La SCJN ordena a Quintana Roo garantizar la participación política de personas con discapacidad

La participación política de personas con discapacidad deberá atenderse antes de la veda electoral de 2030.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de Quintana Roo legislar medidas para garantizar la participación política de personas con discapacidad. La resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 78/2026, tomada el 14 de octubre, reconoce una omisión legislativa y exige una consulta previa a este grupo antes de aprobar las medidas.

La Corte fijó como plazo que la legislación correspondiente esté vigente antes del inicio de la veda legislativa electoral para el proceso local de 2030. También validó el Decreto 257, que modificó reglas de representación proporcional para integrar las listas de candidaturas a diputaciones locales.

La Corte detectó una omisión en las reglas electorales de Quintana Roo

El caso fue promovido por Movimiento Ciudadano contra el Decreto 257, publicado en mayo de 2026. El Pleno examinó distintos argumentos de la acción y concluyó que las normas estatales no establecían medidas suficientes para asegurar la participación política de personas con discapacidad en condiciones de igualdad.

La resolución ordena al Congreso local incorporar medidas afirmativas relacionadas con el acceso a cargos de elección popular. El fallo no fija de antemano qué reglas específicas deberá aprobar el Legislativo; esa elaboración queda pendiente para el proceso legislativo correspondiente.

La Corte separó esa omisión del debate sobre la validez del decreto. El tribunal mantuvo vigentes las modificaciones a la representación proporcional y, a la vez, determinó que el estado debe corregir la falta de medidas para este grupo.

La consulta debe preceder a las medidas de participación política

Antes de aprobar la reforma, el Congreso deberá consultar a las personas con discapacidad. La consulta forma parte de lo ordenado por la Corte y debe permitir que las personas afectadas intervengan en la elaboración de las reglas que inciden en sus derechos políticos.

El plazo judicial ubica la entrada en vigor antes de la veda electoral aplicable al proceso local de 2030. La fecha límite permite al Congreso actuar antes de ese ciclo, aunque la sentencia no entrega un calendario intermedio para cada etapa de consulta, discusión y aprobación.

La participación política de personas con discapacidad puede involucrar condiciones de accesibilidad y reglas de postulación. La Corte dejó el diseño de esas medidas al Congreso, con la consulta previa como requisito antes de que se conviertan en legislación.

Cinco votos bastaron para declarar la omisión legislativa

La votación también resolvió una cuestión de procedimiento: la Corte determinó que cinco votos, una mayoría simple de sus nueve integrantes, bastan para declarar que un Congreso omitió legislar y ordenar que corrija la falta. La decisión quedó en cinco votos contra cuatro, según La Jornada.

El asunto había quedado pendiente desde el 22 de septiembre, a la espera del voto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Su posición inclinó la balanza en la sesión del miércoles 14 de octubre, de acuerdo con el reporte del diario.

La regla de mayoría simple permitió que la Corte emitiera la orden legislativa. El resultado no elimina las diferencias entre ministros sobre el alcance de las acciones afirmativas, pero sí fijó la instrucción dirigida al Congreso quintanarroense.

Pensando en México

La obligación concreta se dirige al Congreso de Quintana Roo. La sentencia no crea por sí sola candidaturas ni establece una cuota inmediata; el efecto dependerá de las reglas que apruebe el Legislativo después de la consulta.

El caso conecta el derecho a ser votado con el diseño de las leyes electorales estatales. ¿Qué medidas facilitarían que las personas con discapacidad puedan competir por cargos de elección popular en tu municipio?

Fuentes: Suprema Corte de Justicia de la Nación, La Jornada, Infobae internet2.scjn.gob.mx