México denuncia a EE.UU. por la muerte de mexicanos a manos de ICE

México denunciará ante EE.UU. la muerte de 17 mexicanos vinculados con ICE.

México presentará denuncias formales ante las fiscalías de Estados Unidos por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos en hechos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Congreso y a todos los partidos políticos cerrar filas para defender los derechos de los connacionales y exigir investigaciones sobre las circunstancias de cada fallecimiento.

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno mexicano, 14 mexicanos murieron dentro de centros de detención y otros tres durante operativos migratorios. La decisión representa un cambio de tono frente a las notas diplomáticas y las gestiones consulares realizadas hasta ahora, pues México pretende que los casos sean analizados también desde la vía penal.

México llevará los casos ante las fiscalías estadounidenses

El canciller Roberto Velasco informó que las denuncias serán presentadas ante fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El funcionario también comunicó la decisión al embajador estadounidense en México, Ronald D. Johnson.

Las acciones no se limitarán a los expedientes penales. México prepara una vía civil contra las empresas privadas que administran algunos centros de detención, a las que acusa de posibles malas prácticas y violaciones a los derechos humanos de las personas bajo custodia.

La estrategia supone una escalada en la relación bilateral. Hasta ahora, el Gobierno mexicano había acompañado a las familias, enviado comunicaciones diplomáticas a Washington, solicitado investigaciones y pedido la intervención de organismos internacionales de derechos humanos.

La presidenta Sheinbaum sostuvo que el objetivo no es dañar la relación con Estados Unidos, sino defender a los mexicanos fallecidos y exigir que las autoridades estadounidenses aclaren lo sucedido. La diferencia entre ambos propósitos será difícil de sostener si las fiscalías estadounidenses rechazan investigar a sus propios agentes o a las empresas que operan los centros.

El caso de Lorenzo Salgado elevó la presión

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo aceleró la decisión del Gobierno mexicano. El ciudadano mexicano falleció después de recibir disparos de un agente de ICE durante un intento de arresto en Houston, Texas.

Según la versión del Departamento de Seguridad Nacional, Salgado Araujo vivía en Estados Unidos sin autorización, ignoró las órdenes de los agentes e intentó embestir a uno de ellos con su vehículo. El agente respondió con disparos y el hombre murió posteriormente por las heridas.

La familia rechaza esa explicación y exige una investigación independiente. Sus allegados han sostenido que Salgado Araujo no tenía antecedentes penales, llevaba décadas en Estados Unidos y trabajaba transportando a una cuadrilla de trabajadores de la construcción.

México considera que el caso puede constituir un homicidio, aunque la responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades competentes. Esa precisión jurídica no rebaja la gravedad política del episodio: un agente estadounidense utilizó fuerza letal contra un ciudadano mexicano durante un operativo migratorio y la versión oficial quedó cuestionada por la familia.

Las muertes bajo custodia ya habían provocado reclamos

El caso de Salgado Araujo se suma a una serie de fallecimientos ocurridos bajo custodia de ICE durante la segunda Administración de Donald Trump. México tiene registrados 14 ciudadanos muertos en centros de detención y tres durante operaciones de esa dependencia.

Las autoridades mexicanas habían denunciado previamente condiciones de hacinamiento, problemas de atención médica y falta de información suficiente para las familias. Los consulados recibieron instrucciones de visitar con mayor frecuencia los centros donde se encontraban detenidos ciudadanos mexicanos.

El Gobierno también llevó estos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitó la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La presión internacional no ha producido hasta ahora una respuesta que satisfaga a las familias de las víctimas.

La participación de empresas privadas añade otra capa de responsabilidad. Cuando el Estado entrega la administración de centros de detención a compañías contratistas, puede dificultar la identificación de los responsables directos de una negligencia, una omisión médica o una agresión.

Sheinbaum pide que los partidos cierren filas

Sheinbaum convocó a todos los partidos políticos a respaldar la defensa de los mexicanos fallecidos. La petición busca construir una posición nacional frente a una política migratoria estadounidense cada vez más severa y frente a la posibilidad de que los casos sean tratados como incidentes aislados.

La presidenta calificó algunas muertes como posibles homicidios y sostuvo que México no puede permanecer omiso. El llamado tiene una dimensión diplomática, pero también una lectura interna: el Gobierno quiere evitar que la oposición convierta el reclamo en un ataque partidista contra Morena o que la mayoría oficialista reduzca la tragedia a una disputa con Washington.

La exigencia de unidad tendrá que superar una dificultad evidente. Defender a los mexicanos en Estados Unidos requiere una política de Estado, pero también transparencia sobre las gestiones realizadas, información puntual sobre cada fallecimiento y seguimiento público de las denuncias.

Una disputa con efectos bilaterales

La decisión mexicana puede tensar una relación que ya enfrenta conflictos por seguridad, comercio, migración y cooperación contra el crimen organizado. Washington podría interpretar las denuncias como una intervención en asuntos internos o como una acusación directa contra sus agentes.

México tiene derecho a solicitar investigaciones sobre la muerte de sus ciudadanos, aunque la posibilidad de que esas denuncias prosperen dependerá de las fiscalías estadounidenses y de las pruebas disponibles. Las acciones civiles contra empresas privadas podrían encontrar una vía distinta, pero tampoco garantizan reparaciones ni sanciones.

ICE queda bajo presión por la acumulación de muertes y por la falta de confianza en las explicaciones oficiales. Si las autoridades estadounidenses pretenden demostrar que sus operativos respetan los derechos humanos, tendrán que aceptar investigaciones independientes y entregar información verificable a las familias y al Gobierno mexicano.

Pensando en México

El caso muestra la vulnerabilidad de millones de mexicanos que viven o trabajan en Estados Unidos. México no puede limitarse a emitir comunicados cada vez que muere un connacional bajo custodia. Las denuncias penales deben acompañarse de asistencia jurídica, seguimiento consular y presión internacional. La unidad entre partidos solo tendrá valor si se traduce en acciones concretas y no en una fotografía política. ¿Está preparado el Estado mexicano para defender a sus ciudadanos frente a una política migratoria que considera sospechoso a todo extranjero sin papeles?