La marcha universitaria en Argentina exige a Milei cumplir la ley de financiamiento

La marcha universitaria en Argentina dejó 31 detenidos y ocho policías heridos.

Estudiantes, docentes, trabajadores y autoridades académicas se movilizaron el jueves en Buenos Aires y otras ciudades para exigir que el Gobierno de Javier Milei aplique la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria fue la quinta Marcha Federal Universitaria y reunió a organizaciones estudiantiles, sindicatos y representantes de universidades públicas.

Los organizadores estimaron que cerca de un millón de personas participaron en todo el país. Esa cifra corresponde a su cálculo y no a un conteo independiente confirmado.

La quinta marcha federal reunió a universidades y sindicatos

La protesta reclamó que el Gobierno entregue los fondos previstos por una ley aprobada en 2025 y ratificada por el Congreso después del veto presidencial. La norma plantea actualizar recursos universitarios y salarios conforme a la inflación, mientras las organizaciones convocantes denuncian que las partidas y los sueldos han perdido poder adquisitivo.

La movilización en Buenos Aires avanzó hacia el Congreso y tuvo réplicas en otras ciudades. A la convocatoria se sumaron docentes, estudiantes, trabajadores, científicos y otros sectores que plantean demandas relacionadas con becas, investigación y funcionamiento de las instituciones públicas.

La controversia no se limita a una discusión presupuestaria. Para las universidades, el problema central es el incumplimiento de una norma que consideran vigente; el Ejecutivo sostiene que la aplicación requiere resolver de dónde saldrán los recursos y cómo se incorporarán al presupuesto.

La marcha ocurrió mientras continúa un litigio entre el Gobierno y las universidades. Un juez federal había declarado inconstitucional la parte de un decreto que frenó la ejecución de la ley y había ordenado avanzar con medidas vinculadas a salarios y becas.

La Cámara suspendió las multas, pero el conflicto judicial continúa

El miércoles, el juez Martín Cormick había dispuesto multas diarias de 100 mil pesos argentinos al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por no aplicar una medida cautelar relacionada con la ley. El jueves, la Cámara Nacional de Apelaciones suspendió provisionalmente esas sanciones mientras se resuelve el fondo del caso.

La decisión de la Cámara no resolvió si el Gobierno cumplió la orden judicial. Los jueces señalaron que la medida procesal no anticipa una conclusión sobre ese punto, así que el desacuerdo sobre la aplicación de la ley sigue abierto.

El recurso fue presentado por el Ministerio de Capital Humano. Según informó La Nación, la Cámara determinó que el expediente debe tramitarse ante el juzgado de primera instancia y dejó suspendidas las multas mientras continúa el proceso.

La diferencia entre la obligación de aplicar la ley y la sanción por incumplir una orden es clave para entender el estado del caso. La suspensión de las multas no equivale a anular la ley ni a resolver el reclamo presupuestario de las universidades.

Los incidentes dejaron 31 detenidos y ocho policías heridos

La jornada de protesta se desarrolló de forma pacífica hasta que, según la cobertura de EL PAÍS, algunas personas encapuchadas comenzaron a arrojar piedras contra las fuerzas de seguridad cerca del Congreso. La policía respondió con gases lacrimógenos y camiones hidrantes; la identidad de quienes iniciaron los disturbios no quedó verificada.

El balance oficial fue de 31 personas detenidas y ocho policías heridos. Los organizadores y representantes universitarios criticaron el operativo policial y sostuvieron que la respuesta interrumpió el acto de cierre, en el que se leyó una declaración conjunta.

La protesta expresa un conflicto político entre el Ejecutivo, las universidades y el Congreso sobre la asignación de recursos públicos. El resultado inmediato es una presión social sostenida, junto con un proceso judicial que puede seguir avanzando pese a la suspensión de las multas.

Pensando en México

No se identifica un efecto presupuestario directo para las universidades mexicanas. El caso sí ofrece un punto de comparación sobre el cumplimiento de leyes de financiamiento público y el papel de los tribunales cuando el Ejecutivo y las instituciones discrepan sobre su aplicación.

¿Qué margen debería tener un Gobierno para postergar una ley presupuestaria aprobada por el Congreso?

Fuentes: EFE, EL PAÍS Argentina, La Nación, Universidad de Buenos Aires. EL PAÍS Argentina