La soberanía energética de México se estrella contra la realidad de Pemex

La soberanía energética de México choca con menor producción de combustibles, importaciones más caras y refinerías con fallas persistentes.

La soberanía energética de México no puede medirse por el volumen de los discursos, el número de veces que se invoca Pemex como símbolo nacional ni el costo de las obras inauguradas. Se mide con capacidad real: producir combustibles de forma sostenida, segura, competitiva y suficiente para no trasladar las fallas operativas a las familias, al erario o a los trabajadores.

Los datos del segundo trimestre deberían obligar a una revisión seria. Reuters reportó que la producción de diésel de Pemex cayó 11 por ciento frente al trimestre anterior y la de gasolina disminuyó 13 por ciento. Al mismo tiempo, las importaciones de diésel aumentaron 134 por ciento y las de gasolina 45 por ciento. No es una derrota ideológica. Es una señal de que el sistema no está entregando lo que promete.

El problema no es que Pemex sea estatal

Conviene dejar algo claro. Defender que México conserve una empresa pública de energía es una posición legítima. También lo es exigir que esa empresa funcione, rinda cuentas y no se convierta en un altar intocable al que se le ofrecen recursos públicos sin pedir resultados a cambio.

El debate mexicano suele plantearse de manera infantil: o se entrega Pemex a intereses privados o se defiende cualquier decisión tomada en su nombre. Esa disyuntiva es falsa. Una empresa estatal puede ser estratégica sin ser opaca, puede recibir respaldo sin vivir permanentemente subsidiada y puede proteger la soberanía sin exigir que los ciudadanos paguen una factura cada vez más alta por su ineficiencia.

El Gobierno ha destinado miles de millones de dólares a Pemex mediante apoyos financieros, beneficios fiscales y esquemas para cubrir deudas con proveedores. El propósito era comprensible: recuperar la capacidad de refinación y reducir las compras de combustibles al exterior.

Pero una política pública no se valida por su intención. Se valida por su resultado. Si aumentan las importaciones justo cuando se anuncia autosuficiencia, corresponde explicar por qué. Si las plantas operan por debajo de su capacidad, corresponde identificar responsables. Si hay accidentes con trabajadores muertos o heridos, no basta con calificarlos como incidentes inevitables de una industria compleja.

Una refinería no es una bandera de soberanía energética

La refinería Olmeca, en Dos Bocas, fue presentada como una pieza central de la recuperación energética mexicana. Su construcción tuvo un costo estimado de 21 mil millones de dólares, según Reuters. El proyecto se convirtió en emblema político antes de demostrar con regularidad su capacidad industrial.

Olmeca alcanzó en julio una tasa de conversión de 74 por ciento, frente a una capacidad de diseño de 88 por ciento. Durante este año registró niveles tan bajos como 41.5 por ciento. La distancia entre una cifra y otra no es un detalle técnico para especialistas. Es el espacio donde se pierden recursos, se encarecen los procesos y se sostiene la dependencia de combustibles importados.

En Minatitlán, la situación es todavía más dura. La refinería convirtió en julio solo 39 por ciento del petróleo procesado en productos de mayor valor, como gasolina y diésel. Su capacidad de diseño es 75 por ciento.

Ninguna de las refinerías opera a su capacidad diseñada, de acuerdo con el análisis citado por Reuters. Esa realidad no se corrige con una fotografía oficial ni con la promesa de una nueva reunión semanal. Se corrige con mantenimiento sostenido, piezas disponibles, personal especializado, procesos de seguridad y autonomía técnica para tomar decisiones incómodas.

Los accidentes no son un daño colateral

La información sobre la reunión de finales de julio en Palacio Nacional procede de fuentes anónimas consultadas por Reuters. Según ese reporte, Claudia Sheinbaum cuestionó a responsables de Energía y Pemex por el deterioro de la producción y por doce accidentes en refinerías que dejaron seis personas fallecidas y diez heridas.

El encuentro no ha sido detallado oficialmente por Presidencia, Pemex, la Secretaría de Energía ni Hacienda. Esa cautela es necesaria: no corresponde convertir una filtración periodística en sentencia definitiva sobre personas concretas.

Lo que sí está fuera de discusión es que una cadena de accidentes en instalaciones críticas exige transparencia. Cada trabajador lesionado o fallecido obliga a preguntar qué protocolo falló, qué mantenimiento se omitió, qué equipo no estaba disponible y quién tomó la decisión que permitió seguir operando bajo esas condiciones.

La seguridad industrial no es un capítulo secundario del proyecto energético. Es el límite ético mínimo de cualquier política de Estado. Un país no es más soberano cuando sus refinerías trabajan con menos recursos de los necesarios o cuando la presión política empuja a maquillar cifras, acelerar procesos o callar riesgos.

La soberanía energética empieza por decir la verdad

México importa combustibles porque su capacidad nacional no cubre todo lo que consume. Esa dependencia es una vulnerabilidad, pero esconderla tras una narrativa triunfalista solo profundiza el problema.

La producción nacional de combustibles requiere refinerías confiables. Las refinerías confiables requieren inversión, mantenimiento y especialistas. Los especialistas necesitan condiciones laborales seguras y decisiones basadas en datos, no en calendarios electorales ni en la necesidad de defender un relato.

Pemex enfrenta también una deuda financiera de 77.5 mil millones de dólares al cierre de junio, aun después de una reducción de 9.1 por ciento respecto del cierre de 2025. Su flexibilidad es limitada y eso compite directamente con las inversiones requeridas para frenar el deterioro de sus instalaciones.

Reducir el respaldo público a la deuda de Pemex en el presupuesto de 2027 puede ser una decisión fiscal razonable. Hacerlo mientras la empresa necesita recursos para mantenimiento plantea una contradicción que el Gobierno debe resolver con claridad.

No basta con pedir a los directores de planta que mejoren sus indicadores. Hay que darles condiciones para hacerlo y exigirles resultados verificables. Tampoco basta con señalar a administraciones anteriores, aunque buena parte de los problemas de Pemex venga de décadas de saqueo, deuda, corrupción y abandono técnico. Cada gobierno hereda un problema, pero también decide cuánto tiempo lo administra sin transformarlo.

Pensando en México

La soberanía energética de México debería significar que el país puede tomar decisiones propias sin depender de importaciones crecientes, rescates permanentes ni propaganda para ocultar fallas estructurales. Pemex puede seguir siendo una herramienta pública central, pero solo si se le exige lo mismo que a cualquier empresa estratégica: seguridad, profesionalismo, cuentas claras y resultados.

La alternativa no es vender Pemex ni rendirse ante el mercado. Es dejar de tratarla como un símbolo que no admite preguntas. ¿México está dispuesto a defender una empresa pública que funcione, o solo una idea cómoda de lo que Pemex debería representar?

Fuentes: Reuters, Reuters, Pemex, Programa Sectorial de Energía 2025-2030