Banco Nacional de ADN enfrenta retrasos mientras México busca a sus desaparecidos

El Banco Nacional de ADN enfrenta retrasos mientras el Gobierno mexicano intenta acelerar la identificación de personas desaparecidas.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que varios estados mantienen un rezago en el análisis de muestras genéticas necesarias para consolidar un sistema nacional de identificación. La mandataria explicó que en muchos casos sí se toman muestras a familiares, pero los laboratorios tardan en procesarlas y compartir sus resultados.

El anuncio forma parte de una estrategia federal para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y coordinar a la Fiscalía General de la República con las comisiones de búsqueda estatales y nacional.

El problema no se limita a tomar muestras

La creación de un banco de ADN requiere mucho más que reunir material genético. Las muestras deben obtenerse bajo protocolos confiables, analizarse en laboratorios acreditados, registrarse correctamente y compararse con bases de datos compatibles.

Sheinbaum señaló que existe retraso en los estados para concluir el análisis de las muestras. También reconoció que algunas personas fallecidas ni siquiera cuentan con huellas dactilares u otros elementos tradicionales de identificación.

La falta de coordinación entre fiscalías, servicios forenses y comisiones de búsqueda ha sido uno de los principales obstáculos para las familias. Una muestra tomada que permanece sin analizar no produce una identificación y tampoco permite cerrar una investigación.

El Gobierno federal pretende destinar más recursos para que los estados y la FGR aceleren el proceso. El reto será establecer responsabilidades concretas y plazos verificables.

Las familias siguen enfrentando una burocracia fragmentada

Las familias de personas desaparecidas suelen desplazarse entre instituciones, laboratorios y entidades federativas para entregar información que debería circular de manera coordinada. En algunos casos aportan fotografías, objetos personales, registros médicos y muestras biológicas sin recibir respuestas claras.

La fragmentación institucional tiene consecuencias humanas y jurídicas. Mientras una persona permanece sin identificar, sus familiares no pueden tramitar plenamente asuntos sucesorios, pensiones, seguros o reconocimientos legales.

También existe un problema de confianza. Las familias pueden negarse a entregar muestras si temen que la información sea utilizada con fines distintos a la búsqueda o que los resultados no sean protegidos adecuadamente.

Por eso, la estrategia debe incluir reglas de privacidad, trazabilidad de las muestras y mecanismos independientes de supervisión. La eficacia no puede medirse solo por el número de perfiles almacenados.

El anuncio necesita resultados comprobables

La promesa de un Banco Nacional de ADN responde a una demanda urgente, pero no representa por sí misma una solución. México necesita conocer cuántas muestras existen, cuántas han sido procesadas, cuántas coincidencias se han producido y qué estados presentan mayor rezago.

También tendrá que explicar qué ocurre con los cuerpos no identificados que permanecen en instalaciones forenses y cementerios. Un banco genético solo puede funcionar si está conectado con registros forenses completos y actualizados.

El Gobierno federal tiene una oportunidad para corregir una falla acumulada durante años. Para lograrlo deberá coordinar instituciones que han operado con criterios distintos y someter el proceso a auditorías públicas.

La identificación genética puede devolver un nombre a una persona desaparecida, pero no sustituye la investigación sobre las circunstancias de su desaparición ni la obligación de llevar a los responsables ante la justicia.

Pensando en México

El retraso reconocido por el Gobierno confirma que la crisis de desapariciones no es solo un problema de seguridad, sino también de administración pública, ciencia forense y derechos humanos.

Las familias necesitan resultados, no únicamente anuncios. Cada mes de demora prolonga la incertidumbre y aumenta la posibilidad de que se pierdan evidencias o se deterioren los registros.

¿Debería el Congreso establecer metas públicas y sanciones administrativas para las instituciones que no procesen las muestras dentro de los plazos establecidos?

Fuentes: Presidencia de México, FGR, INEGI, Vanguardia