Sheinbaum propone Ley de economía digital para abandonar el uso de efectivo en México

Ley de economía digital reduciría el efectivo pese a su uso mayoritario en el pequeño comercio del país

El Gobierno de Claudia Sheinbaum prepara una ley de economía digital que tendrá entre sus objetivos reducir el uso de efectivo en México mediante plazos específicos. El anuncio, realizado este martes 8 de septiembre, convierte en proyecto legislativo una estrategia que el Ejecutivo lleva meses desarrollando junto con el Banco de México, Hacienda y la banca comercial.

La iniciativa merece una discusión que vaya más allá de las ventajas técnicas de pagar con un teléfono. Digitalizar pagos puede reducir costos, agilizar operaciones y dificultar determinadas actividades ilícitas, pero una política orientada a desplazar progresivamente el dinero físico también plantea interrogantes sobre privacidad, libertad económica, exclusión financiera y capacidad del Estado para observar las transacciones de los ciudadanos.

Hay, además, una distinción esencial. Reducir el efectivo no equivale a crear una moneda digital de banco central, y hasta ahora Sheinbaum no ha anunciado que la nueva ley vaya a sustituir los pesos físicos por una moneda digital. Banco de México investiga desde hace años una posible Moneda Digital de Banco Central, MDBC, pero su documentación pública más reciente describe trabajos tecnológicos y evaluaciones de viabilidad, no una decisión definitiva de emisión.

Confundir ambos procesos conduciría a una conclusión que las evidencias disponibles todavía no permiten sostener. Lo que sí puede preguntarse es hasta dónde pretende llegar el Gobierno con la reducción del efectivo y qué garantías incorporará antes de convertir una tendencia tecnológica en una política pública de alcance nacional.

Sheinbaum ya ha planteado llegar a cero efectivo

La declaración de este martes no surge de la nada. En marzo, Sheinbaum anunció acuerdos con la banca para acelerar los pagos digitales y avanzar inicialmente en gasolineras y casetas. La estrategia incluía promover sistemas como CoDi y DiMo, reducir costos de transacción y aumentar el uso de medios electrónicos.

En abril, durante una conferencia presidencial, el planteamiento se hizo mucho más explícito. Al explicar las medidas para incrementar los pagos electrónicos en gasolineras, representantes del Gobierno y de la Asociación de Bancos de México hablaron de eliminar el efectivo primero en combustibles y carreteras y extender posteriormente la digitalización al resto de la economía.

Cuando una periodista preguntó qué ocurriría en comunidades rurales con conectividad limitada, Sheinbaum respondió que todas deberían disponer de conexión y afirmó que el objetivo era llegar a “cero efectivo”.

Ese antecedente cambia el alcance político de la ley de economía digital anunciada ahora.

Ya no se trata únicamente de ofrecer otra opción para pagar. Existe una política gubernamental declarada para reducir drásticamente el dinero físico, aunque todavía desconocemos hasta dónde llegará jurídicamente la iniciativa que será presentada al Congreso.

También existe una aparente tensión dentro del propio discurso presidencial. En septiembre de 2025, Sheinbaum defendía avanzar hacia los pagos electrónicos, pero advertía que debía mantenerse el efectivo para las personas sin acceso a internet o sistemas digitales, precisamente para evitar exclusión social.

La ley tendrá que aclarar cuál de esas dos ideas prevalecerá.

México sigue siendo un país que paga mayoritariamente en efectivo

El principal problema para una transición acelerada aparece en los propios datos mexicanos.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 del INEGI y la CNBV muestra que el efectivo seguía siendo el medio de pago frecuente para el 67.4% de las compras superiores a 500 pesos. La situación cambia considerablemente según la región.

En Ciudad de México, el porcentaje era de 55.2%. En la región sur alcanzaba 82%. En Centro Sur y Oriente llegaba a 78.2%, mientras en Occidente y Bajío era de 75.6%.

Esto convierte la viabilidad territorial en una cuestión central.

Una política diseñada a partir de la experiencia de Ciudad de México, de la banca digital o de países con sistemas financieros diferentes puede producir resultados muy distintos cuando se aplica en Chiapas, Oaxaca o Guerrero.

El acceso a internet ha crecido con rapidez. La ENDUTIH 2025 sitúa en 86.1% la proporción de personas de seis años o más que usan internet. Pero tener acceso a internet no significa necesariamente disponer permanentemente de conexión, teléfono compatible, cuenta bancaria, saldo de datos o conocimientos suficientes para depender de un sistema electrónico para cada operación cotidiana.

El problema resulta especialmente visible en el sur del país. Si ocho de cada diez compras superiores a 500 pesos todavía se realizan habitualmente en efectivo, la pregunta previa a fijar plazos para reducirlo debería ser por qué ocurre.

Digitalizar los pagos no exige necesariamente eliminar el dinero físico

Existe otra cuestión que debería formar parte del debate legislativo: promover pagos electrónicos y restringir el efectivo son decisiones diferentes.

Un ciudadano puede adoptar voluntariamente transferencias, CoDi, DiMo, tarjetas o códigos QR porque le resulten más cómodos sin perder por ello la posibilidad de pagar con billetes.

Brasil constituye precisamente una referencia interesante. El Gobierno mexicano ha estudiado el funcionamiento de Pix y durante este año ha mantenido contactos con autoridades brasileñas para conocer su experiencia.

La comparación resulta pertinente porque el éxito de una herramienta digital puede medirse por la cantidad de personas que decide adoptarla, no necesariamente por la cantidad de operaciones en efectivo que el Gobierno consigue impedir.

El objetivo público podría consistir en conseguir que pagar digitalmente sea tan barato, accesible y sencillo que millones de mexicanos abandonen voluntariamente parte del efectivo.

Una ley de economía digital orientada en cambio a establecer sectores, servicios o fechas en los que el efectivo deje de ser aceptado plantea un problema político diferente. En ese escenario, el Estado ya no estaría promoviendo una tecnología sino restringiendo una alternativa de pago.

Todavía necesitamos conocer el articulado para saber en cuál de esos modelos se sitúa la propuesta de Sheinbaum.

El riesgo de convertir cada pago en información

Existe también una diferencia estructural entre un billete y una transferencia electrónica.

El efectivo permite realizar una operación sin que necesariamente quede almacenado en una infraestructura financiera un registro individualizado de quién pagó, a quién, cuándo y cuánto. Los sistemas digitales funcionan mediante registros electrónicos.

Eso aporta ventajas evidentes para combatir fraude, lavado de dinero, evasión fiscal y otras actividades ilícitas. También incrementa la cantidad de información susceptible de ser almacenada, cruzada o requerida por autoridades y entidades financieras.

Aquí aparece un debate legítimo sobre privacidad.

La digitalización no implica automáticamente que el Gobierno pueda observar libremente todos los pagos de una persona. Existen leyes de protección de datos, secreto financiero, requisitos judiciales y diferentes arquitecturas tecnológicas que pueden limitar el acceso.

Pero cuanto mayor sea la dependencia de pagos electrónicos, mayor será también la importancia de determinar qué información se genera, quién puede conservarla, durante cuánto tiempo, en qué circunstancias puede consultarla el Estado y qué mecanismos existen para impedir abusos.

La cuestión adquiriría todavía mayor dimensión si México terminara implantando una MDBC minorista.

Banco de México ha investigado arquitecturas para una moneda digital y durante 2025 continuaba evaluando tecnologías como tokenización y plataformas programables, junto con soluciones para pagos minoristas. Su propio informe describe estos trabajos como evaluaciones de viabilidad.

Eso significa que la posibilidad tecnológica existe y está siendo estudiada. No significa que el Gobierno haya decidido implantarla ni, mucho menos, que la ley de economía digital anunciada este martes vaya a hacerlo.

Mantener esa diferencia es indispensable para evaluar la iniciativa con rigor.

¿Una política mexicana o una tendencia internacional?

También merece examen la procedencia intelectual de estas políticas.

La digitalización de los sistemas de pago forma parte desde hace años de la agenda de organismos financieros internacionales. El G20 lanzó en 2020 una hoja de ruta para conseguir pagos transfronterizos más rápidos, baratos, transparentes e inclusivos. El Banco de Pagos Internacionales participa activamente en esa estrategia y trabaja con bancos centrales en interoperabilidad, sistemas de pago instantáneo y estándares comunes.

El FMI también estudia y promueve marcos de análisis para monedas digitales de bancos centrales, tokenización y nuevas infraestructuras financieras. El propio organismo reconoce simultáneamente riesgos asociados a estos sistemas, entre ellos desintermediación bancaria, movimientos transfronterizos de capital y problemas relacionados con nuevas formas de dinero digital.

Esto demuestra que la política mexicana se desarrolla dentro de una transformación internacional mucho más amplia.

Lo que no demuestra es que algún organismo extranjero haya ordenado a México reducir o eliminar el efectivo.

No he encontrado evidencia documental que permita sostener esa acusación. La hoja de ruta del G20 consultada se concentra principalmente en mejorar pagos transfronterizos y su interoperabilidad, no en ordenar la abolición del dinero físico dentro de México.

Ese matiz no elimina una pregunta política válida.

Cuando organismos internacionales, bancos centrales y gobiernos convergen hacia modelos financieros similares, cada país debería demostrar que su adopción responde a sus propias condiciones económicas y sociales, y no simplemente a que constituye la tendencia dominante en el sistema financiero mundial.

Antes de fijar fechas, México necesita demostrar la viabilidad

El anuncio de Sheinbaum habla de reducir el efectivo con “tiempos específicos”. Ese elemento debería obligar al Congreso a exigir un diagnóstico particularmente detallado antes de aprobar la iniciativa.

México tiene argumentos para digitalizar su economía. El efectivo dificulta la trazabilidad de actividades criminales y fiscales, transportar dinero tiene costos, los pagos electrónicos pueden ser más rápidos y millones de mexicanos ya realizan transferencias desde sus teléfonos.

Pero México también presenta condiciones que hacen arriesgado copiar modelos externos sin adaptación.

La elevada informalidad económica, las diferencias regionales de conectividad, la desigual bancarización y la dependencia del efectivo en amplias zonas del país deberían formar parte del análisis previo.

Una transición responsable requeriría también respuestas claras sobre contingencias. ¿Cómo compra una persona si falla la red móvil? ¿Qué ocurre durante un apagón? ¿Qué alternativa tiene quien pierde el teléfono o sufre el bloqueo de una cuenta? ¿Puede una persona decidir permanecer fuera del sistema bancario y seguir participando plenamente en la economía?

Son cuestiones prácticas, no resistencia tecnológica.

Pensando en México

La discusión sobre la ley de economía digital no debería reducirse a enfrentar modernidad contra atraso. México puede impulsar pagos digitales sin asumir que el efectivo debe desaparecer necesariamente como consecuencia.

El punto crítico está en preservar la capacidad de elección.

Un sistema en el que cualquier mexicano pueda pagar instantáneamente desde su teléfono, sin comisiones abusivas y con protección frente al fraude sería un avance considerable. Un sistema en el que determinadas actividades cotidianas solo puedan realizarse mediante mecanismos electrónicos plantea cuestiones diferentes sobre privacidad, dependencia tecnológica y poder institucional.

La diferencia entre ambos modelos debería discutirse antes de establecer calendarios obligatorios.

También corresponde exigir al Gobierno que publique el diagnóstico mexicano que sustenta la medida. La experiencia de Brasil, las recomendaciones del G20 o las investigaciones internacionales sobre dinero digital pueden servir como referencias, pero ninguna sustituye un análisis específico sobre un país donde el efectivo todavía representa el medio habitual de pago para una gran parte de la población y alcanza 82% en compras superiores a 500 pesos en la región sur.

La modernización financiera no debería convertir la trazabilidad absoluta del ciudadano en el precio inevitable de participar en la economía. Tampoco debería convertir a quienes dependen del efectivo en usuarios de segunda categoría.

Antes de decidir cuánto efectivo debe desaparecer de México, el Congreso debería responder una pregunta anterior: ¿qué problema específicamente mexicano intenta resolver la medida y qué garantías impedirán que la digitalización financiera se convierta en una nueva herramienta de exclusión o control?

Fuentes: Presidencia de México, INEGI, Banco de México, Banco de Pagos Internacionales, El Universal, El Economista