Sheinbaum evita condenar el retroceso de la democracia en Nicaragua

Sheinbaum evita condenar el plan de Ortega para eliminar las elecciones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó condenar de forma directa el retroceso de la democracia en Nicaragua tras el anuncio de Daniel Ortega sobre una posible eliminación de las elecciones. La mandataria apeló a la autodeterminación de los pueblos y afirmó que México “siempre” está de acuerdo con la democracia, aunque no cuestionó abiertamente la propuesta del Gobierno nicaragüense.

“Primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decida el pueblo de Nicaragua, y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia, en todos sus términos”, respondió Sheinbaum durante su conferencia matutina de este lunes. Ante nuevas preguntas, agregó: “Cada país decide, cada pueblo decide”.

La respuesta ha reabierto el debate sobre la posición de México frente al retroceso de la democracia en Nicaragua y sobre el papel que Sheinbaum pretende desempeñar en América Latina. El Gobierno mexicano mantiene una política exterior basada en la no intervención, aunque esa postura ha generado críticas cuando se aplica ante denuncias de represión, persecución política y eliminación de libertades.

Ortega plantea eliminar las elecciones en Nicaragua

Daniel Ortega declaró el pasado 19 de julio que en Nicaragua no volverá a haber elecciones. “Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones”, afirmó durante los actos conmemorativos del triunfo de la Revolución Sandinista sobre la dictadura de Anastasio Somoza.

La propuesta todavía debe ser debatida y votada por el Parlamento nicaragüense, aunque el órgano legislativo se encuentra bajo control del oficialismo. Ortega gobierna el país desde hace dos décadas y comparte formalmente el poder con su esposa, Rosario Murillo, quien ocupa la copresidencia.

El anuncio se produce en un contexto marcado por acusaciones de fraude electoral, persecución contra opositores, encarcelamiento de dirigentes políticos y exilio de miles de nicaragüenses. Organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros han denunciado una concentración progresiva del poder en manos del matrimonio presidencial.

La posible supresión de las urnas supondría un nuevo golpe para la democracia en Nicaragua, ya debilitada por la falta de competencia política, el control institucional y las restricciones contra medios de comunicación y organizaciones civiles. La decisión definitiva dependerá de una Asamblea Nacional dominada por el partido de Ortega.

México mantiene una posición cautelosa

Sheinbaum no fue la única integrante de su movimiento que ha evitado una condena frontal contra Ortega. Su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, también mantuvo durante buena parte de su mandato una posición prudente frente al Gobierno nicaragüense, pese al aumento de las denuncias internacionales.

En 2021, cuando las autoridades de Nicaragua encarcelaron a varios candidatos opositores antes de las elecciones presidenciales, López Obrador declaró que debían garantizarse las libertades y que no debía existir represión. Cuatro días antes, México y Argentina habían llamado a consultas a sus embajadores en Managua para pedir explicaciones por las acciones políticas y legales contra figuras de la oposición.

A pesar de esa postura inicial, el Gobierno mexicano evitó convertir la crisis nicaragüense en una confrontación diplomática abierta. La política de no intervención continuó ocupando un lugar central, incluso mientras crecían las denuncias sobre el deterioro de la democracia en Nicaragua.

La diferencia entre los casos nicaragüense y peruano también ha quedado expuesta. México ha defendido públicamente al expresidente peruano Pedro Castillo, preso desde 2022 tras intentar disolver el Congreso y reorganizar las instituciones del Estado. Sheinbaum ha sostenido que Castillo fue víctima de un golpe de Estado, una interpretación que contrasta con su cautela frente a Ortega.

Una relación marcada por la historia

México tiene una relación histórica con Nicaragua y durante el Gobierno de José López Portillo desempeñó un papel relevante en el proceso que favoreció la caída de la dictadura de Somoza a finales de los años setenta. Esa tradición ha contribuido a que el país conserve un peso político especial en Centroamérica.

Los gobiernos mexicanos también han actuado como interlocutores en conflictos regionales. México ha participado en procesos de diálogo sobre Venezuela y ha servido como puente en distintos momentos de la relación entre Cuba y Estados Unidos.

En 2019, López Obrador se ofreció a mediar en las crisis políticas de Venezuela y Nicaragua, una propuesta que no llegó a traducirse en una salida concreta para los opositores nicaragüenses. Desde entonces, parte del exilio depositó sus expectativas en la capacidad de México para presionar al régimen de Ortega y Murillo.

El desafío para Sheinbaum consiste en sostener una política exterior basada en la soberanía nacional sin transmitir que México está dispuesto a tolerar la destrucción de las instituciones democráticas. La democracia en Nicaragua no solo está condicionada por la continuidad de Ortega, también por la ausencia de garantías para que la oposición pueda competir y la ciudadanía pueda elegir libremente.

El costo regional de guardar silencio

La postura mexicana puede tener consecuencias diplomáticas y políticas en América Latina. Si el Gobierno de Sheinbaum evita cuestionar la eliminación de las elecciones, otros gobiernos podrían interpretar que la defensa de la democracia depende de afinidades ideológicas y no de principios aplicables a todos los países.

La situación también afecta a los nicaragüenses que han abandonado su país. La represión, el cierre de espacios políticos y la falta de garantías institucionales han obligado a miles de personas a buscar refugio en el extranjero, incluido México.

Para el Gobierno mexicano, el caso representa una prueba de liderazgo internacional. Sheinbaum ha incrementado su presencia en el escenario regional y ha asumido posiciones más visibles frente a otros gobiernos, mientras Donald Trump marca la agenda política desde Estados Unidos.

La democracia en Nicaragua enfrenta una amenaza que ya no se limita a la persecución de opositores o al control de las instituciones. La posibilidad de eliminar las elecciones plantea la transformación del régimen en un sistema sin competencia política, ante el silencio cauteloso de uno de los países con mayor influencia histórica en la región.

Pensando en México

La democracia en Nicaragua pone a prueba la política exterior mexicana y sus límites frente a los abusos de poder.
La defensa de la soberanía no debería impedir que México exija libertades políticas y respeto a los derechos humanos.
Una posición ambigua puede debilitar la autoridad mexicana como mediador regional.
También puede generar dudas entre los exiliados nicaragüenses que esperan respaldo diplomático.
¿Debe México condenar la eliminación de elecciones aunque invoque la no intervención?