«Agua contaminada nos está envenenando», afirma Alcalde de Guanajuato

La frase no vino de un activista ni de una ONG: fue el propio alcalde de San Diego de la Unión, Juan Carlos Castillo Cantero, quien lanzó la alarma. “Cuando abrimos la llave, nos estamos envenenando”, declaró en una conferencia de prensa que rompió años de silencio institucional sobre la agua contaminada en el noreste de Guanajuato.

El municipio, colindante con San Miguel de Allende, forma parte de la Cuenca Alta del Río Laja, una región que abastece a más de 740 mil personas. Ahí, los pozos son cada vez más profundos… y más tóxicos. Un monitoreo de calidad realizado entre abril y julio de 2024 reveló que 20 de 23 pozos rurales analizados eran inseguros para el consumo humano. En 11 se excedieron los límites legales de arsénico y en 19 los de flúor. ¿El resultado? Un cóctel silencioso que deteriora órganos, huesos y cerebros, sin que nadie lo note hasta que es demasiado tarde.

Agua contaminada y enfermedades invisibles

Dylan Terrell, director de la organización Caminos de Agua, fue claro: “No hay un nivel seguro de arsénico. Se acumula. Y los filtros comunes no sirven para eliminarlo”. En Ex-Hacienda de Jesús se detectaron niveles de arsénico casi cinco veces por encima del tope legal. En San José del Charco, el flúor alcanzó 4.08 mg/L, cuadruplicando el límite permitido. El riesgo de enfermedades renales, fluorosis esquelética y daño neurológico es inminente.

¿Y las soluciones? Llegan desde abajo

A pesar del panorama oscuro, las comunidades no se han quedado de brazos cruzados. Desde 2021 se han instalado más de 490 sistemas de captación de lluvia y se prevé sumar 140 más este año. Estos sistemas, impulsados por Caminos de Agua y organizaciones locales como SECOPA y COENLAVIS, recolectan agua libre de metales pesados. Una cisterna de 5 mil litros puede mantener segura a una familia durante seis meses.

“Antes vivía a base de analgésicos. Desde que recolectamos agua de lluvia, mi cuerpo cambió”, relató Gudelia Trejo, habitante de Pozo Ademado. Otros, como María del Rosario en Los Ricos, colaboran en plantas comunitarias diseñadas para eliminar arsénico y flúor a gran escala.

El Estado ausente y el costo de la indiferencia

Pero no todo depende de la voluntad ciudadana. El alcalde exigió el regreso de FONASA, un programa federal que financiaba estas tecnologías y fue eliminado sin explicación. “Esto no lo podemos resolver solos. Es una crisis regional que afecta a siete municipios. Si uno falla, todos fallamos”, advirtió Castillo Cantero.

Mientras tanto, los habitantes siguen pidiendo pavimentaciones y alumbrado público, sin saber que la agua contaminada que beben les acorta la vida.

Hablando en serio

La omisión del Estado en garantizar agua potable en Guanajuato está sembrando una epidemia silenciosa. Enfermedades incurables, tratamientos imposibles de costear y una generación entera en riesgo. ¿Qué pasa cuando los ciudadanos entienden que su derecho al agua segura depende de colectas, activismo y cisternas autofinanciadas? ¿Hasta cuándo permitiremos que la salud pública se sostenga con parches comunitarios?

¿Crees que el gobierno reaccionará antes de que colapse el sistema de salud en la región?