No quedará impune… otra vez.

El asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, un defensor incansable de los derechos humanos y activista por la paz en Chiapas, pone en evidencia la trágica ineficacia del gobierno mexicano tanto bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador como ahora bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum. Este crimen no solo simboliza el colapso de las promesas de protección estatal, sino que también desenmascara las contradicciones y omisiones en los mecanismos de seguridad implementados para proteger a quienes, como el padre Marcelo, luchan por la justicia social en un entorno hostil.

Desde 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado medidas cautelares para proteger al sacerdote, reconociendo el riesgo que corría por su labor. Sin embargo, es alarmante que, a pesar de estas advertencias, el Estado mexicano no haya cumplido con sus responsabilidades. Este no es un caso aislado: se trata de un patrón generalizado en donde el gobierno mexicano no ha sido capaz de garantizar la seguridad de los activistas y defensores de derechos humanos. Las medidas cautelares de la CIDH, supuestamente diseñadas para prevenir tragedias como esta, demostraron ser completamente ineficaces en un contexto donde el crimen organizado, la violencia y la impunidad prevalecen​.

Las declaraciones de Sheinbaum, lamentando el asesinato y prometiendo una investigación, suenan huecas. No hay forma de justificar la falta de acción efectiva para proteger al padre Marcelo, quien fue atacado a plena luz del día a pesar de haber recibido constantes amenazas de grupos delictivos. Esta inacción pone en entredicho las afirmaciones del gobierno sobre su compromiso con los derechos humanos y la justicia. La ironía es dolorosa: un sacerdote que luchaba por la paz, criminalizado y perseguido durante años, fue asesinado mientras el Estado, que debía garantizar su seguridad, miraba hacia otro lado​ (Nación321).

El padre Marcelo se había enfrentado a poderosos grupos criminales en Chiapas, muchos de ellos ligados al narcotráfico y a los conflictos territoriales. En las regiones donde operaba, los desplazamientos forzados, las ejecuciones extrajudiciales y el control de territorios por parte de estos grupos son el pan de cada día. Las amenazas contra su vida aumentaron notablemente desde 2020, año en que su voz se alzó más fuerte contra la violencia que sufren los pueblos indígenas. El gobierno sabía quiénes eran sus enemigos y conocía perfectamente el riesgo que corría. Aun así, no hizo nada​ (Front Line Defenders).

La muerte del padre Marcelo no solo cierra el capítulo de un líder clave en la lucha por la paz en Chiapas, sino que también profundiza la desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia del país. El Estado mexicano ha fallado, una vez más, en proteger a aquellos que dedican su vida a defender los derechos de los más vulnerables, demostrando que las promesas de cambio y protección para los activistas solo existen en los discursos.

El crimen organizado, que ya tenía al padre Marcelo en la mira desde hace años, sigue operando con total impunidad en Chiapas. A pesar de las advertencias y las solicitudes urgentes de diversas organizaciones de derechos humanos, ninguna acción concreta se llevó a cabo para detener este proceso de violencia y terror. No es sorprendente que Sheinbaum haya reaccionado con las mismas promesas vacías que en su día hizo AMLO: investigar exhaustivamente, hacer justicia… promesas que rara vez se cumplen en una tierra devastada por la corrupción, el crimen y la ineptitud gubernamental​.