La apatía y la amenaza de fraude dominan la elección judicial

La elección judicial en México ha mutado en un experimento social sin precedentes. A días de su celebración, la mayoría de la población no sabe ni cuándo será, ni quién compite, ni cómo votar. Aun así, el Gobierno de Morena la impulsa como si fuera un referéndum de legitimidad. La paradoja es total: se eligen jueces, magistrados y ministras en uno de los procesos menos conocidos, más improvisados y con mayor riesgo de manipulación de los últimos años.

Morena apuesta por la movilización. Su lógica es clara: a mayor participación, más respaldo para la reforma judicial impulsada por el oficialismo. Pero el resultado no está ni cerca de garantizarse. Los números son inquietantes y los riesgos, múltiples.

Elección judicial en México con baja participación y poca información

Según encuestas recientes, el 34% de los ciudadanos dice que es “muy probable” que vote, mientras que el 13,6% lo considera “nada probable”. El problema es que el 77% ni siquiera conoce a los candidatos. Y peor aún: el 62% cree que si no se alcanza al menos el 60% de participación —como en las presidenciales—, los resultados no serán representativos.

El dato que más alarma: se instalarán solo 84 mil casillas frente a las 170 mil de la elección federal de 2024. ¿Resultado? Menos acceso, menos votos, más sospechas.

Elección judicial en México sin recursos ni transparencia

El INE recibió apenas 800 millones de pesos para organizar esta elección. Casi 10 veces menos que lo gastado en una elección presidencial. Los candidatos no reciben financiamiento público ni privado. Solo pueden gastar hasta 220 mil pesos… y no pueden anunciarse en medios. Solo les queda volantear y hacer videos en redes sociales.

El resultado es predecible: nadie sabe quiénes son, por qué compiten ni cómo se relacionan con el cargo al que aspiran. Los votantes deberán usar colores, números y códigos de materia (civil, penal, administrativa) para identificar a los aspirantes.

Elección judicial en México marcada por la exclusión y la complejidad

Las personas en prisión preventiva —más de 90 mil en el país— no podrán votar. Tampoco lo harán los mexicanos en el extranjero. Se trata, literalmente, de los más afectados por el sistema de justicia, excluidos del proceso que supuestamente los empoderaría.

A esto se suma la complejidad técnica del voto. Seis boletas, múltiples colores, códigos cruzados. El INE calcula entre 8 y 14 minutos por persona para completar la votación. El riesgo de votos nulos es altísimo. Muchos votarán solo por la Suprema Corte, dejando en blanco las demás opciones. Otros votarán mal. ¿Qué legitimidad puede tener un sistema que excluye y confunde?

Hablando en serio

La elección judicial en México se nos vendió como un acto de democratización del poder judicial. Pero la falta de presupuesto, la opacidad, las exclusiones y la desinformación masiva están configurando algo muy distinto: una elección de fachada, sin garantías reales, sin oposición estructurada, sin vigilancia externa. Lo que está en juego no es solo la legitimidad de los nuevos jueces. Es el pacto social mismo.

¿Puede una elección sin participación ni claridad fortalecer la justicia o solo refuerza el control de quien ya tiene el poder?