Decreto para plataformas digitales obliga a retirar contenido dañino para menores

El decreto para plataformas digitales da 30 días a las empresas para informar sus medidas.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el miércoles 14 de octubre un decreto que obliga a las plataformas digitales a prevenir que niñas, niños y adolescentes accedan, queden expuestos o reciban recomendaciones de contenidos considerados dañinos. El Gobierno informó que el texto se publicaría en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ese mismo día y entraría en vigor tras su publicación.

La edición matutina del DOF consultada no incluía el decreto. La Consejería Jurídica indicó que las plataformas dispondrían de un mes para implementar las medidas y documentar las acciones adoptadas. El Gobierno describió el instrumento como obligatorio, aunque sin sanciones propias; si considera que las empresas no cumplen, podría proponer una ley que sí las establezca.

El decreto alcanza cuentas y contenidos dirigidos a menores

La medida comprende publicaciones relacionadas con discursos de odio y extremismo violento, abuso o explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito. Según la presentación oficial, las restricciones se refieren al acceso, exposición o recomendación de ese tipo de contenido a menores de edad.

El texto también plantea obligaciones de diseño y operación. Las plataformas tendrían que clasificar contenidos por edad, activar medidas de privacidad de forma predeterminada, ofrecer herramientas de supervisión para madres, padres o tutores y habilitar mecanismos para reportar publicaciones o cuentas violentas.

El decreto exige que las empresas mantengan contacto con autoridades de seguridad y procuración de justicia. La información presentada por el Gobierno incluye un punto de contacto disponible las 24 horas, la preservación y entrega de evidencia cuando corresponda y alertas inmediatas ante contenidos que puedan poner vidas en riesgo.

La protección de menores es el objetivo declarado de la medida, pero su ejecución requerirá criterios concretos. Las plataformas tendrán que identificar la edad de las cuentas, evaluar publicaciones y decidir cuándo un contenido cae dentro de las categorías restringidas. La presentación del decreto no detalla cómo se verificará cada decisión ni qué procedimiento tendrá un usuario si considera que una publicación fue retirada por error.

Las empresas tendrán un mes para documentar el cumplimiento

La consejera jurídica Luisa María Alcalde informó que representantes de empresas como Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei participaron en reuniones con el Gobierno. Según la versión oficial, las compañías solicitaron un plazo de un mes para preparar sus sistemas y reportar las acciones que tomarían.

Ese plazo define la primera etapa de aplicación. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones dará seguimiento a los avances, mientras que las plataformas deberán documentar sus medidas. El decreto, de acuerdo con la explicación gubernamental, no establece por sí solo multas para las compañías que no cumplan.

Sheinbaum dijo que, si la administración concluye que las disposiciones no se están aplicando, podría impulsar una ley con sanciones. Esa posibilidad es una fase posterior y no debe confundirse con una penalización ya vigente. La eventual propuesta tendría que seguir el proceso legislativo antes de convertirse en una norma con multas.

El Gobierno relacionó la medida con un ataque ocurrido en una escuela de Coahuila a principios de octubre. El incidente dejó una persona muerta y tres heridas, según reportó Reuters. Esa referencia explica el contexto político del decreto, aunque no demuestra por sí sola que el contenido en línea haya causado el ataque.

La aplicación dependerá de reglas públicas y revisables

La amplitud de las categorías obligará a precisar cómo se reconocerán los contenidos prohibidos y cómo se preservará el derecho de los menores a informarse y expresarse. La norma incluye material de abuso sexual y amenazas, junto con categorías más abiertas como odio, violencia escolar y conductas ilícitas. La aplicación necesitará distinguir entre una amenaza concreta, una representación de violencia y una discusión sobre esos temas.

También habrá que determinar qué información recibirán las autoridades y bajo qué reglas se conservará. Las medidas de seguridad pueden ayudar a responder ante riesgos reales, pero los reportes a autoridades y la retención de datos requieren protocolos que protejan la privacidad y eviten decisiones automáticas sin revisión.

Pensando en México

El decreto para plataformas digitales afectará la experiencia de menores y familias que usan redes sociales y servicios de contenido en México. Su efecto dependerá de la publicación oficial, el cumplimiento de las empresas y la claridad de los criterios. ¿Qué mecanismos de revisión deberían tener las personas cuando una plataforma retire una publicación por esta norma?

Fuentes: Presidencia de México, N+, Reuters, Diario Oficial de la Federación