Morena fabrica un SCJN a la medida con elección de Hugo Aguilar

Con apenas un 12.1% de participación ciudadana, el gobierno celebra como “histórica” una jornada que huele más a simulacro que a democracia. La elección Hugo Aguilar SCJN ha servido para consolidar lo que ya muchos temían: un Poder Judicial subordinado al Ejecutivo y construido al gusto del oficialismo.

Claudia Sheinbaum lo presentó como un logro “inédito” y “profundamente representativo”. Lo cierto es que todos los nombres que Morena repartió en sus famosos “acordeones” fueron electos sin sorpresas, sin competencia real y sin transparencia. Los votantes apenas conocían los perfiles. Las boletas eran técnicas. La elección, opaca.

Elección Hugo Aguilar SCJN: legitimidad bajo mínimos

El nuevo ministro más votado, Hugo Aguilar, no ganó por arrastre popular, sino por haber sido colocado en el primer lugar de la lista que Morena entregó a sus simpatizantes. De origen mixteco y con un perfil público casi inexistente, Aguilar fue impulsado desde el INPI y ahora será el próximo presidente de la Corte.

¿Mérito o dedazo electoral? Difícil saberlo cuando el proceso impidió campañas, negó financiamiento a los aspirantes y estuvo diseñado para favorecer al partido en el poder. El Comité de Evaluación que eligió a los candidatos fue integrado por figuras cercanas a Sheinbaum, incluyendo al exministro Zaldívar. Y el resto de partidos, sencillamente, se negó a participar.

Elección Hugo Aguilar SCJN: la Corte ya tiene dueño

Los nueve electos responden a intereses alineados con el oficialismo. Y entre ellos, tres ministras ya formaban parte del pleno y pasaron directamente a la papeleta. La mayoría proviene de la esfera de influencia de López Obrador o Sheinbaum. Ningún perfil incómodo. Ninguna voz disonante.

Morena no sólo ganó. Eligió. Fabricó una Corte a medida, con una legalidad aparente, pero un fondo profundamente cuestionable. Todo bajo el barniz de una “elección ciudadana”.

¿Quién es Hugo Aguilar? El nuevo rostro obediente del poder judicial

Hugo Aguilar Ortiz es abogado de origen mixteco, egresado de la UNAM, con una carrera centrada en temas de derechos indígenas. Hasta antes de esta elección, se desempeñaba como coordinador general de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Su nombre era prácticamente desconocido en el ámbito judicial, académico o público.

No tiene carrera judicial. No ha presidido tribunales ni ha emitido sentencias relevantes. Su ascenso ha estado marcado por designaciones políticas en instituciones afines al obradorismo. Lo que más llama la atención no es su historial, sino la falta de él en temas de peso jurídico.

Su trayectoria ha sido cuestionada por la opacidad con la que fue promovido dentro del proceso: no se le conocen debates públicos, resoluciones trascendentes, ni posturas críticas sobre la división de poderes. Sin embargo, fue colocado como primera opción en los acordeones de Morena, y esa fue su catapulta.

Una de sus posturas más polémicas fue su apoyo explícito a la desaparición de los órganos autónomos, a los que calificó como “estructuras coloniales”. Además, ha defendido reformas judiciales impulsadas desde el Ejecutivo sin pasar por el consenso ciudadano, lo que lo perfila como un ministro más cercano al gobierno que a la Constitución.

Lo que viene no pinta bien

A partir del 1 de septiembre, la SCJN estará presidida por Aguilar. En 2027, si todo sigue según lo votado, la seguirá Lenia Batres. Lo que se perfila es una rotación controlada de ministros que garantizarán estabilidad… al régimen, no a la justicia.

Con esta reconfiguración, se abre la puerta a reformas constitucionales sin contrapeso, validación automática de políticas impugnadas y un retroceso preocupante en la autonomía del Poder Judicial. La Corte, supuesta garante de los derechos constitucionales, podría convertirse en un apéndice obediente del poder central.

Hablando en serio

Esta elección no inaugura una nueva era de participación judicial. Inaugura una etapa de subordinación institucional disfrazada de legitimidad. Cuando el Ejecutivo diseña el proceso, impone los nombres y controla los filtros, ya no estamos hablando de democracia, sino de captura del Estado. Las consecuencias más próximas serán silenciosas: sentencias convenientes, reformas blindadas, opositores desprotegidos. ¿Y después? Un país sin frenos.

¿Estamos a tiempo de recuperar un Poder Judicial realmente independiente?