Crisis humanitaria en Chiapas a causa de la actividad de grupos criminales

Habitantes de al menos 15 poblados y municipios están viviendo una crisis humanitaria en Chiapas, provocando cientos de desplazados y una ola insostenible de violencia debido a la actividad de diversos grupos criminales que operan en la región, según denunció el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur.

En un comunicado, este colectivo alertó que los residentes de estos municipios se encuentran desprotegidos y abandonados por las autoridades estatales y federales, siendo forzados a participar en bloqueos y utilizados como barricadas humanas para frenar la entrada de grupos rivales o fuerzas federales.

Los municipios más afectados incluyen Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Monte Cristo de Guerrero, Ángel Albino Corzo, La Grandeza, Niquivil, Pablo L. Sidar y Las Chicharras. Estas comunidades, según el informe de la ONG, están incomunicadas debido a los bloqueos carreteros impuestos por los grupos del crimen organizado.

En Chiapas operan células del Cártel de Sinaloa (CDS), Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras organizaciones locales.

Entre estas se cuentan, El Maíz y el Cártel de Chiapas y Guatemala (CCG). La ONG detalló numerosos actos violentos en los que los habitantes han sido víctimas, destacando las recientes denuncias del 24 de julio sobre 500 mexicanos desplazados a Guatemala, lo cual no es un fenómeno nuevo.

“El gobierno federal envió al Ejército y a la Guardia Nacional en mayo, agosto y septiembre del año pasado para disuadir a los grupos criminales, pero al retirarse, la violencia escaló nuevamente,”

Así afirma el comunicado del colectivo, compuesto por 22 organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, las ONG’s critican la falta de investigación e inteligencia para desarticular estos grupos.

El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur también reprochó las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador del 26 de julio, quien minimizó la violencia diciendo que no es un tema de ingobernabilidad. Durante su conferencia matutina, el presidente negó un fracaso en su estrategia de seguridad y pidió a la población no colaborar con los grupos criminales.

ONG’s afirman que el presidente desconoce la amenaza de los grupos violentos y el uso de las armas.

Las ONG’s afirman que el presidente desconoce la imposibilidad que enfrentan las personas ante la amenaza de los grupos violentos y el uso de las armas, violando principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y aumentando el riesgo de que la población sea vista como aliada de grupos contrarios.

La violencia en Chiapas ha alcanzado niveles sin precedentes.

Los jóvenes son tentados por organizaciones criminales, provocando que familias enteras abandonen sus hogares. Ante esta situación, el presidente López Obrador pidió a los adultos mayores aconsejar a los jóvenes para evitar su reclutamiento por el crimen organizado, tal como advirtió la canciller Alicia Bárcena Ibarra.

Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), explicó que muchos mexicanos han cruzado la frontera hacia Guatemala para escapar de la crisis humanitaria en Chiapas, mencionando que el desplazamiento más reciente comenzó el 23 de julio con cerca de 400 personas huyendo de Amatenango, Chiapas.

Muchos mexicanos han cruzado la frontera hacia Guatemala para escapar de la violencia.

AMLO ha declarado que su gobierno está interviniendo en la zona, subrayando la necesidad de transformar la situación y buscar la paz, insistiendo en la importancia de mantener a las familias unidas como la principal institución de seguridad social.

Nuestro análisis:

La crisis humanitaria en Chiapas refleja la falta de efectividad de las políticas de seguridad del gobierno federal. La utilización de la población como barricadas humanas y el desplazamiento masivo a Guatemala son síntomas de un problema grave y estructural. Es crucial que se implementen estrategias más contundentes y sostenibles que garanticen la seguridad y bienestar de los ciudadanos mexicanos.