El PRI pide al INE investigar actos anticipados de campaña de Morena rumbo a 2027

PRI formaliza en el Senado su petición para investigar campañas adelantadas de Morena

El PRI llevó este martes 8 de septiembre al Senado una solicitud formal para que el Instituto Nacional Electoral investigue los presuntos actos anticipados de campaña de Morena rumbo a las elecciones de 2027. El exhorto reclama al árbitro electoral que determine posibles responsabilidades de militantes, aspirantes y dirigentes del partido oficialista y adopte medidas para proteger la equidad de la próxima contienda.

La acusación no constituye una resolución del INE ni demuestra que Morena haya cometido una infracción. Tampoco es completamente nueva: el PRI había formulado denuncias similares durante julio. La novedad de este martes consiste en que el señalamiento ha llegado formalmente al Senado mediante una proposición suscrita por buena parte de la bancada priista.

El problema de fondo rebasa, además, el enfrentamiento entre PRI y Morena. El propio INE lleva meses discutiendo cómo responder a procesos internos con los que varios partidos están adelantando la selección y promoción de sus aspirantes para 2027. Uno de sus consejeros ha advertido expresamente que Morena inició esta práctica, pero que PRI y PAN terminaron reproduciéndola.

El PRI pide al INE intervenir antes de que avance la contienda

La proposición presentada este martes está firmada por los senadores Alejandro Moreno Cárdenas, Manuel Añorve, Carolina Viggiano, Pablo Angulo, Cristina Ruiz, Rolando Zapata, Claudia Anaya, Mely Romero, Paloma Sánchez, Ángel García, Karla Toledo y Anabell Ávalos.

El documento solicita al INE investigar y, si corresponde, determinar responsabilidades por los presuntos actos anticipados de campaña de Morena, además de garantizar condiciones de equidad durante el proceso electoral 2026-2027. La existencia de la proposición y sus firmantes consta en el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación.

El señalamiento tiene como contexto los procesos internos mediante los cuales Morena comenzó a organizar la selección de perfiles para las elecciones del próximo año. En 2027 estarán en juego gubernaturas, la Cámara de Diputados y numerosos cargos estatales y municipales.

En julio, el senador Manuel Añorve ya había acusado a aspirantes morenistas de realizar actividades de posicionamiento en entidades donde habrá elecciones. El PRI sostenía entonces que tenía documentados recorridos, eventos y promoción de figuras políticas antes de los periodos establecidos por la legislación electoral.

Aquellas acusaciones tampoco constituyeron por sí mismas prueba de una infracción. Corresponde a las autoridades electorales estudiar individualmente las conductas denunciadas y determinar si reúnen los elementos necesarios para ser consideradas actos anticipados.

No toda actividad política previa a una elección es ilegal

La diferencia resulta relevante porque la legislación mexicana no prohíbe que un militante participe en actividades políticas simplemente porque tenga aspiraciones electorales.

La normativa electoral define los actos anticipados de campaña a partir de expresiones realizadas fuera del periodo correspondiente que impliquen llamados al voto o solicitudes de apoyo para una candidatura o partido. La jurisprudencia electoral ha desarrollado tres componentes para estudiar estas conductas: personal, temporal y subjetivo.

El elemento personal analiza quién realiza la conducta; el temporal, cuándo ocurre; y el subjetivo examina si existe una finalidad electoral suficientemente explícita o inequívoca.

Esta última condición ha resultado particularmente importante. La jurisprudencia ha establecido que no basta con que un político tenga visibilidad pública o participe en reuniones para acreditar automáticamente una campaña adelantada. Debe analizarse si existe una solicitud expresa de voto o una expresión equivalente destinada a obtener respaldo electoral.

Esa frontera ha permitido durante los últimos procesos electorales la aparición de figuras como “coordinadores”, “defensores” o responsables de movimientos partidistas que recorren territorios, celebran asambleas y construyen reconocimiento público antes de ser formalmente candidatos.

El resultado es una zona jurídicamente compleja: una actividad puede tener efectos evidentes de posicionamiento electoral sin encajar necesariamente en la definición que permite sancionarla.

Morena no es el único partido bajo cuestionamiento

La acusación del PRI requiere también contexto político.

El consejero electoral Arturo Castillo ha advertido públicamente que las actividades anticipadas no son exclusivas de Morena. En julio señaló que la práctica había sido iniciada por Morena durante el proceso presidencial de 2023 y posteriormente reproducida por PRI y PAN bajo diferentes denominaciones.

Movimiento Ciudadano también ha acusado recientemente a Morena, PRI y PAN de adelantar sus procesos rumbo a 2027. Es decir, mientras unos partidos denuncian a sus adversarios, existen cuestionamientos similares contra varias de las fuerzas que participan en la disputa.

Esto obliga a separar dos debates.

El primero consiste en determinar si determinados aspirantes de Morena han violado efectivamente la legislación. Esa decisión corresponde al INE y, ante posibles impugnaciones, a los tribunales electorales.

El segundo es más amplio: si las reglas actuales permiten que los partidos desarrollen campañas de facto mucho antes de las campañas legalmente reconocidas, siempre que eviten determinadas expresiones que puedan ser interpretadas como una solicitud explícita de voto.

La discusión lleva meses dentro del propio organismo electoral.

El INE lleva meses intentando resolver el problema

En mayo, el consejero Arturo Castillo presentó una propuesta de lineamientos destinada precisamente a regular los procesos políticos anticipados y proteger la equidad de las elecciones de 2027.

La propuesta contemplaba que partidos y organismos electorales locales informaran al INE sobre actividades vinculadas con estos procesos, identificaran su propaganda y permitieran una fiscalización anticipada de los recursos empleados. También planteaba restricciones sobre tiempos oficiales de radio y televisión.

Uno de los elementos más relevantes consistía en contabilizar determinados gastos dentro de los topes electorales posteriores si las autoridades acreditaban que habían sido empleados en actos anticipados.

La propuesta no consiguió entonces el respaldo suficiente.

En julio, Castillo volvió a advertir que el Instituto no había adoptado medidas específicas pese a que los partidos ya desarrollaban actividades relacionadas con la selección de perfiles. Señaló también que los procesos internos no son necesariamente ilegales, pero pueden afectar la equidad si funcionan materialmente como mecanismos de promoción electoral.

La discusión llegó incluso a producir acusaciones dentro del Consejo General sobre la existencia de “precampañas adelantadas” y una posible desigualdad para las fuerzas políticas que todavía no habían iniciado procesos equivalentes.

El exhorto presentado ahora por el PRI se incorpora, por tanto, a un problema que el INE conocía mucho antes de la sesión de este martes.

Las coordinaciones de Morena vuelven a poner a prueba las reglas

Morena ha recurrido a figuras internas para organizar sus procesos políticos antes de los periodos formales de precampaña. El antecedente más conocido fueron las llamadas “corcholatas” de 2023, cuando varios aspirantes recorrieron el país para competir por la coordinación de la defensa de la transformación antes de que Claudia Sheinbaum se convirtiera formalmente en candidata presidencial.

El mecanismo reaparece rumbo a 2027.

Durante agosto, Morena avanzó en la selección de coordinaciones estatales de defensa de la transformación y la soberanía nacional en entidades que renovarán gubernatura. El proceso provocó una fuerte competencia interna y abrió nuevamente el debate sobre la diferencia entre seleccionar responsables partidistas y comenzar anticipadamente una carrera electoral.

La dirigencia de Morena ha rechazado que esas actividades deban interpretarse automáticamente como campañas adelantadas. Ante las acusaciones formuladas durante agosto, la dirigente nacional Ariadna Montiel pidió que quienes consideraran que existen irregularidades presentaran las denuncias correspondientes ante las autoridades. También sostuvo que los aspirantes habían recibido instrucciones sobre las actividades permitidas durante sus recorridos.

Ahora el PRI pretende que el INE analice precisamente si esa frontera se ha cruzado.

El hecho de que existan actos anticipados de campaña de Morena, en el sentido jurídico del término, no puede establecerse únicamente a partir de la acusación de un partido adversario. Requiere determinar qué hizo cada aspirante, qué mensajes emitió, cuándo lo hizo, qué recursos empleó y si buscó inequívocamente obtener respaldo para una candidatura.

La paradoja de un PRI que también adelanta sus movimientos

La ofensiva priista presenta una contradicción política que tampoco debería quedar fuera del análisis.

El PRI reclama ahora al INE una intervención contra Morena mientras representantes del propio organismo electoral han señalado que el partido tricolor también desarrolla procesos anticipados.

Esto no invalida la denuncia. Que otro partido pueda incurrir en una práctica similar no convierte en legal una posible infracción de Morena.

Sí debilita cualquier intento de presentar el problema exclusivamente como una conducta del partido gobernante.

Si las fuerzas políticas descubren que comenzar antes ofrece ventajas electorales y las autoridades carecen de instrumentos suficientemente claros para impedirlo, cada partido tiene incentivos para adelantar sus propios procesos aunque simultáneamente denuncie a sus adversarios.

El resultado puede convertirse en una carrera en la que nadie quiere esperar los tiempos legales por miedo a conceder meses de exposición pública al rival.

Ese escenario erosiona el propósito mismo de establecer periodos de precampaña y campaña.

Pensando en México

La discusión sobre los actos anticipados de campaña de Morena plantea un problema mayor que la disputa entre Alejandro Moreno y el partido gobernante.

México establece calendarios electorales para limitar el tiempo durante el cual candidatos y partidos pueden competir formalmente por el voto. Esas reglas pierden parte de su sentido si resulta posible iniciar meses antes procesos que producen prácticamente los mismos efectos políticos mientras se emplea una denominación diferente.

También existe el riesgo contrario. Una regulación excesivamente amplia podría convertir cualquier reunión partidista, entrevista o recorrido de un dirigente en una infracción electoral y restringir actividades políticas legítimas.

El reto del INE consiste precisamente en distinguir ambos escenarios.

La solución tampoco puede depender de qué partido presenta la denuncia. Si Morena, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano o cualquier otra fuerza realiza actividades equivalentes, los criterios deberían ser idénticos y la fiscalización debería alcanzar por igual a todos los recursos empleados antes de las campañas.

La proposición presentada este martes obliga al INE a enfrentarse otra vez a una cuestión que lleva meses sobre la mesa. Más que decidir únicamente si determinados aspirantes morenistas cruzaron una línea legal, el organismo tendrá que demostrar si las reglas electorales mexicanas todavía pueden impedir que las campañas comiencen mucho antes de que oficialmente se llamen campañas.

Si todos los partidos encuentran fórmulas para promocionar anticipadamente a sus aspirantes, ¿qué sentido conserva entonces el calendario electoral que deberían respetar?

Fuentes: Sistema de Información Legislativa, Instituto Nacional Electoral, Central Electoral del INE, El Universal, Diario Oficial de la Federación