Caso Francisco Garduño se cierra sin juicio por el incendio que mató a 40 migrantes

Las víctimas del caso Francisco Garduño anunciaron que apelarán el cierre del proceso.

El juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón sobreseyó la causa penal contra Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), al considerar que cumplió las condiciones fijadas para la suspensión condicional de su proceso. La resolución se dictó en Ciudad Juárez el martes 13 de octubre, tras una audiencia que duró más de siete horas.

La causa 237/2023 se inició por ejercicio ilícito del servicio público, a raíz del incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez. El fuego dejó 40 personas migrantes muertas y 27 lesionadas. La decisión judicial cierra el proceso penal contra Garduño, aunque la representación de las víctimas anunció que impugnará el fallo.

El juez dio por cumplidas las condiciones de la suspensión condicional

La resolución no llegó después de un juicio en el que se valorara la responsabilidad de Garduño tras un debate probatorio. En enero de 2025, un juez le concedió la suspensión condicional del proceso y estableció un plazo de 18 meses para cumplir medidas relacionadas con la reparación del daño y la prevención de nuevos hechos.

Entre las condiciones que el juez dio por satisfechas figuran el pago de indemnizaciones, una disculpa pública y cursos sobre derechos humanos y protección civil. Durante la audiencia también se revisó el cumplimiento de las medidas ante víctimas sobrevivientes y familiares de quienes murieron en el incendio.

La diferencia importa para entender el alcance del fallo. El juez extinguió la acción penal y sobreseyó la causa por considerar cumplidas las condiciones pactadas; no celebró un juicio que concluyera con una sentencia sobre la responsabilidad penal de Garduño por el incendio. Por eso, describir la resolución como una absolución dictada tras un juicio puede inducir a una lectura incorrecta del procedimiento.

La audiencia se desarrolló en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez. La Jornada informó que hubo interpretación a la lengua maya k’iche’ para atender a víctimas de origen guatemalteco, lo que da cuenta de la diversidad de nacionalidades de las personas afectadas.

Las víctimas rechazan la reparación y preparan una apelación

Garduño dijo al salir de la audiencia que había cumplido las condiciones de indemnización y disculpa. La representación legal de las víctimas rechazó la resolución y afirmó que la apelará; también señaló que algunas personas afectadas todavía requieren atención médica y que la disculpa no satisfizo a las familias.

Ese desacuerdo pone en el centro una pregunta distinta a la del cumplimiento formal de las condiciones: si las medidas acordadas respondieron a las necesidades de quienes sobrevivieron y de los familiares. El pago de una indemnización puede reparar parte del daño material, pero no elimina la pérdida de vidas ni resuelve por sí mismo las necesidades médicas, psicológicas y jurídicas que siguen abiertas.

El cierre de la causa tampoco equivale a una aceptación de la resolución por parte de las víctimas. Según la defensa, aún procede el recurso de apelación; el asesor jurídico de los afectados confirmó que buscarán impugnarla. La decisión, por tanto, no debe presentarse como firme mientras siga disponible esa vía de revisión.

El caso Francisco Garduño reabre el debate sobre la rendición de cuentas

La suspensión condicional permitió terminar anticipadamente el proceso penal si se cumplían las obligaciones impuestas. El recurso de apelación permitirá a la representación de las víctimas cuestionar la decisión del juez y su evaluación del cumplimiento, aunque no anticipa cuál será el resultado de la revisión.

La discusión tiene una dimensión institucional porque el incendio ocurrió bajo custodia del Estado en una instalación del INM. La responsabilidad pública en un centro de detención comprende las condiciones de seguridad, la supervisión y la protección de las personas retenidas. La resolución sobre Garduño se limita a su causa penal; no borra la gravedad del incendio ni convierte las medidas de reparación en una respuesta que todas las familias consideren suficiente.

También obliga a distinguir entre el término legal de una causa y la percepción pública de justicia. Para las autoridades judiciales, las condiciones cumplidas fueron suficientes para extinguir la acción penal. Para la representación de las víctimas, la resolución deja agravios pendientes y merece ser revisada. Ambas posiciones forman parte del proceso, pero solo la apelación permitirá que un tribunal examine formalmente la inconformidad.

Pensando en México

El caso Francisco Garduño involucra muertes y lesiones ocurridas dentro de una instalación migratoria federal, por lo que la discusión sobre reparación y responsabilidades afecta directamente a las instituciones mexicanas. ¿Qué condiciones deberían cumplirse para considerar suficiente la reparación cuando las víctimas estaban bajo custodia del Estado?

Fuentes: UnoTV, La Jornada, Aristegui Noticias, La Verdad Juárez