Sheinbaum firma la reforma sobre doble nacionalidad para cargos ejecutivos

La reforma sobre doble nacionalidad comenzará a aplicarse desde las elecciones de 2028.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto de la reforma sobre doble nacionalidad que establece un requisito de nacionalidad única para aspirantes a la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México. La medida comenzará a aplicarse en el proceso electoral correspondiente a 2028.

La renuncia deberá ocurrir antes del registro de candidatura

La reforma sobre doble nacionalidad obliga a las personas con otra nacionalidad a renunciar a ella antes de registrar una candidatura para alguno de esos cargos. Durante la conferencia presidencial, la consejera jurídica Luisa María Alcalde explicó que el trámite deberá realizarse ante el Instituto Nacional Electoral antes del registro.

El decreto no establece una prohibición general para que las personas mexicanas mantengan otra nacionalidad en su vida cotidiana. La restricción se aplica a quienes busquen los cargos señalados. La presidenta defendió la medida como una protección frente a posibles conflictos de lealtad o influencia externa en el ejercicio de funciones ejecutivas.

El texto ya había pasado por el Congreso y recibió la aprobación de legislaturas estatales necesaria para una reforma constitucional, según reportes de EFE. La firma presidencial marca un nuevo paso en su entrada formal, aunque su aplicación dependerá de la publicación y de las reglas que definan el procedimiento para renunciar a otra nacionalidad y verificar ese requisito.

Las elecciones de 2027 quedan fuera de la nueva regla

La reforma sobre doble nacionalidad comenzará a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028. Eso significa que las elecciones intermedias previstas para 2027 no quedan sujetas a este nuevo requisito. La fecha importa porque separa la implementación de la norma de la próxima renovación de cargos legislativos.

El alcance de la regla incluye la Presidencia, las gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México. El requisito no se extiende, según los reportes consultados, a las candidaturas para diputaciones o senadurías. Esa delimitación es relevante para entender qué cargos podrían verse afectados y cuándo.

La firma llega después de una discusión legislativa que generó objeciones sobre el trato a personas mexicanas que emigraron y adquirieron otra ciudadanía. Críticos de la iniciativa sostienen que la medida puede limitar derechos políticos y que las normas actuales ya contienen requisitos de nacionalidad para ciertos cargos. El Gobierno plantea que la reforma busca garantizar que quienes encabecen ejecutivos locales o federales tengan solo nacionalidad mexicana.

El procedimiento y las objeciones definirán el alcance práctico

La nueva regla dependerá de cómo se acreditará la renuncia antes del registro. La consejera jurídica dijo que se prepararán disposiciones para precisar el procedimiento; los reportes disponibles no describen todos los documentos aceptables ni cómo se resolverán casos en los que renunciar a otra nacionalidad requiera un trámite ante un gobierno extranjero.

La reforma sobre doble nacionalidad también abre una discusión sobre la relación entre nacionalidad, derechos políticos y responsabilidades del poder ejecutivo. Para sus defensores, el requisito refuerza la soberanía en cargos de alta responsabilidad. Para sus detractores, puede excluir a personas con vínculos binacionales sin demostrar que esa condición, por sí misma, implique un conflicto de interés.

El efecto dependerá de las reglas secundarias y de su interpretación por las autoridades electorales. Una aplicación clara exigirá criterios públicos, plazos suficientes y una vía para impugnar decisiones que afecten el registro de candidaturas. La primera prueba política llegará con el proceso electoral de 2028.

Pensando en México

La reforma sobre doble nacionalidad modifica los requisitos constitucionales para competir por tres tipos de cargos ejecutivos y establece un calendario que inicia en 2028. La discusión ahora se trasladará a su aplicación electoral y al equilibrio entre requisitos de elegibilidad y derechos políticos. ¿Qué criterios deberían utilizar las autoridades para comprobar la renuncia a otra nacionalidad?

Fuentes: Reuters, EFE, La Jornada Reuters