Las sanciones estadounidenses a la CPI amplían el choque de Washington con La Haya

Las sanciones estadounidenses a la CPI coincidieron con el Nobel de Navi Pillay.

La Administración de Donald Trump anunció sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) el viernes 9 de octubre, en una nueva escalada de su disputa con el tribunal con sede en La Haya. La medida se comunicó horas después de que Navi Pillay, exjueza de la CPI, recibiera el Premio Nobel de la Paz.

Estados Unidos impone sanciones contra la Corte Penal Internacional

El secretario de Estado, Marco Rubio, presentó la decisión como una respuesta a lo que Washington considera amenazas del tribunal contra ciudadanos estadounidenses e israelíes. El Departamento de Estado indicó que Estados Unidos prohibirá transacciones con la CPI y buscará restringir su acceso a recursos y servicios financieros estadounidenses.

La decisión amplía medidas que antes habían alcanzado a funcionarios concretos del tribunal. Esta vez, la acción se dirige contra la institución. La CPI condenó las sanciones y sostuvo que pretenden obstaculizar su labor e intimidar a quienes trabajan con ella.

Associated Press informó que las empresas estadounidenses que prestan servicios al tribunal tendrían un periodo de seis meses para cortar sus vínculos comerciales. La aplicación concreta de esa disposición puede afectar servicios financieros, tecnológicos y otras operaciones que dependan de compañías con sede en Estados Unidos.

La CPI fue creada en 2002 bajo el Estatuto de Roma para procesar a personas por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión, bajo las condiciones de jurisdicción previstas en ese tratado. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma y sostiene que el tribunal no tiene autoridad sobre estadounidenses ni sobre determinados aliados.

El Nobel a Navi Pillay reconoce su trabajo por el derecho internacional

El Comité Noruego del Nobel anunció el premio a Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional. La jurista sudafricana, de 85 años, fue jueza de la CPI y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, además de alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Pillay presidió una comisión de investigación de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados. El informe de esa comisión concluyó que Israel cometió genocidio en Gaza, una acusación que el Gobierno israelí rechazó. Esa conclusión corresponde a la comisión, no a una sentencia de la CPI.

La coincidencia entre el anuncio del Nobel y las sanciones estadounidenses llamó la atención internacional, pero las fuentes consultadas no establecen que una decisión haya sido respuesta directa a la otra. La política de Washington contra el tribunal venía desarrollándose desde antes, ligada a su rechazo a determinadas investigaciones y órdenes judiciales.

El premio reavivó también las diferencias sobre el papel de la justicia internacional. Los partidarios de la CPI sostienen que el tribunal ofrece una vía para investigar crímenes graves cuando los procesos nacionales no pueden o no quieren hacerlo. Sus críticos cuestionan la legitimidad de que la Corte actúe sobre ciudadanos de países que no se han adherido al Estatuto de Roma.

La medida enfrenta críticas y abre dudas sobre la operación del tribunal

La CPI señaló que continuará sus investigaciones y procesos pese a las sanciones. La Unión Europea y varios gobiernos europeos manifestaron su rechazo a la decisión de Estados Unidos y expresaron apoyo al tribunal. Reuters recogió también críticas de legisladores estadounidenses y organizaciones de derechos humanos.

El efecto dependerá de cómo apliquen la medida las empresas y los bancos vinculados con Estados Unidos. Si proveedores suspenden servicios por temor a sanciones, el tribunal podría afrontar dificultades operativas. La CPI tiene una estructura internacional y recibe cooperación de los Estados parte, de modo que el impacto no se limita a sus oficinas en La Haya.

El conflicto también plantea una cuestión de política exterior: cuánto puede presionar un Estado a una institución judicial internacional cuando discrepa de sus decisiones. La respuesta dependerá de la reacción de los demás países, de las compañías que operan en varios mercados y de la continuidad de la cooperación con la Corte.

México ratificó el Estatuto de Roma en 2005 y forma parte de los Estados que integran la Asamblea de Partes. Eso no convierte automáticamente a México en protagonista de la disputa, pero sí lo vincula al marco internacional que sostiene a la CPI. La continuidad de esa institución importa para los países que respaldan la investigación y el juzgamiento de crímenes graves mediante reglas compartidas.

Pensando en México

México es Estado parte del Estatuto de Roma desde 2005; por eso, la presión sobre la CPI afecta un sistema jurídico internacional del que el país forma parte. No se ha anunciado una consecuencia inmediata para ciudadanos mexicanos. ¿Cómo debería responder México cuando un aliado comercial sanciona a una institución que el país respalda?

Fuentes: Departamento de Estado de Estados Unidos, Corte Penal Internacional, Comité Nobel, Associated Press, Reuters. state.gov