El presupuesto climático de México cae en 50 mil millones de pesos para 2027

El presupuesto climático de México cae en 50 mil millones de pesos para 2027, según el proyecto económico presentado por el Gobierno.

Los recursos contabilizados para enfrentar el cambio climático pasarían de 210 mil millones de pesos en 2026 a 160 mil millones durante 2027. La reducción representa la asignación más baja de la actual administración y abre un debate sobre las prioridades ambientales del gasto público.

El presupuesto todavía debe ser revisado y aprobado por el Congreso, por lo que las cifras podrían modificarse durante la discusión legislativa.

Ferrocarriles, Pemex y programas sociales concentran los recursos

Una parte considerable del dinero contabilizado como gasto climático se dirige a proyectos ferroviarios, Pemex y Sembrando Vida. En conjunto, esas áreas concentran cerca de 60% de los recursos incluidos en la clasificación ambiental.

La forma de contabilizar el gasto climático ha sido cuestionada durante años porque incluye proyectos cuya relación con la mitigación o adaptación no siempre resulta directa. Un ferrocarril puede reducir emisiones frente al transporte carretero, pero esa conclusión depende de su diseño, operación, ocupación y consumo energético.

También existe debate sobre la inclusión de Pemex. La empresa puede recibir recursos para actividades relacionadas con eficiencia, infraestructura o reducción de riesgos, aunque su actividad principal sigue vinculada con los hidrocarburos.

La discusión no es meramente contable. El modo en que se clasifica el gasto determina qué imagen ofrece el Gobierno sobre sus compromisos ambientales y qué programas parecen estar recibiendo prioridad.

La reducción ocurre cuando aumentan los riesgos climáticos

México enfrenta sequías, inundaciones, huracanes, olas de calor, incendios forestales y presión creciente sobre sus recursos hídricos. La adaptación exige obras, sistemas de alerta, protección de cuencas, infraestructura urbana y apoyo a comunidades vulnerables.

En ese contexto, una reducción presupuestaria puede limitar la capacidad de anticipar daños. Cada peso que no se destina a prevención puede transformarse en un gasto mayor después de una emergencia.

La relación entre presupuesto y resultados tampoco es automática. Aumentar los recursos no garantiza una política climática eficaz si el dinero se distribuye sin indicadores, supervisión ni evaluación independiente.

El problema central está en la calidad del gasto. México necesita saber cuánto se destina realmente a reducir emisiones, cuánto protege a la población frente a fenómenos extremos y cuánto se asigna a obras que solo se incorporan de manera administrativa a la etiqueta climática.

El Congreso tendrá que revisar las prioridades

La propuesta presupuestaria será discutida junto con el resto del paquete económico para 2027. Los legisladores deberán determinar si la reducción responde a restricciones fiscales, a una reorganización contable o a un cambio deliberado de prioridades.

También deberán pedir información sobre los resultados de los programas incluidos. No basta con conocer el monto asignado; es necesario saber qué emisiones se evitarán, cuántas comunidades estarán protegidas y qué mecanismos impedirán el uso político de los recursos.

La política climática no puede medirse únicamente por el tamaño de una partida. También debe evaluarse por la transparencia del gasto y por la capacidad de reducir daños concretos.

Pensando en México

Reducir el presupuesto climático puede ser razonable si elimina gastos mal clasificados, pero resulta riesgoso si debilita la prevención. ¿El Gobierno está reorganizando recursos o está relegando la adaptación ambiental?

Fuentes: El País, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Medio Ambiente