“España está en peligro” por oleadas masivas de inmigrantes en Ceuta según Gobierno local

Vivas llevará al Poder Judicial la crisis migratoria que mantiene en alerta a Ceuta.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, anunció que trasladará al Poder Judicial la situación provocada por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. El dirigente autonómico comunicará a los presidentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que la ciudad autónoma está en peligro y reclamará una respuesta urgente del Estado.

La declaración se produjo después de un Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Ceuta, en un momento de creciente tensión política entre la administración local y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Vivas sostiene que la ciudad no puede recuperar la normalidad sin el retorno a Marruecos de las personas adultas que entraron de forma irregular.

Vivas llevará la crisis migratoria ante los tribunales

El presidente ceutí explicó que pretende solicitar una reunión con la presidenta del Tribunal Supremo y el presidente del Tribunal Constitucional para exponerles directamente la situación. Según señaló, su objetivo es que ambos conozcan la gravedad de la crisis, sin tratar de interferir en la independencia del Poder Judicial.

La iniciativa no constituye, al menos en los términos anunciados, una demanda judicial concreta contra el Gobierno central. Vivas pretende recurrir a las instituciones que forman parte de la estructura del Estado para presionar por una respuesta que considera insuficiente.

“El Estado tiene tres poderes”, afirmó el presidente de Ceuta al justificar su decisión. En su opinión, la ciudad ya ha reclamado al Ejecutivo, pero también debe acudir a las Cortes Generales y al Poder Judicial para trasladar sus demandas y buscar respaldo institucional.

Vivas anunció que su gobierno recurrirá igualmente a las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, las organizaciones empresariales y los sindicatos. La intención es convertir la crisis de los inmigrantes en Ceuta en una reclamación política y social de mayor alcance.

Una entrada masiva que el Gobierno local cifra en 70.000 personas

Según los datos expuestos por Vivas, alrededor de 70.000 inmigrantes llegaron desde Marruecos durante los dos últimos días de julio. La mayoría habría regresado posteriormente al país vecino, pero el presidente ceutí sostiene que todavía permanecen miles de personas en la ciudad.

Las cifras sobre el número de personas que continúan en Ceuta no coinciden entre las distintas administraciones. El Gobierno central ha manejado estimaciones inferiores a las de la Ciudad Autónoma, mientras que Vivas ha situado la cifra entre 8.000 y más de 12.000 personas.

La diferencia entre los cálculos oficiales ha alimentado el enfrentamiento político. El Ejecutivo central ha defendido que la respuesta conjunta con Marruecos permitió que la mayor parte de quienes cruzaron regresara en los días posteriores, mientras que el gobierno local considera que la presión sobre los servicios públicos todavía supera su capacidad.

La crisis de los inmigrantes en Ceuta también ha afectado al sistema de protección de menores. La ciudad pasó de atender a unos 180 menores no acompañados a tener cerca de 800 antes de la entrada masiva, y la cifra llegó a alrededor de 1.300 después de la avalancha.

El presidente exige recuperar la normalidad en 30 días

Vivas aseguró que el Estado cuenta con medios y capacidades suficientes para que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo máximo de 30 días. Para ello, reclama que todas las personas adultas que entraron durante los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.

El presidente autonómico ha insistido en que la administración local no puede asumir por sí sola una situación de estas dimensiones. La ciudad ha habilitado nuevos espacios y ha incrementado las plazas destinadas a menores, pero sostiene que las competencias y los recursos necesarios dependen en buena medida de la Administración General del Estado.

La exigencia de devolver a todas las personas que entraron irregularmente plantea dificultades jurídicas. La legislación española obliga a estudiar individualmente determinadas situaciones, entre ellas las solicitudes de protección internacional, y establece garantías especiales cuando se trata de menores no acompañados.

Por esa razón, el retorno no puede resolverse mediante una operación general sin evaluar las circunstancias de cada persona. Las autoridades deben determinar la identidad, la edad, la posible necesidad de protección y las condiciones de una eventual devolución, especialmente cuando existen menores involucrados.

Tensión entre Ceuta y el Gobierno de Sánchez

La disputa se ha intensificado tras la visita de la ministra de Sanidad, Mónica García, a la ciudad autónoma. Vivas criticó que el Gobierno central haya tardado en responder y sostuvo que Ceuta llevaba semanas alertando sobre el riesgo de una emergencia humanitaria.

El presidente ceutí relató que el 27 de julio comunicó a la secretaria de Estado de Seguridad que ya habían entrado alrededor de 1.500 personas a nado durante los días anteriores. Según su versión, pidió medidas extraordinarias, una declaración de emergencia y el nombramiento de un mando único para coordinar la respuesta.

Vivas afirmó que entonces se le respondió que se trataba de una situación habitual del verano. El dirigente considera que esa valoración impidió actuar con anticipación ante una crisis que, días después, alcanzó una dimensión mucho mayor.

El Gobierno central ha defendido su actuación y ha anunciado nuevos espacios temporales con capacidad para 1.500 personas. También ha reforzado la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la ciudad, mientras Marruecos mantiene medidas de control en la zona fronteriza.

Una crisis que combina seguridad, migración y protección de menores

La situación de los inmigrantes en Ceuta ha colocado al Estado ante un conflicto que no puede resolverse únicamente con más agentes o con declaraciones políticas. La frontera, la relación con Marruecos, la atención humanitaria, el derecho de asilo y la protección de los menores forman parte de un mismo problema.

Vivas sostiene que Ceuta está en peligro y que la ciudad no se va a rendir. El Gobierno central, por su parte, debe demostrar que puede coordinar una respuesta verificable, respetuosa con la ley y capaz de aliviar la presión sobre la administración local.

La disputa también revela la ausencia de una estrategia compartida para afrontar entradas masivas en las ciudades autónomas. Mientras el Ejecutivo local reclama retornos rápidos, el Gobierno central debe cumplir los procedimientos legales y garantizar que ninguna persona quede desprotegida.

Pensando en México

La crisis de los inmigrantes en Ceuta muestra cómo una emergencia fronteriza puede convertirse rápidamente en un conflicto institucional cuando las autoridades discrepan sobre las cifras, las responsabilidades y las soluciones. El lenguaje de “peligro” puede expresar una presión real sobre los servicios públicos, pero también puede alimentar una respuesta basada en el miedo si no se acompaña de datos claros y garantías legales. ¿Qué debería exigirse primero a un gobierno ante una crisis migratoria, control fronterizo, coordinación institucional o protección humanitaria?

Este contenido ha sido creado por DiarioYa gracias a la información de agencia Europa Press