La Parota queda cancelada tras más de 20 años de conflicto en Guerrero

La presa de CFE en el río Papagayo queda cancelada tras dos décadas de conflicto.

La presa La Parota quedó cancelada de manera definitiva después de más de dos décadas de litigios, resistencia comunitaria y cuestionamientos ambientales en Guerrero. El proyecto hidroeléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretendía construirse sobre el río Papagayo, a unos 30 kilómetros al noreste de Acapulco.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la decisión durante la presentación del Plan Maestro para Acapulco y Guerrero. En lugar de construir la presa, el Gobierno federal anunció un esquema hidráulico basado en pozos radiales, estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento y la modernización de la red de distribución.

La cancelación pone fin a uno de los conflictos socioambientales más prolongados de México, aunque deja abierto el desafío de garantizar agua suficiente para Acapulco sin transformar de manera irreversible la cuenca del río Papagayo.

Una presa proyectada para generar electricidad y agua

La CFE concibió La Parota en 2003, durante el Gobierno de Vicente Fox, como parte de una estrategia para ampliar la generación hidroeléctrica en el sur del país. El proyecto contemplaba una cortina de aproximadamente 162 metros de altura y una capacidad instalada cercana a 900 megawatts.

La inversión estimada durante las distintas etapas de planeación superaba los mil millones de dólares. La empresa sostenía que la presa permitiría generar electricidad, contribuir al abastecimiento de agua potable para Acapulco, controlar las avenidas del río Papagayo y favorecer el desarrollo económico regional.

La propuesta concentraba en una sola infraestructura objetivos energéticos, hidráulicos y territoriales. Esa combinación convirtió al proyecto en una de las principales apuestas de infraestructura para Guerrero durante la primera década del siglo XXI.

El problema fue que los beneficios anunciados por las autoridades implicaban una transformación profunda de un territorio habitado por comunidades rurales y con una relación histórica con el río.

Comunidades rechazaron el proyecto

Las estimaciones elaboradas durante el proceso de evaluación señalaban que el embalse podría inundar alrededor de 17 mil hectáreas, afectar a 36 comunidades agrupadas en 16 núcleos agrarios y provocar el desplazamiento de unas 25 mil personas.

Los ejidatarios y comuneros advirtieron que el impacto no consistiría únicamente en la pérdida de tierras. La construcción de la presa habría alterado actividades agrícolas, formas de organización comunitaria y vínculos sociales desarrollados durante generaciones en la zona de influencia del río Papagayo.

Las organizaciones ambientales también alertaron sobre los posibles efectos de un gran embalse en la dinámica de la cuenca, los ecosistemas ribereños, la biodiversidad y la disponibilidad de recursos naturales.

La oposición dio origen al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, conocido como CECOP. La organización convirtió una disputa local en un debate nacional sobre los límites de los megaproyectos, la participación de las comunidades y el derecho de los habitantes a intervenir en las decisiones que afectan su territorio.

Litigios agrarios frenaron la construcción

El proyecto nunca alcanzó las condiciones sociales y jurídicas necesarias para iniciar las obras. Uno de los principales obstáculos fueron los conflictos relacionados con la disposición de las tierras requeridas para la presa.

Los acuerdos comunitarios que las autoridades presentaban como respaldo fueron impugnados por comuneros y organizaciones opositoras. Distintos procesos agrarios cuestionaron la validez de decisiones adoptadas en asambleas comunales y mantuvieron abierta una barrera legal que impidió ocupar las extensas superficies necesarias para el proyecto.

La confrontación también llegó a organismos de derechos humanos. Integrantes del CECOP denunciaron hostigamiento, amenazas y criminalización durante los años de mayor intensidad del conflicto.

En 2021, la desaparición de Vicente Suástegui Muñoz, integrante del movimiento opositor, llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a otorgar medidas cautelares para él y su familia debido a la situación de riesgo denunciada.

El caso mostró que el conflicto no se limitaba a una discusión técnica sobre electricidad o agua. También involucraba derechos territoriales, seguridad de los defensores comunitarios y la relación entre las autoridades y las poblaciones afectadas.

Sheinbaum cierra definitivamente el proyecto

Aunque la construcción llevaba años detenida, el proyecto no había sido descartado de manera expresa por el Gobierno federal. Esa indefinición permitió que las comunidades mantuvieran la preocupación ante una posible reactivación.

En 2025, Sheinbaum informó que su administración no continuaría con la construcción de la presa y reconoció las afectaciones que representaba para las comunidades. El anuncio del 26 de julio confirmó el cierre definitivo de esa posibilidad.

La decisión resuelve una disputa territorial que permaneció abierta durante más de 20 años. También establece que una obra considerada estratégica por el Estado no puede sostenerse únicamente en estudios técnicos, presupuestos o decisiones administrativas si carece de acuerdos sociales y legitimidad territorial.

Agua para Acapulco sin construir otra presa

El Gobierno federal pretende atender las necesidades de agua mediante infraestructura distribuida y la rehabilitación de sistemas existentes. El programa Acapulco se Transforma Contigo contempla acciones de agua potable, saneamiento y prevención de inundaciones para alrededor de 800 mil habitantes del municipio.

La estrategia forma parte del Plan Nacional Hídrico 2024-2030, cuyos ejes incluyen el acceso justo al agua, la mitigación del impacto ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión integral del recurso.

El nuevo modelo no sustituye por completo todas las funciones que la presa habría cumplido. La obra cancelada estaba pensada también para generar electricidad y regular el comportamiento del río, mientras que los proyectos actuales se concentran en el abastecimiento, el almacenamiento, el bombeo y la distribución.

El resultado dependerá de que las obras anunciadas logren mejorar el suministro de Acapulco y reduzcan la vulnerabilidad del sistema ante fenómenos meteorológicos extremos. La cancelación resuelve el conflicto, pero no elimina la escasez de agua ni las necesidades de desarrollo de Guerrero.

Pensando en México

La Parota deja una lección sobre los límites de los megaproyectos decididos desde el Gobierno.
La viabilidad técnica no basta cuando una obra amenaza territorios habitados y ecosistemas estratégicos.
El nuevo esquema hidráulico deberá demostrar que es posible atender a Acapulco sin desplazar comunidades ni alterar el río Papagayo.
También tendrá que incorporar mecanismos reales de participación social y vigilancia ambiental.
¿Aprenderá México a planear sus grandes obras con las comunidades y no únicamente sobre sus territorios?