El Departamento del Tesoro congela bienes de 22 objetivos ligados al Cártel de Sinaloa

El Gobierno de Estados Unidos anunció la congelación de bienes y propiedades en su territorio de 22 personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa, en una acción de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). Entre los señalados destaca la diputada de Morena, Hilda Brown, exalcaldesa de Rosarito, Baja California.

La lista incluye a Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, por quien Washington ofreció cinco millones de dólares de recompensa, además de seis individuos y 15 empresas asentadas en la zona de Rosarito. La medida coincide con la visita a México de John K. Hurley, subsecretario de Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo, quien abordó en la capital temas de cooperación antidrogas.

Rosarito, un enclave bajo control criminal

El documento de la OFAC describe el control de los hermanos Alfonso y René Arzate, alias “Aquiles” y “La Rana”, sobre amplios sectores de Baja California. Rosarito es señalado como un corredor estratégico para el contrabando hacia Estados Unidos.

La investigación apunta a que, durante la gestión municipal de Brown (2021-2024), operadores políticos y empresariales como Candelario Arcega y Jesús González facilitaron la influencia de los Arzate en la administración local. Según la OFAC, desde esa estructura se recaudaron pagos de extorsión y se ofreció protección a actividades delictivas mediante el Departamento de Seguridad Pública de Rosarito.

Empresas señaladas como fachada financiera

El Departamento del Tesoro también identificó al menos 15 compañías utilizadas presuntamente para el lavado de dinero, entre ellas restaurantes, complejos turísticos, bares y negocios de alimentos en Rosarito y Mexicali. Estas entidades habrían sido utilizadas por González y los hermanos Herrera para movilizar millones de dólares en ganancias ilícitas, tanto para Los Mayos como para figuras como “El Ruso”.

Respuesta mexicana

La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que aplicará el bloqueo administrativo a las personas y empresas señaladas, subrayando que la medida es preventiva y no implica una determinación judicial. La dependencia precisó que, de encontrarse elementos probatorios, se dará vista a la Fiscalía General de la República.

Hablando en serio

El congelamiento de bienes por parte de Washington no solo exhibe la penetración del Cártel de Sinaloa en la frontera norte, también evidencia los nexos entre estructuras criminales y figuras políticas locales. La inclusión de una diputada oficialista marca un punto de tensión en la relación bilateral, pues obliga a México a dar respuestas claras sobre la infiltración del crimen en las instituciones. La pregunta es inevitable: ¿qué tanto se ha normalizado que el poder político y el narcotráfico compartan las mismas oficinas?

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