Juristas denuncian ambigüedades en la ley sobre violencia vicaria en México

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas para incorporar la violencia vicaria en la legislación mexicana. La medida, presentada como un avance histórico en materia de derechos de las mujeres, plantea también interrogantes sobre su aplicación y los posibles abusos derivados de su interpretación. Porque una ley justa, sin garantías, puede volverse una herramienta peligrosa.

El dictamen reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal para reconocer la violencia vicaria como una forma de agresión ejercida a través de hijas e hijos con el fin de dañar a la madre. En teoría, busca proteger a las víctimas de manipulación psicológica o privación del vínculo familiar. En la práctica, abre un nuevo campo de disputa judicial donde bastará la palabra para acusar.

Violencia vicaria en México: un concepto en expansión

La llamada violencia vicaria en México ha ganado fuerza en el discurso político, impulsada por colectivos feministas y organismos públicos. Sin embargo, su definición legal sigue siendo ambigua. No está claro cómo diferenciarla de otros tipos de violencia familiar o de disputas legítimas por la custodia de menores. Y cuando el lenguaje se vuelve difuso, la justicia se vuelve peligrosa.

Varios juristas y organismos, incluida la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, han advertido que la redacción actual de la ley presenta ambigüedades y cruces conceptuales con la violencia intrafamiliar. Algunos apartados parecen haber sido tomados o adaptados de figuras ya existentes, lo que genera dudas sobre su delimitación y aplicación práctica. Estas inconsistencias podrían derivar en interpretaciones amplias o contradictorias, con el riesgo de que una misma conducta se procese por distintas vías legales, sin criterios unificados de prueba o sanción.

Algunos especialistas advierten que, sin protocolos rigurosos de prueba y sin mecanismos de verificación psicológica, la ley podría derivar en denuncias instrumentales usadas para castigar o aislar al otro progenitor. Un escenario que, lejos de proteger a los menores, podría convertirlos en víctimas del sistema judicial.

Violencia vicaria en México: entre justicia y revancha

El texto aprobado en la Cámara describe la violencia vicaria como un acto de poder. Pero en la arena doméstica, el poder puede tomar muchas formas, y no siempre tiene género. Si el Estado interviene con sesgo o presunción automática de culpabilidad, la protección se convierte en revancha. El riesgo no es teórico: ya existen precedentes de hombres separados de sus hijos por denuncias sin sustento, luego desestimadas tras años de litigio.

El consenso político que celebró la reforma parece más mediático que técnico. Nadie quiere votar en contra de una ley que “protege a las mujeres”. Pero detrás del aplauso unánime hay silencio sobre cómo evitar que la legislación se use como arma procesal en conflictos de pareja.

Violencia vicaria en México: el reto de la prueba

Los tribunales deberán determinar cómo probar un daño “a través de terceros”. ¿Bastará el testimonio de la madre? ¿Se requerirán peritajes? ¿Qué garantías tendrán los padres acusados? Son preguntas que el dictamen no responde. Y mientras la ley se celebra en los titulares, las consecuencias prácticas recaerán en familias reales, muchas de ellas atrapadas en procesos judiciales donde la verdad es lo primero que se pierde.

Hablando en serio

Reconocer la violencia vicaria es un paso necesario si se aplica con equilibrio y sin sesgos ideológicos. Pero también exige responsabilidad institucional, no consignas políticas. Si el sistema premia la denuncia sin prueba, la justicia se volverá un juego de poder disfrazado de empatía.
¿Estamos creando una ley para proteger a las víctimas o para fabricar nuevas?