La Guardia Nacional ahora será militar, aprueba el Senado

La Cámara de Diputados aprueba la reforma que permite una Guardia Nacional militar, al traspasar el control de esta de manos civiles al Ejército.

México ha decidido entregar el control de la Guardia Nacional al Ejército, un paso que, aunque impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido duramente cuestionado por expertos y sectores de la oposición. La Cámara de Diputados aprobó la reforma con 362 votos, suficiente para modificar la Constitución y traspasar el control de esta institución originalmente civil a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta medida marca un antes y un después en la estrategia de seguridad pública del país, transformando a la Guardia Nacional en una fuerza militarizada que será dirigida por un general en activo.

Mientras el gobierno celebra este cambio como una garantía de disciplina y eficiencia, las críticas han surgido por todas partes. Organizaciones civiles, académicos y partidos de oposición advierten sobre los riesgos de dejar en manos de militares la responsabilidad de la seguridad pública. ¿Realmente garantiza una Guardia Nacional militarizada la seguridad de los ciudadanos, o estamos asistiendo a una erosión preocupante de los derechos civiles y la transparencia democrática?

Militarización de la seguridad: un riesgo para la justicia civil

La decisión de tener una Guardia Nacional militar no es solo una cuestión de control organizacional, sino de enfoque. Los militares están entrenados para la defensa nacional y el combate, no para tareas civiles como la protección de la ciudadanía o la investigación de delitos. Bajo la reforma, la Guardia Nacional no solo ejecutará las estrategias de seguridad diseñadas por autoridades civiles, sino que también tendrá nuevas facultades de investigación y persecución de delitos, igualando su poder al de las fiscalías.

Esta transición plantea una pregunta inquietante: ¿es adecuado que militares investiguen y persigan delitos que afectan a los ciudadanos en su vida diaria? La justicia civil, en teoría, está diseñada para garantizar el respeto a los derechos humanos y mantener la imparcialidad en los procesos legales. Sin embargo, bajo una Guardia Nacional militar, hay preocupaciones de que se diluyan estos principios. ¿Qué ocurrirá cuando los ciudadanos comunes deban enfrentar a un cuerpo armado y entrenado para el combate, en lugar de a una fuerza civil que entienda los matices y derechos inherentes a la justicia civil?

Eficiencia vs. Derechos Humanos

El presidente López Obrador justifica esta medida con ejemplos de la ineficacia y corrupción de la Policía Federal, que precedió a la creación de la Guardia Nacional. Según su visión, una fuerza militarizada garantizará la incorruptibilidad de los 130,000 elementos que componen este cuerpo. Sin embargo, la historia en México y otros países ha demostrado que involucrar a militares en tareas de seguridad pública puede generar otros problemas: abusos de poder, violaciones de derechos humanos y falta de rendición de cuentas.

A pesar de que la reforma incluye la promesa de que los efectivos de la Guardia Nacional estarán sometidos a la justicia civil en caso de que cometan delitos, persiste el temor de que la lógica militar prevalezca en sus actuaciones cotidianas. ¿Qué sucederá cuando los derechos civiles choquen con las órdenes militares? Los militares están entrenados para obedecer sin cuestionar y actuar bajo condiciones de guerra o peligro, no para interactuar con civiles que requieren protección y respeto a sus derechos.

La falta de controles democráticos

Uno de los principales argumentos de la oposición es que esta reforma elimina los pocos controles democráticos que quedaban sobre la Guardia Nacional. La estructura civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ofrecía un cierto nivel de transparencia y rendición de cuentas. Ahora, bajo el mando de la Sedena, los militares tendrán un control prácticamente total sobre la estrategia y ejecución de la seguridad pública. Este cambio podría dejar a los ciudadanos sin medios claros para exigir responsabilidades cuando se cometan abusos o errores.

Dolores Padierna, diputada de Morena, ha asegurado que no habrá abuso del poder militar, y que el nuevo mando militar estará comprometido con la protección de los derechos humanos. Sin embargo, la historia reciente de México está llena de ejemplos que contradicen esta afirmación, como la violencia que ha desatado la estrategia militar en la guerra contra el narcotráfico. La promesa de un nuevo régimen democrático no garantiza que los problemas no se repitan.

Hablando en serio:

La militarización de la Guardia Nacional representa un desafío serio para el futuro de la seguridad pública en México. Si bien la administración de López Obrador defiende esta medida como necesaria, el traspaso de funciones civiles a los militares podría generar más problemas que soluciones. Con esta decisión, los derechos de los ciudadanos corren el riesgo de quedar subordinados a la lógica militar, y el país podría estar avanzando hacia un modelo de seguridad menos transparente y más autoritario. La militarización de la seguridad, lejos de ser una solución, podría profundizar los problemas que ya enfrenta México en términos de violencia y corrupción.

Este contenido ha sido creado por DiarioYa gracias a la información de agencia EFE