Sheinbaum recula ante la polémica por los derechos de las audiencias calificado como censura

El Gobierno ajustará reglas sobre medios tras acusaciones de censura.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum anunció ajustes a los lineamientos sobre los derechos de las audiencias después de que la propuesta provocara críticas de opositores, especialistas, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y sectores empresariales, que advirtieron sobre un posible mecanismo de censura y autocensura en radio y televisión.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones confirmó que modificará algunos apartados del proyecto, principalmente los relacionados con las sanciones económicas a los concesionarios. La consulta pública permanecerá abierta hasta el 21 de agosto.

El retroceso ocurre mientras la Presidencia intenta contener el desgaste político provocado por una regulación que el Gobierno presenta como una herramienta para proteger a las audiencias, pero que sus críticos consideran ambigua y capaz de ampliar la intervención estatal sobre los medios.

El Gobierno modificará los apartados más cuestionados

La propuesta establece lineamientos para que las personas puedan identificar con mayor claridad cuándo reciben información, opinión o publicidad. También plantea obligaciones para los medios concesionados de radio y televisión, como la emisión de códigos de ética y la existencia de defensorías de las audiencias.

El problema se concentra en la forma en que se supervisarían esas obligaciones y en las consecuencias por incumplimiento. El proyecto sometido a consulta contempla multas de entre 0.01% y 1% de los ingresos anuales de los concesionarios.

Enrique Pavón Baños, secretario ejecutivo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, reconoció que las sanciones son el apartado que genera más objeciones. El funcionario anticipó que el organismo elaborará un informe con las observaciones recibidas y que habrá ajustes en el documento final.

La presidenta Sheinbaum también abrió la puerta a modificar la redacción. Su Gobierno sostiene que las sanciones no se aplicarían directamente a periodistas o conductores por sus opiniones, sino a las empresas concesionarias que incumplan las disposiciones establecidas en la ley.

La explicación no ha conseguido despejar las dudas. Para los críticos, una sanción económica contra el medio puede generar presión suficiente para que periodistas y comunicadores eviten abordar determinados asuntos, aunque formalmente no exista una penalización individual.

La polémica creció por las listas de periodistas

La discusión sobre los derechos de las audiencias se intensificó después de que Luisa María Alcalde, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, presentara desde Palacio Nacional un análisis sobre un supuesto ecosistema de amplificación digital crítico del Gobierno.

El material incluyó referencias a medios de comunicación, periodistas, analistas y políticos de oposición. Organizaciones y sectores de la prensa interpretaron la exposición como una forma de señalamiento público contra voces críticas de la administración federal.

La controversia resultó especialmente sensible porque ocurrió al mismo tiempo que el Gobierno defendía una nueva regulación para establecer responsabilidades sobre los contenidos transmitidos por radio y televisión.

Artículo 19 cuestionó el uso de recursos públicos para monitorear, clasificar y exhibir a periodistas, medios y personas críticas. La organización advirtió que presentar una supuesta red de amplificación digital sin explicar la metodología ni los criterios empleados puede afectar la libertad de expresión.

El Gobierno negó que existan listas de opositores o que se pretenda censurar a la prensa. La presidenta defendió a Alcalde y sostuvo que su administración únicamente busca responder a contenidos que considera falsos o engañosos.

El conflicto, con todo, debilitó el argumento oficial de que la nueva regulación se limita a ordenar la relación entre los medios y sus públicos. Para sus detractores, el problema no está en reconocer los derechos de las audiencias, sino en otorgar al poder público un margen demasiado amplio para definir qué contenido es incorrecto, descontextualizado o contrario a las obligaciones informativas.

Sheinbaum insiste en que no habrá censura

La presidenta ha repetido que “no hay censura ni va a haber” en su Gobierno. También ha afirmado que los lineamientos todavía no están aprobados y que se encuentran en una etapa de consulta pública para recibir comentarios de empresas, organizaciones civiles, académicos y ciudadanos.

Según la explicación oficial, el objetivo es evitar que la información se presente como opinión, que la publicidad se confunda con contenido editorial o que datos antiguos sean difundidos como si fueran actuales.

La intención puede ser legítima. Las audiencias tienen derecho a saber quién habla, bajo qué formato y con qué intereses. El reto consiste en construir reglas que protejan ese derecho sin convertir al Estado en árbitro de la verdad periodística.

Una regulación clara debería definir conductas concretas, procedimientos transparentes y autoridades independientes. También tendría que garantizar que las sanciones no se utilicen para castigar líneas editoriales, investigaciones incómodas o críticas al Gobierno.

La diferencia entre corregir una práctica engañosa y sancionar una postura editorial no puede quedar sujeta a interpretaciones abiertas. Cuando una norma permite decidir de manera imprecisa qué es información falsa, descontextualizada o dañina, los medios pueden optar por evitar ciertos temas antes de conocer si serán sancionados.

Ese efecto anticipado es el núcleo de la preocupación por la autocensura. No hace falta cerrar una estación ni despedir a un periodista para limitar la libertad de prensa. Basta con crear un entorno en el que las empresas consideren demasiado costoso publicar investigaciones, cuestionar al poder o difundir opiniones críticas.

Una reforma necesaria con controles insuficientes

La discusión sobre los derechos de las audiencias no debería reducirse a una disputa partidista. Las personas tienen derecho a recibir información diferenciada de la opinión y la publicidad, a presentar quejas y a exigir explicaciones cuando un medio incumple sus obligaciones.

El punto pendiente es quién vigilará al vigilante. La desaparición del antiguo Instituto Federal de Telecomunicaciones y la concentración de nuevas atribuciones en organismos vinculados al Gobierno alimentan la preocupación sobre la autonomía con la que se aplicarán los lineamientos.

Si la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones modifica las sanciones, pero conserva conceptos ambiguos y mecanismos de supervisión poco independientes, la polémica no desaparecerá. La percepción de censura puede mantenerse aunque el texto final presente cambios formales.

Los derechos de las audiencias requieren protección, pero también límites estrictos al poder regulador. Una norma diseñada para garantizar el derecho a la información no puede terminar convirtiéndose en un instrumento para disciplinar a los medios que cuestionan al Gobierno.

Pensando en México

Los derechos de las audiencias pueden fortalecer la calidad informativa si se aplican con criterios claros, transparencia y autoridades independientes. El problema aparece cuando una administración que ya señala públicamente a periodistas y medios críticos pretende decidir, al mismo tiempo, qué contenidos deben corregirse y qué empresas pueden ser multadas. ¿Puede existir una regulación confiable de la información cuando el poder político conserva la capacidad de interpretarla y sancionarla?