Tribunal tumba la obligación de entregar datos biométricos para registrar líneas celulares

Fallo judicial reabre el debate sobre privacidad y registro obligatorio celular.

Un fallo judicial volvió a colocar en el centro del debate nacional el uso de datos biométricos en los procesos de identificación de usuarios de telefonía móvil. A pocos días de que concluya el plazo oficial para registrar líneas celulares en México, un tribunal federal concedió una suspensión a favor de un ciudadano para que pueda completar el trámite sin entregar huellas dactilares, reconocimiento facial ni CURP biométrica.

La resolución representa uno de los primeros reveses judiciales contra la exigencia de información biométrica en el nuevo esquema de registro telefónico impulsado por las autoridades. Aunque la decisión sólo beneficia al promovente del amparo, el caso abre interrogantes sobre los límites legales de la recopilación de información sensible y anticipa una batalla jurídica que podría extenderse durante los próximos meses.

El fallo fue emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, luego de que un usuario impugnara los requisitos exigidos por su proveedor de telefonía para registrar su línea. Entre ellos figuraban la CURP biométrica, huellas dactilares y una prueba de vida mediante fotografía o video.

Según el magistrado Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo, los lineamientos vigentes de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones establecen que el registro debe realizarse mediante una identificación oficial vigente y mecanismos de validación de identidad, sin que exista una disposición expresa que obligue a proporcionar biometría avanzada.

El tribunal cuestiona la exigencia de datos sensibles

La discusión jurídica gira alrededor de un punto clave: la diferencia entre verificar la identidad de una persona y recopilar información biométrica permanente.

Los magistrados consideraron que, al menos de manera preliminar, no existe fundamento suficiente para que las compañías telefónicas exijan a los usuarios entregar información tan sensible como huellas digitales o CURP biométrica para registrar una línea celular.

La resolución advierte además sobre los riesgos asociados al almacenamiento masivo de este tipo de información. El tribunal señaló que la recopilación de datos biométricos podría derivar en vulneraciones a la privacidad, filtraciones de información o incluso accesos indebidos por parte de terceros.

La preocupación no es menor. A diferencia de una contraseña o un número de identificación, los datos biométricos son permanentes. Si una base de datos que contiene huellas digitales o patrones faciales es comprometida, el usuario no puede simplemente reemplazar esa información como cambiaría una clave de acceso.

Por esa razón, el tribunal estimó necesario otorgar una protección provisional mientras se analiza el fondo constitucional del asunto.

Una decisión que sólo protege a un ciudadano

Pese al impacto mediático del caso, la resolución no elimina la obligación general del registro telefónico ni modifica la normativa vigente para el resto de los usuarios.

La suspensión únicamente protege a la persona que promovió el juicio de amparo. Mientras continúa el litigio, podrá conservar y registrar su línea sin proporcionar información biométrica adicional.

Este punto resulta relevante porque muchas personas interpretaron la noticia como una cancelación general del esquema de registro. Sin embargo, jurídicamente se trata de una medida individual.

El proceso judicial apenas comienza. El tribunal deberá analizar posteriormente si la exigencia de datos biométricos resulta compatible con los derechos constitucionales a la privacidad, protección de datos personales y acceso a las telecomunicaciones.

Dependiendo del resultado, el caso podría escalar a instancias superiores e incluso contribuir a la formación de criterios judiciales aplicables a futuros litigios.

Un debate que recuerda al polémico PANAUT

La controversia actual revive discusiones que México ya enfrentó años atrás con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el esquema que obligaba a millones de usuarios a entregar datos personales y biométricos para conservar sus líneas telefónicas. Los ministros concluyeron que la medida no superaba un análisis de proporcionalidad y generaba riesgos significativos para la privacidad.

La Corte consideró entonces que existían alternativas menos invasivas para perseguir objetivos de seguridad pública sin comprometer información altamente sensible de los ciudadanos.

Ese antecedente ha vuelto a cobrar relevancia debido a que los nuevos litigios también cuestionan si la recopilación masiva de datos biométricos resulta realmente necesaria para combatir delitos relacionados con el uso de líneas telefónicas.

Aunque el contexto regulatorio actual es distinto al del PANAUT, las preocupaciones de fondo son similares: privacidad, seguridad informática y protección de derechos fundamentales.

Las autoridades mantienen el registro obligatorio

Mientras los tribunales analizan los recursos legales, el proceso de registro telefónico continúa vigente.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha reiterado que la fecha límite para registrar líneas celulares permanece fijada para el 30 de junio de 2026 y que no existe una prórroga oficial en discusión.

La autoridad también ha sostenido públicamente que el procedimiento no requiere la entrega obligatoria de huellas digitales ni reconocimiento de iris. Según los lineamientos difundidos por la propia comisión, el trámite puede realizarse mediante identificación oficial y mecanismos de validación de identidad conocidos como prueba de vida.

No obstante, la diferencia entre la normativa y los procedimientos implementados por algunas empresas es precisamente uno de los puntos que originó los recursos legales.

La existencia de criterios distintos entre operadores y usuarios ha provocado incertidumbre sobre qué información puede solicitarse legítimamente durante el proceso de registro.

Una batalla legal lejos de concluir

El caso también refleja una situación más amplia: los tribunales mexicanos aún no muestran una postura completamente uniforme respecto al uso de biometría en los nuevos sistemas de identificación.

Mientras algunos órganos judiciales han concedido suspensiones para proteger a ciudadanos que rechazan entregar sus datos, otros han revocado medidas similares argumentando que prevalece el interés social vinculado a la seguridad pública y la localización de personas desaparecidas.

La coexistencia de resoluciones contradictorias anticipa nuevos litigios y aumenta la posibilidad de que instancias superiores tengan que intervenir para fijar criterios definitivos.

Por ahora, el fallo del Segundo Tribunal Colegiado representa un precedente importante para quienes cuestionan la obligación de proporcionar información biométrica como condición para acceder a servicios de telecomunicaciones.

Pensando en México

La discusión sobre los datos biométricos va mucho más allá del registro de una línea telefónica. Lo que está en juego es la relación entre tecnología, seguridad y derechos fundamentales en una sociedad cada vez más digitalizada.

México enfrenta el desafío de fortalecer mecanismos de identificación sin crear bases de datos que puedan convertirse en objetivos atractivos para ciberdelincuentes o redes criminales. La historia reciente demuestra que ninguna infraestructura informática está completamente libre de filtraciones.

Al mismo tiempo, las autoridades sostienen que mejorar los mecanismos de identificación puede contribuir a combatir delitos y reducir el uso anónimo de líneas telefónicas.

La pregunta que seguirá abierta es si el Estado puede alcanzar esos objetivos sin exigir información tan sensible como la biometría de millones de ciudadanos.

¿Consideras que la seguridad pública justifica la entrega obligatoria de datos biométricos para acceder a servicios de telefonía móvil?

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