Perú, una victoria de medio punto

Las cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú explican mejor que cualquier discurso el tamaño de la fractura: Keiko Sofía Fujimori Higuchi aventaja a Roberto Helbert Sánchez Palomino por apenas 4,310 votos en la segunda vuelta presidencial, con el 98.32% de las actas contabilizadas. La diferencia cabe en un estadio: 50.012% contra 49.988%.

Pero una ventaja mínima todavía no es una victoria definitiva. El Jurado Nacional de Elecciones no ha proclamado ganador y la disputa salió de las urnas para instalarse en el terreno de las impugnaciones.

El centro del conflicto está en el voto del exterior. Sánchez lideró el conteo preliminar hasta que los sufragios provenientes principalmente de Estados Unidos y Japón modificaron la tendencia a favor de Fujimori. Juntos por el Perú pidió anular unas 2,400 mesas, dentro y fuera del país, bajo el argumento de presuntas irregularidades estadísticas; mientras Fuerza Popular impugnó actas en Puno y rechazó el recuento total planteado por su adversario.

La paradoja pesa sobre la memoria reciente: en 2021 fue la propia Keiko Fujimori quien denunció fraude tras perder por un margen estrecho frente a Pedro Castillo Terrones, hoy encarcelado tras su fallido intento de autogolpe de Estado. Perú parece haber convertido cada elección cerrada en una batalla posterior por la legitimidad.

Mientras la política pelea, el mercado ya hizo su propia lectura. La Bolsa de Valores de Lima avanzó cerca de 8% en la semana, anticipando un eventual triunfo de Fujimori como una señal de continuidad económica. Fue la imagen inversa de 2021, cuando la llegada de Castillo provocó incertidumbre, golpeó al sol peruano y empujó al dólar.

La explicación está menos en los presidentes y más en las instituciones económicas. En una década, Perú ha tenido nueve mandatarios y, aun así, su economía resistió apoyada en la minería, el cobre y la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú.

Las previsiones apuntan a un crecimiento cercano al 3.2% para 2026, inflación controlada y una deuda pública baja para los estándares regionales.
Pero ahí empieza la contradicción peruana. Los indicadores macroeconómicos conviven con un país donde siete de cada diez trabajadores viven en la informalidad y donde buena parte de la estabilidad depende de un mineral cuyo precio se decide más en los mercados internacionales que en las comunidades mineras de los Andes.

Fujimori promete inversión privada, seguridad jurídica y estímulos empresariales. Sánchez plantea una Asamblea Constituyente, mayor presencia del Estado, impuestos extraordinarios a la minería y un acercamiento económico a los BRICS.
Dos proyectos opuestos con un obstáculo común: un Congreso fragmentado que puede convertir cualquier programa de gobierno en una negociación permanente. Sánchez difícilmente tendría fuerza para cambiar la Constitución; Fujimori tampoco tendría un cheque en blanco para gobernar.

Por eso el futuro inmediato de Perú no depende únicamente de esos 4,310 votos, sino de algo más difícil: que el derrotado acepte perder. Un presidente nacido de medio punto de diferencia, con casi la mitad del país mirando el resultado con desconfianza, llegará con capacidad para administrar el cobre, pero no necesariamente para resolver las heridas profundas de la economía.

Perú probablemente volverá a crecer. Eso lo anticipan los mercados y el precio de sus minerales. La pregunta pendiente es otra: si podrá transformar ese crecimiento en desarrollo o seguirá haciendo lo que aprendió durante años de crisis política, sobrevivir a sus propios presidentes.