El huachicol salpica ahora a la Sedena tras revelarse nuevos vínculos bajo investigación

La FGR investiga una presunta red de huachicol que ahora alcanza a mandos de la Sedena.

El huachicol vuelve a colocar a las aduanas mexicanas bajo la lupa. A casi un año de que las autoridades desmantelaran una presunta red de contrabando de combustibles vinculada con mandos de la Secretaría de Marina, una nueva investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) apunta ahora hacia integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El caso mantiene abierta una de las mayores investigaciones sobre contrabando de hidrocarburos en México y plantea nuevas preguntas sobre la eficacia de la estrategia de militarización de las aduanas.

De acuerdo con información publicada por Reforma y retomada por diversos medios nacionales, la FGR busca detener a tres militares señalados por presuntamente permitir la entrada ilegal de aproximadamente 144 millones de litros de hidrocarburos a través de la aduana terrestre de Matamoros, Tamaulipas, entre junio y julio de 2025.

El huachicol vuelve a alcanzar a las aduanas militares

Las órdenes de aprehensión forman parte de una investigación que involucra a 13 personas entre militares, exfuncionarios y empresarios. Hasta el momento, siete ya fueron detenidas, mientras que tres integrantes del Ejército permanecen prófugos.

Entre ellos figuran los tenientes coronel Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, quienes ocuparon la titularidad de la aduana de Matamoros en distintos periodos, así como el teniente de policía militar Jorge García García, exsubdirector de operación aduanera.

Según la investigación, los dos primeros promovieron amparos contra el congelamiento de sus cuentas bancarias ordenado por las autoridades financieras, un procedimiento que forma parte de las medidas cautelares dentro del caso y que no constituye, por sí mismo, una prueba de responsabilidad penal.

Una operación basada en combustible disfrazado

La carpeta de investigación sostiene que la organización criminal habría introducido combustible al país simulando que se trataba de solución de cloruro de calcio, un producto químico empleado en procesos industriales.

El presunto operador principal sería Armando III Riestra Fernández, propietario de la empresa Servicios Aduanales JR, actualmente recluido en el penal federal del Altiplano. Su compañía habría gestionado los trámites de importación para los cargamentos, mientras que las empresas importadoras señaladas son Jumandi Group, de Aguascalientes, y Ferroservicios, con domicilio en Querétaro.

Las autoridades investigan si este mecanismo permitió el ingreso irregular de 144 millones de litros de hidrocarburos durante poco más de mes y medio, una cantidad que refleja la dimensión económica del presunto esquema de huachicol fiscal.

El caso estaría relacionado con otra investigación de mayor alcance

La nueva investigación aparece después del aseguramiento del buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico, también en Tamaulipas. Aunque la carga había sido declarada como aditivos para aceites lubricantes, las inspecciones determinaron que transportaba combustible.

Ese hallazgo dio origen a una investigación mucho más amplia que derivó en el desmantelamiento de una presunta red de contrabando integrada por empresarios, funcionarios y mandos militares. De acuerdo con las investigaciones oficiales citadas por distintos medios, esa organización habría coordinado al menos 69 operaciones entre junio de 2023 y marzo de 2025 para introducir ilegalmente alrededor de 564 millones de litros de combustible al país.

Hasta el momento, la FGR mantiene abiertas las investigaciones y será el proceso judicial el que determine las responsabilidades individuales de cada uno de los implicados.

La militarización de las aduanas vuelve al centro del debate

El caso reabre una discusión iniciada desde 2020, cuando el Gobierno federal decidió entregar el control de las aduanas a las Fuerzas Armadas. La Marina asumió la administración de los puertos marítimos, mientras que el Ejército quedó a cargo de las aduanas terrestres.

La decisión fue presentada entonces como una medida para reducir la corrupción y fortalecer el combate contra el contrabando. Se argumentó que la disciplina y estructura de las instituciones militares permitirían recuperar el control de puntos estratégicos para el comercio exterior.

Las investigaciones conocidas durante los últimos meses, tanto en instalaciones administradas por la Marina como ahora en una aduana bajo responsabilidad del Ejército, han vuelto a colocar esa estrategia bajo escrutinio público. Las acusaciones no implican responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas en su conjunto, pero sí alimentan el debate sobre los mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas dentro de un sistema que concentra funciones cada vez más amplias.

Pensando en México

El combate al huachicol ha sido una de las principales banderas de los últimos gobiernos, pero las investigaciones muestran que el problema puede adoptar formas mucho más complejas que las tomas clandestinas en ductos. Cuando las indagatorias alcanzan a funcionarios encargados precisamente de vigilar las aduanas, la discusión deja de centrarse únicamente en el crimen organizado y se traslada hacia los controles internos del Estado.

La investigación apenas se encuentra en desarrollo y serán los tribunales quienes determinen la responsabilidad de los señalados. Mientras tanto, el caso vuelve a plantear una cuestión de fondo: ¿basta con militarizar una institución para reducir la corrupción o también es necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia y fiscalización sobre quienes la administran?