Internacional
La destitución de José Jerí deja a Perú con siete presidentes en diez años y sin margen político
La destitución de José Jerí deja a Perú con siete presidentes en diez años en plena campaña electoral marcada por escándalos e incertidumbre.
La destitución de José Jerí no es un episodio aislado. Es la confirmación de un patrón que ya nadie puede ignorar. Con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, el Congreso dejó vacante de facto la Presidencia de la República a solo dos meses de las elecciones generales. Perú suma así su séptimo presidente en diez años y entra, otra vez, en una transición forzada.
Jerí había asumido el 10 de octubre de 2025 tras la salida de Dina Boluarte. Como presidente del Congreso, le correspondía ocupar la jefatura del Estado hasta los comicios de abril. Su encargo debía durar ocho meses. No llegó a cuatro.
La destitución de José Jerí ocurre en medio de una campaña electoral que ya estaba marcada por la fragmentación y el desgaste. El nuevo presidente tomará posesión en julio, pero el país enfrenta hoy una pregunta más urgente: ¿quién gobierna realmente cuando el poder cambia de manos cada pocos meses?
La destitución de José Jerí y una década de inestabilidad
Desde 2016, Perú ha tenido:
- Pedro Pablo Kuczynski 2016 a 2018
- Martín Vizcarra 2018 a 2020
- Manuel Merino noviembre 2020
- Francisco Sagasti 2020 a 2021
- Pedro Castillo 2021 a 2022
- Dina Boluarte 2022 a 2025
- José Jerí 2025 a 2026
Solo Sagasti completó el periodo que le correspondía como presidente de transición. El resto cayó entre investigaciones, choques con el Congreso o procesos judiciales.
La destitución de José Jerí consolida un récord incómodo en América Latina. El país mantiene formalmente su orden constitucional, pero el relevo constante erosiona la gobernabilidad. Cada presidente llega con margen reducido y sale antes de consolidar una agenda.
El “chifagate” y las reuniones bajo sospecha
El punto de quiebre fue el llamado “chifagate”. Un programa televisivo reveló que Jerí se reunió en un restaurante de comida china en San Borja con empresarios chinos. Ingresó encapuchado. La cita no figuraba en la agenda oficial.
Posteriormente trascendió que uno de los empresarios era investigado por presunta participación en una red de tráfico ilegal de madera y había visitado el Palacio de Gobierno en varias ocasiones.
La Fiscalía abrió una investigación preliminar por posibles delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Jerí negó irregularidades.
Días después surgieron denuncias adicionales: varias jóvenes que acudieron al Palacio habrían obtenido contratos con el Estado. El entonces presidente defendió que eran personas de confianza y rechazó trato de favor.
No hay sentencia. No hay condena. Pero el impacto político fue inmediato.
Una fórmula parlamentaria que genera debate
El Congreso no activó la vacancia por incapacidad moral permanente, que exige 87 votos. Optó por censurarlo como presidente del Congreso, mecanismo que requiere mayoría simple.
Juristas discuten si fue una interpretación ajustada al reglamento o una vía diseñada para sortear la mayoría cualificada. El resultado práctico es claro: la destitución de José Jerí deja al país con otro relevo exprés.
El debate de fondo no es solo jurídico. Es político. ¿Puede un sistema sostenerse si la confrontación entre Ejecutivo y Legislativo se convierte en regla?
Elecciones en abril y un electorado agotado
La primera vuelta electoral se celebrará el 12 de abril. El próximo jefe del Estado asumirá en julio.
Las encuestas muestran fragmentación extrema y altos niveles de desconfianza hacia la clase política. La economía arrastra el impacto de la incertidumbre. Inversiones postergadas. Proyectos en pausa. Un país que funciona, pero con freno de mano.
La destitución de José Jerí no sorprende. Lo que empieza a sorprender es que alguien logre terminar su mandato.
Hablando en serio
Para México y el resto de América Latina, lo que ocurre en Perú no es un espectáculo lejano. Es una señal sobre los límites del equilibrio institucional cuando la confrontación se vuelve permanente.
La inestabilidad encarece decisiones económicas y afecta relaciones comerciales regionales. También debilita la confianza ciudadana en la democracia como mecanismo de solución de conflictos.
Si cambiar de presidente cada pocos meses se normaliza, el problema deja de ser una persona y se convierte en un sistema tensionado al extremo.
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