El ICE se investigará a sí mismo por las muertes de migrantes tras la retirada del FBI

El FBI se apartaría de casos mortales del ICE y las pesquisas pasarían a HSI.

La posible retirada del FBI de las investigaciones sobre muertes en las que participan agentes del ICE ha abierto una nueva crisis de credibilidad para la política migratoria de Estados Unidos. El cambio trasladaría esos casos a Homeland Security Investigations, una división del propio Departamento de Seguridad Nacional que forma parte de la estructura del ICE.

La modificación, adelantada por The New York Times y confirmada por varios medios estadounidenses, habría sido comunicada por escrito a mandos del FBI en todo el país. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia negaron que exista un cambio en la política, aunque fuentes internas sostienen que las oficinas federales ya recibieron instrucciones para derivar determinadas investigaciones.

La contradicción entre los documentos internos y el desmentido oficial deja abierta una pregunta central: ¿quién investigará a los agentes federales cuando una operación migratoria termine con una muerte?

Dos muertes recientes colocan al ICE bajo presión

La disputa estalló después de dos tiroteos mortales ocurridos con apenas seis días de diferencia. El 7 de julio, un agente mató a Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años, durante un control de tráfico en Houston, Texas.

El 13 de julio, otro agente disparó contra Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años, en Biddeford, Maine. En ambos casos, el ICE sostuvo que sus agentes actuaron en defensa propia o para proteger la seguridad pública.

Las versiones oficiales han sido cuestionadas por testigos y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Ninguno de los agentes llevaba cámara corporal durante los hechos, por lo que no existe una grabación oficial que permita comprobar de forma independiente qué ocurrió en los segundos previos a los disparos.

En el caso de Salgado Araujo, las autoridades reconocieron que el hombre no era el objetivo principal del operativo. Los agentes seguían a otra persona cuando detuvieron la camioneta en la que viajaba el mexicano, quien llevaba décadas residiendo en Estados Unidos y trabajaba en la construcción.

En Maine, Durán Guerrero tampoco era el objetivo inicial de la operación. El ICE afirmó que intentó huir y que el agente disparó ante una amenaza para la seguridad pública. Testigos y grupos civiles describieron una secuencia distinta y aseguraron que el hombre contaba con autorización para trabajar, número de Seguridad Social y vínculos familiares en el país.

HSI asumiría las investigaciones

El FBI dejaría de participar en los casos relacionados con supuestas agresiones contra agentes migratorios. Las investigaciones pasarían a Homeland Security Investigations, conocida como HSI, una división especializada en delitos transnacionales que depende del Departamento de Seguridad Nacional, la misma estructura de la que forma parte el ICE.

La transferencia plantea un conflicto evidente de independencia. En la práctica, una dependencia vinculada con la agencia migratoria tendría que revisar el uso de la fuerza realizado por sus propios agentes.

El problema no se limita a una cuestión administrativa. Las pesquisas sobre tiroteos protagonizados por fuerzas federales requieren análisis balísticos, procesamiento forense, examen de armas, revisión de videos y localización de testigos. Según funcionarios actuales y antiguos agentes federales, HSI no cuenta habitualmente con la estructura ni con los recursos destinados a investigar este tipo de casos.

La Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE puede abrir investigaciones internas sobre posibles violaciones a los protocolos. También puede intervenir la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, mientras que las policías y fiscalías estatales conservan autoridad para investigar posibles delitos cometidos dentro de su jurisdicción.

El FBI desempeñaba un papel distinto porque no dependía directamente de la cadena de mando del ICE. Su salida reduciría la posibilidad de que una investigación federal avance por una vía separada de la agencia involucrada.

El antecedente de Minneapolis

La controversia recuerda los casos de Renée Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses muertos durante operaciones migratorias en Minneapolis a comienzos de año. Ambos fallecimientos provocaron protestas y cuestionamientos sobre la actuación de los agentes federales durante la operación Metro Surge.

En el caso de Good, el Departamento de Justicia presionó al FBI y a fiscales federales para que la investigación fuera tratada como una agresión contra un agente federal, en lugar de analizarse como un posible caso de violación de derechos civiles relacionado con la muerte de la mujer.

La decisión provocó la dimisión de varios fiscales y de un agente del FBI. En el caso de Pretti, la investigación comenzó bajo la dirección de HSI con apoyo del FBI, pero las críticas posteriores llevaron a ordenar que el FBI y la División de Derechos Civiles asumieran el liderazgo del proceso.

Ese antecedente alimenta las dudas sobre el nuevo reparto de competencias. Si las investigaciones se clasifican desde el inicio como agresiones contra agentes federales, la conducta de los funcionarios podría quedar en un segundo plano frente a la versión oficial de la operación.

La falta de cámaras agrava la desconfianza

El ICE ha anunciado que sus agentes comenzarán a emplear cámaras corporales durante los controles vehiculares. La medida llega después de los tiroteos de Texas y Maine, en los que no existían imágenes registradas por los funcionarios involucrados.

La ausencia de grabaciones impide reconstruir con precisión la posición de los agentes, las órdenes emitidas, los movimientos de las víctimas y el momento exacto en que se efectuaron los disparos. En este contexto, la investigación depende de videos ciudadanos, testimonios y peritajes posteriores.

La falta de cámaras también deja en desventaja a los familiares de las víctimas. Frente a una versión oficial respaldada por una agencia federal, deben reunir pruebas por cuenta propia para cuestionar la explicación de los agentes.

La actuación del ICE ya estaba bajo escrutinio por los cambios en la formación y el reclutamiento de sus elementos. El recorte del tiempo de preparación y la eliminación de ciertos requisitos han generado dudas sobre la capacidad de los agentes para controlar situaciones de tensión sin recurrir a la fuerza letal.

Un cambio que afectaría la rendición de cuentas

El Gobierno de Donald Trump ha defendido una política migratoria centrada en las deportaciones masivas y en el despliegue de agentes federales en las calles. La administración sostiene que cualquier agresión contra un funcionario debe ser perseguida con toda la fuerza de la ley.

El problema aparece cuando la misma lógica se aplica para justificar la actuación de los agentes sin una investigación independiente. Una acusación contra un migrante puede activar recursos federales de inmediato, mientras que la muerte causada por un funcionario corre el riesgo de ser considerada únicamente como una consecuencia de la operación.

Los agentes del ICE necesitan contar con protección jurídica cuando actúan dentro de la ley, pero esa protección no puede convertirse en inmunidad automática. Cada muerte exige una investigación técnica, independiente y abierta a la revisión pública.

Si el FBI se aparta y HSI asume los casos, los agentes del ICE quedarán bajo la revisión de una estructura institucional estrechamente relacionada con ellos. La decisión puede reforzar la percepción de que las fuerzas migratorias operan sin controles externos y que las familias de las víctimas tendrán cada vez menos posibilidades de obtener respuestas.

Pensando en México

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo afecta directamente a una comunidad mexicana que observa con preocupación el aumento de los operativos migratorios. La posible salida del FBI también puede complicar el acceso de las familias a investigaciones independientes.

México tendrá que exigir información clara sobre la actuación de sus agentes consulares y sobre las pruebas reunidas en Houston.El caso muestra los riesgos que enfrentan los migrantes durante controles de tráfico que no tenían como objetivo inicial a las víctimas.

¿Quién puede garantizar justicia si el ICE queda encargado de investigar a sus propios agentes?

Este contenido ha sido creado por DiarioYa gracias a la información de agencia Associated Press