El gobierno impone aranceles al azúcar de hasta 210%

El Gobierno mexicano anunció la imposición de aranceles al azúcar de entre 156% y 210.44% a las importaciones provenientes de países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), salvo aquellos con los que existen acuerdos comerciales vigentes. La medida, publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), busca frenar la caída de precios internacionales y proteger a la agroindustria azucarera nacional, que atraviesa una crisis de rentabilidad.

Según el decreto, los aranceles aplicarán desde este martes y modificarán la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Con ello, el Gobierno pretende “garantizar la estabilidad de la industria, eliminar distorsiones en el comercio y salvaguardar la viabilidad de toda la cadena productiva de la caña de azúcar”.

Aranceles al azúcar para frenar la sobreoferta

El documento reconoce que México enfrenta una sobreoferta de azúcar en el mercado interno, lo que ha generado un desplome de precios que amenaza la rentabilidad de productores, ingenios y trabajadores del sector. El aumento en los aranceles se plantea como una medida temporal para contener la entrada de azúcar barata proveniente de mercados internacionales, en particular de países que subsidian fuertemente su producción.

Las tarifas anteriores, que rondaban los 0.36 dólares por kilogramo, serán reemplazadas por gravámenes proporcionales al valor declarado de la mercancía. Para productos refinados como el azúcar líquida o el azúcar invertido, el impuesto alcanzará el 210.44%, mientras que para el azúcar con aditivos o colorantes el arancel será de 156%.

El decreto también menciona que la medida se alinea con las obligaciones internacionales de México y con el principio de trato de nación más favorecida, establecido en los acuerdos de la OMC. En otras palabras, los aranceles no aplicarán a países con los que México mantiene tratados de libre comercio, como Estados Unidos y Canadá, bajo el marco del T-MEC.

Un intento de proteger al campo mexicano

El Gobierno justificó el incremento de los aranceles al azúcar como una acción para “fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de importaciones”, en un momento en que el precio internacional del azúcar ha caído cerca de un 20% en los últimos meses, según datos del Banco Mundial.

El sector cañero mexicano emplea a más de 500 mil personas de manera directa e indirecta, y su producción anual ronda los 6 millones de toneladas, distribuidas principalmente en Veracruz, Jalisco, Chiapas y San Luis Potosí. En esos estados, los ingenios enfrentan un aumento en los costos de producción, combinado con la competencia de azúcar importada más barata.

El contexto: salud y consumo en debate

La decisión también se produce semanas después de que el Gobierno llegara a un acuerdo con la industria de bebidas azucaradas para reducir un 30% el contenido de azúcar en refrescos, restringir la publicidad dirigida a menores y mantener sin cambios el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

El impuesto seguirá en 3.08 pesos por litro para bebidas con azúcar y en 1.50 pesos para las versiones sin calorías. México sigue siendo uno de los mayores consumidores de refrescos del mundo, con un promedio de 166 litros por persona al año, y enfrenta tasas crecientes de obesidad y diabetes tipo 2, que son ya las principales causas de muerte en el país.

Aunque los aranceles al azúcar tienen un propósito económico, la medida reabre el debate sobre el consumo excesivo de productos azucarados y sus consecuencias en salud pública. Mientras el Ejecutivo busca proteger al campo, los especialistas advierten que el encarecimiento del insumo podría trasladarse a los consumidores finales, elevando el precio de dulces, refrescos y alimentos procesados.

Hablando en serio

El incremento de los aranceles al azúcar es un intento por blindar al sector cañero, pero también una señal de alarma sobre la fragilidad del campo mexicano frente a las fluctuaciones globales. La medida podría estabilizar precios, aunque a costa de presionar la inflación alimentaria.
¿Será una solución sostenible o un parche más en una industria que lleva décadas pidiendo auxilio?