políticos, económicos o territoriales, una línea que requiere pruebas periciales y judiciales.

El asesinato de Juan José Cruz volvió a colocar la atención sobre Miahuatlán y la Sierra Sur. Semanas antes del ataque, otros funcionarios y figuras políticas de la zona habían sufrido agresiones armadas, lo que incrementó las preocupaciones sobre la seguridad de quienes participan en disputas locales.

Una exigencia que rebasa al FPR

Los asesinatos de dirigentes del FPR en Oaxaca no solo afectan a la organización. También plantean dudas sobre la capacidad de las autoridades para proteger a activistas, investigar ataques contra dirigentes comunitarios y garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia.

El caso de Tomás Martínez acumula seis años sin un esclarecimiento completo, mientras que el homicidio de Juan José Cruz apenas inicia su recorrido ministerial. La diferencia temporal entre ambos crímenes no ha impedido que las organizaciones los vinculen dentro de una misma denuncia contra la impunidad.

Las autoridades oaxaqueñas deberán informar qué avances concretos existen, qué líneas de investigación se siguen y si hay personas detenidas o procesadas. Sin respuestas verificables, las movilizaciones pueden continuar y extenderse a más regiones.

Pensando en México

Los asesinatos de dirigentes del FPR en Oaxaca muestran el riesgo que enfrentan activistas y líderes comunitarios cuando defienden derechos laborales, territoriales o sociales en zonas con conflictos políticos y presencia criminal. El problema no se resuelve solo con operativos posteriores al ataque, sino con protección preventiva, investigación independiente y castigo a quienes ordenan las agresiones.

Para México, la impunidad tiene un efecto que rebasa a cada víctima: transmite a otros grupos que organizarse puede convertirse en una sentencia de muerte sin consecuencias para los responsables. ¿Cuántos activistas más tendrán que ser asesinados para que las fiscalías investiguen estos casos como ataques contra la organización social?

Fuentes: AMEXI, NVI Noticias, Libertad Oaxaca, El Universal Oaxaca