Denuncian red de extorsión de COMAR e INM en Tapachula

Otra vez Tapachula. Otra vez las instituciones mexicanas bajo la lupa. Esta vez, la denuncia apunta directo a los funcionarios de la COMAR y el INM, acusados de operar una red de extorsión contra migrantes que buscan asilo en México. Según el activista Irineo Mújica, los sobornos ya no son la excepción, sino la regla.

El modus operandi, según el testimonio, es tan burdo como eficaz: quien paga, avanza. Quien no, se queda atrapado en la selva burocrática durante meses. Migrantes desesperados son obligados a entregar entre mil y tres mil pesos —a veces más— por supuestas “aceleraciones” en sus trámites o para evitar detenciones arbitrarias. Y si no pagan, el mensaje es claro: “te quedas donde estás”.

Lo más preocupante es que no se trata de un rumor aislado. El patrón se repite. Mújica afirma que ha recibido decenas de reportes similares, todos con nombres, fechas y montos. Lo que era una sospecha, ya parece una estructura.

Extorsión migrantes COMAR: ¿Estado cómplice o ciego?

La COMAR, institución encargada de proteger a quienes huyen de la violencia, parece haberse convertido en una aduana paralela. A su lado, el Instituto Nacional de Migración, supuestamente garante del respeto a los derechos humanos, actúa como cómplice o como verdugo. Y nadie da explicaciones.

¿Dónde están los mecanismos de supervisión? ¿Quién audita los procesos de asilo? ¿A quién le interesa mantener este sistema funcionando? Porque está claro que, en Tapachula, el miedo se cotiza en pesos y los derechos humanos están sujetos a disponibilidad presupuestaria… o a “mordidas”.

Extorsión migrantes COMAR: el otro muro

Mientras el discurso oficial presume “humanismo” y respeto, la realidad en la frontera sur es otra. El muro no está en Texas: está en los pasillos infestados de corrupción de las oficinas migratorias mexicanas. Un muro invisible, pero impenetrable. Un muro donde los trámites cuestan lo que los migrantes no tienen. Y si no pagan, se exponen a redadas, deportaciones, abandono.

El gobierno federal ha guardado silencio hasta ahora. Pero las pruebas se acumulan. Y el tiempo se agota.

Hablando en serio

Esta denuncia no es menor. Afecta a miles de personas que cruzan México con la esperanza de encontrar refugio, y en su lugar, encuentran extorsión institucionalizada. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la protección internacional sea usada como herramienta de chantaje? Si el Estado no limpia sus oficinas migratorias, lo hará la desconfianza pública. Y eso es más peligroso que cualquier caravana.

Este contenido ha sido creado por DiarioYa gracias a la colaboración con la agencia AMEXI