Familias de las mujeres fallecidas en Guerrero desconfían de la Guardia Nacional

Las muertes de Stephany Carmona y Dalila Acosta colocaron a la Guardia Nacional bajo un escrutinio incómodo. Ambas mujeres, de 19 y 28 años, fallecieron en contextos ligados a instalaciones militares en Guerrero. Cuatro meses después, sus familias siguen rechazando las versiones oficiales que apuntan a accidentes o suicidio, y denuncian una cadena de omisiones, silencios y contradicciones.

El caso llegó finalmente a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que una periodista guerrerense preguntara por las circunstancias violentas en las que ocurrieron los hechos y por los mecanismos de prevención de la violencia contra mujeres dentro de los cuarteles. La respuesta fue un compromiso general de revisión y de “cero impunidad”. Las familias esperan algo más concreto.

Guardia Nacional y un caso que tardó meses en llegar a la agenda pública

Pasaron casi cuatro meses para que las muertes se discutieran a nivel federal. Durante ese tiempo, la información fue fragmentaria. La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que no tenía datos que compartir. Las familias, en cambio, acumularon testimonios, fotografías y dudas.

Sheinbaum afirmó que existen áreas internas en las Fuerzas Armadas dedicadas a atender denuncias de acoso y violencia contra mujeres, y que se reforzarán. La declaración, aunque relevante, no respondió a una pregunta central: por qué fallaron esos mecanismos en los casos que hoy se investigan.

Guardia Nacional y la denuncia que nadie atendió

Stephany Carmona Rojas murió el 14 de octubre de 2025 durante una práctica de tiro en el 51 Batallón de la Guardia Nacional, en Acapulco. La versión inicial habló de un accidente. La familia sostiene otra historia. La joven había denunciado acoso sexual por parte de un sargento identificado como Yair Manuel Ramírez de la Cruz.

Según su madre, Stephany informó a sus superiores. No hubo protección. Días después, recibió dos disparos. El presunto responsable salió de las instalaciones y estuvo prófugo cuatro días. Cuando la familia llegó al hospital, encontró el cuerpo de la joven en una bodega, dentro de una bolsa negra.

El reporte forense incluyó quemaduras en glúteos y antebrazos. Nadie explicó su origen. Las cámaras del batallón, solicitadas por la familia, “no funcionaban” por falta de energía eléctrica.

Guardia Nacional y cámaras que no registran nada

La escena se repitió en el caso de Dalila Acosta Medina. La joven, de 28 años, fue encontrada muerta la madrugada del 6 de enero en el estacionamiento de su destacamento, también en Acapulco. Vestía de civil. Tenía un disparo en el rostro. A su lado había un arma y uno de sus teléfonos.

Las autoridades locales iniciaron la investigación como suicidio. La familia lo rechaza. Al solicitar los videos de seguridad, recibió la misma respuesta: las cámaras no estaban funcionando.

Las hermanas de Dalila describen una escena que consideran montada. El cuerpo, la posición del arma, la iluminación del edificio cercano. Afirman contar con fotografías sin censura y con indicios de violencia física que no cuadran con la hipótesis oficial.

Guardia Nacional y relatos que no coinciden

Según la familia Acosta, el cuerpo presentaba múltiples lesiones. Golpes, marcas de botas, rasguños, una herida amplia en la parte posterior de la cabeza y la pérdida de un diente, algo que consideran incompatible con un disparo autoinfligido.

Las similitudes con el caso de Stephany Carmona son evidentes. Versiones apresuradas, pruebas inaccesibles y peritajes cuestionados. Para las familias, no se trata de errores aislados, sino de un patrón de encubrimiento.

Un tercer caso se suma a la lista. Sherline Anabel Rosario, de 23 años, adscrita al 50 Batallón en Coyuca de Benítez. Su cuerpo fue hallado en noviembre. Primero se habló de un homicidio vial. La causa final fue traumatismo craneoencefálico. También está bajo revisión presidencial.

Guardia Nacional bajo presión pública

Las familias no piden privilegios. Piden verdad. Piden investigaciones independientes. Piden que la institución responda por lo que ocurre dentro de sus instalaciones.

La Guardia Nacional enfrenta así una pregunta que va más allá de estos casos. Qué tan seguras están las mujeres que forman parte de sus filas. Y qué sucede cuando denuncian.

Hablando en serio

Cuando las familias desconfían de la Guardia Nacional, el problema no es solo de percepción. Es de credibilidad institucional. Para la ciudadanía mexicana, estos casos exponen una grieta profunda entre el discurso de protección y la realidad dentro de los cuarteles. La falta de registros, la repetición de fallas técnicas y la tendencia a cerrar casos rápidamente erosionan la confianza pública. La pregunta sigue abierta: ¿quién vigila a quienes tienen el monopolio de la fuerza?