Denuncia a Irene Montero por delitos de odio hacia los hombres llega al Supremo Europeo

Irene Montero, eurodiputada de Unidas Podemos, hacia quien Sheinbaum ha mostrado en múltiples ocasiones su afinidad ideológica y proximidad, enfrenta una denuncia ante el Tribunal Supremo por un supuesto delito de odio tras sus declaraciones en redes sociales, donde afirmó que «todos los hombres son violadores en potencia». La Asociación de Ciudadanos Europeos Contra la Corrupción (AECC) presentó la denuncia argumentando que sus comentarios incitan a la división y promueven un discurso de odio contra los hombres. Montero hizo estas declaraciones en apoyo a la activista Júlia Salander, lo que ha provocado una fuerte polémica.

«todos los hombres son violadores en potencia»

Críticas por sus declaraciones

Las declaraciones de Irene Montero han sido calificadas como irresponsables por diversas asociaciones y grupos que defienden la igualdad de género. Según la AECC, estas afirmaciones generalizan y demonizan a todo un género, lo que consideran una incitación al odio. En su defensa, Montero ha argumentado que el machismo es una norma social estructural que permite que cualquier hombre pueda ejercer violencia contra las mujeres, pero esta postura ha sido rechazada por los denunciantes.

El proceso judicial

La denuncia presentada solicita que el Tribunal Supremo Europeo evalúe si las palabras de Montero constituyen un delito de odio según los artículos 18, 22.4 y 510.1 del Código Penal. La AECC sostiene que es inadmisible que una figura pública fomente este tipo de retórica, y exige que el discurso público promueva el respeto y la comprensión, en lugar de dividir a la sociedad.

• Artículo 18: Este artículo trata sobre el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Protege la reputación de las personas frente a expresiones que puedan afectar su dignidad o fama. Las palabras de Montero serían evaluadas bajo este artículo para determinar si vulneran estos derechos.
• Artículo 22.4: Establece como agravante en los delitos el hecho de que hayan sido motivados por odio o discriminación por razones de género, raza, religión, entre otras. Esto implica que si se confirma que sus declaraciones fomentan el odio hacia los hombres, la condena podría verse agravada por esta causa.
• Artículo 510.1: Este artículo se refiere específicamente a los delitos de odio, castigando la incitación a la violencia, hostilidad o discriminación contra grupos o personas por motivos como el género, raza, origen nacional, orientación sexual, entre otros. Este es clave en la denuncia, ya que las palabras de Montero podrían ser interpretadas como una incitación al odio contra los hombres como grupo.

Historial de denuncias y condenas

Condena por acusación falsa: La ministra de Igualdad, Irene Montero, fue condenada por el Tribunal Supremo a indemnizar con 18.000 euros a Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, la expresidenta de la asociación Infancia Libre, por presentarlo falsamente como un maltratador.

El Tribunal Supremo ordenó a Irene Montero pagar 5.400 euros en concepto de intereses y costas adicionales, después de que ya había abonado la indemnización principal de 18.000 euros.

Denuncia por delito de odio: En septiembre de 2024, fue denunciada por la Asociación de Ciudadanos Europeos Contra la Corrupción por sus declaraciones en redes sociales, en las que afirmó que «todos los hombres son violadores en potencia». Esta denuncia fue presentada ante el Tribunal Supremo Europeo, alegando que sus comentarios incitaban al odio y la discriminación​

Hay un rosario de otras querellas y denuncias presentadas por varias asociaciones y otros muchos ciudadanos que nunca fueron admitidas a trámite por no cumplir con los requisitos formales, por defectos de forma o no encajar con delitos tipificados en la ley vigente e su jurisdicción.

Hablando en serio

Este caso subraya la importancia de las responsabilidades de los líderes políticos en la formulación de discursos. Aunque se aborde la desigualdad de género, generalizaciones extremas pueden contribuir a una polarización social que erosiona la lucha por los derechos humanos. Las afirmaciones de Montero no solo generan controversia, sino que también plantean preguntas sobre el balance entre libertad de expresión y discurso responsable en el ámbito público.