TEPJF avala elección de ministros pese a denuncias de acordeones en SCJN

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez de la reciente elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de las denuncias de acordeones en SCJN que marcaron el proceso. La decisión ha desatado polémica, pues diversos actores políticos y académicos advertían que las irregularidades restaban legitimidad al nombramiento.

Según los informes, durante la votación se habrían detectado papeletas y notas guía —los llamados “acordeones”— que orientaban a legisladores sobre a quién elegir. Aunque la oposición exigió anular el procedimiento, el TEPJF resolvió que no existían pruebas suficientes para acreditar que estas prácticas alteraran el resultado final.

Denuncias de acordeones en SCJN bajo la lupa

Las acusaciones apuntaban a que el oficialismo habría operado con listas preestablecidas para asegurar la llegada de perfiles cercanos a la actual administración. Sin embargo, el tribunal consideró que esas denuncias no demostraban una vulneración efectiva de los principios democráticos. El fallo, lejos de cerrar el tema, abrió un nuevo frente de críticas sobre la independencia del Poder Judicial.

Con este aval, los nuevos ministros de la SCJN podrán asumir funciones sin impedimentos. No obstante, la controversia por las denuncias de acordeones en SCJN sigue creciendo en redes sociales y espacios académicos, donde se cuestiona si el máximo tribunal conserva la autonomía que la Constitución le confiere.

Lo que está en juego

La validación llega en un momento de tensión institucional. La Suprema Corte atraviesa un reacomodo que definirá su relación con el Ejecutivo y el Legislativo en temas clave como la reforma electoral y los límites a las facultades presidenciales. En ese contexto, cualquier sospecha de manipulación en la elección de ministros prende alarmas sobre la solidez del sistema de contrapesos.

Hablando en serio

El episodio de las denuncias de acordeones en SCJN no es un simple chisme parlamentario: refleja el riesgo de que la justicia mexicana sea percibida como un apéndice del poder político. Para la ciudadanía, este tipo de prácticas erosiona la confianza en instituciones que deberían garantizar imparcialidad. Si en el máximo tribunal no se logra blindar la transparencia, ¿qué puede esperar la gente de tribunales locales o jueces que enfrentan presiones cotidianas?