Sheinbaum asegura que «ya no hay huachicol en México» y se deslinda de López Beltrán

Sheinbaum niega vínculos de Andy López Beltrán con el huachicol fiscal.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el huachicol fiscal prácticamente ha desaparecido de México y rechazó que Andrés Manuel López Beltrán aparezca en las investigaciones sobre la red de contrabando de combustible. La declaración ocurrió durante la conferencia matutina del martes 18 de agosto, después de que circularan versiones que relacionaban al hijo del expresidente con la operación criminal.

Sheinbaum sostuvo que las indagatorias no contienen pruebas que vinculen a López Beltrán con el ingreso ilegal de gasolina o diésel al país. La mandataria atribuyó la difusión de esas versiones a intereses políticos y pidió esperar la información formal de la Fiscalía General de la República.

Sheinbaum matiza el alcance de su afirmación

La presidenta no presentó el fenómeno como un problema completamente resuelto en términos absolutos. Su mensaje fue que el huachicol fiscal se encuentra prácticamente desarticulado o en una fase mínima, debido a los operativos emprendidos por el Gobierno federal en aduanas, puertos, puntos de distribución y empresas relacionadas con la importación de combustibles.

La diferencia no es menor. El contrabando de combustible puede reducirse de manera significativa sin desaparecer por completo, sobre todo cuando participan redes con capacidad para falsificar documentos, modificar registros aduaneros, ocultar cargamentos y distribuir el producto mediante intermediarios.

La presidenta también señaló que el aumento en las ventas legales de Petróleos Mexicanos constituye una señal del avance gubernamental. La lógica oficial sostiene que, al reducir la presencia de producto introducido de manera irregular, una mayor proporción de los consumidores y distribuidores debe recurrir a los canales formales de suministro.

Las autoridades han presentado el combate a este delito como una de las líneas centrales de la estrategia de seguridad. La razón es económica y criminal: las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas también pueden obtener grandes ganancias mediante la importación ilegal de gasolina, diésel y otros derivados del petróleo.

La investigación que alcanzó a empresarios y funcionarios

El caso del combustible ilegal dejó de limitarse al robo de gasolina en ductos. En los últimos años, las investigaciones han identificado esquemas de importación con documentación falsa, clasificación incorrecta de mercancías y evasión de impuestos.

Una parte del combustible habría ingresado al país declarado como otro tipo de producto para evitar el pago de gravámenes. Una vez dentro de México, la mercancía podía ser almacenada y comercializada mediante empresas que aparentaban operar dentro de la legalidad.

Las indagatorias también han alcanzado a trabajadores de aduanas, funcionarios y miembros de instituciones públicas. La participación de personas con acceso a puertos, documentos y sistemas de control resulta clave para que una operación de esta escala pueda mantenerse durante periodos prolongados.

El Gobierno federal ha informado sobre aseguramientos, detenciones y procesos de extradición relacionados con empresarios establecidos en Estados Unidos. Sheinbaum confirmó meses atrás que México había solicitado la entrega de algunos ciudadanos estadounidenses señalados por su posible participación en el contrabando de combustibles y en la evasión fiscal.

La existencia de estas solicitudes muestra que el problema no se limita al territorio mexicano. Las redes pueden comenzar con la compra del producto en otro país, continuar con su traslado por vía marítima o terrestre y terminar con su distribución en estaciones, almacenes o puntos informales de venta.

El deslinde de Andy López Beltrán

La referencia a Andrés Manuel López Beltrán surgió en medio de publicaciones y versiones periodísticas que lo ubicaban, sin pruebas públicas concluyentes, dentro de las investigaciones sobre la red de combustible ilegal. Sheinbaum negó que el hijo del expresidente aparezca como implicado en los expedientes conocidos por el Gobierno.

La presidenta pidió distinguir entre una mención política y una acusación respaldada por una investigación ministerial. También señaló que corresponde a la Fiscalía informar quiénes son las personas investigadas y cuál es el estado procesal de cada expediente.

El deslinde adquiere una dimensión política porque López Beltrán ocupa un lugar relevante dentro de Morena y ha sido señalado como una de las figuras con mayor influencia en la estructura interna del partido. Cualquier vinculación con una trama de corrupción o delincuencia organizada tendría consecuencias sobre su imagen y sobre la dirección política del movimiento.

La discusión revela un problema recurrente en México: las acusaciones circulan con rapidez en redes sociales, mientras las pruebas judiciales suelen avanzar con lentitud y bajo reserva. La exigencia de transparencia debe aplicarse tanto a los funcionarios como a sus familiares y aliados políticos, pero sin convertir rumores en condenas anticipadas.

¿Desapareció realmente el huachicol?

La afirmación presidencial plantea una pregunta central sobre el alcance de los resultados. El huachicol puede haber disminuido en ciertas rutas, puertos o modalidades, pero la desaparición completa del negocio requeriría comprobar que las redes dejaron de operar, que los puntos de distribución fueron desmantelados y que las pérdidas fiscales se redujeron de forma verificable.

Organismos y medios especializados han señalado que una parte considerable del combustible vendido en México puede estar relacionada con operaciones irregulares. Las estimaciones varían y no todas tienen el mismo nivel de sustento, por lo que deben tratarse con cautela.

El Gobierno federal enfrenta el reto de presentar datos comparables que permitan medir los avances. No basta con anunciar decomisos o detenciones aisladas. También sería necesario informar cuántas investigaciones llegaron ante un juez, cuántas personas fueron condenadas, qué empresas perdieron permisos y cuánto dinero dejó de ingresar a las organizaciones criminales.

Pensando en México

El huachicol fiscal no es solo un delito contra Pemex o contra la recaudación pública. También encarece la competencia para las empresas legales, alimenta redes de corrupción y fortalece a grupos criminales capaces de infiltrar instituciones y mercados.

Si el Gobierno afirma que el problema está prácticamente terminado, tendrá que demostrarlo con cifras auditables, procesos judiciales y controles permanentes. La ciudadanía necesita saber si se desmanteló una estructura criminal o si solo se trasladó hacia otras rutas y modalidades.

Fuentes: Mexico News Daily, Infobae México, El Financiero, Los Angeles Times, Gobierno de México