¿Qué podemos hacer para defender la privacidad y revocar las leyes de vigilancia masiva?

El artículo “Rompecabezas” de Renán Martínez Casas describe cómo cinco reformas legales recientes en México encajan para formar un sistema de vigilancia masiva sin precedentes . Estas leyes obligan a toda persona a obtener una CURP biométrica (con huellas digitales y foto), crean una Plataforma Única de Identidad para monitorear en tiempo real el uso de esa CURP, ordenan la interconexión de múltiples bases de datos públicas y privadas (fiscales, bancarias, médicas, escolares, etc.), establecen una Plataforma Central de Inteligencia a cargo del Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional (de carácter militar) con acceso irrestricto a esos datos, y exigen que cada línea telefónica móvil esté vinculada a la CURP biométrica  . En conjunto, este andamiaje permite al Estado saber qué hacemos, dónde estamos y con quién hablamos, sin orden judicial – un poder que amenaza derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión . Lo más alarmante es que todo esto ya es ley vigente; no es una propuesta futura, sino una realidad presente . Si la sociedad no actúa, este nivel de vigilancia podría normalizarse y ser cada vez más difícil de desmantelar en el futuro .

¿Por qué debería preocuparnos?

Porque un Estado con estas herramientas puede perfilar a cualquier ciudadano, rastrear sus movimientos e incluso perseguir voces disidentes bajo el pretexto de la seguridad . La ausencia de controles judiciales y contrapesos convierte la vigilancia en un instrumento de control autoritario, intimidando a periodistas, activistas u opositores legítimos  . Vincular todos los teléfonos móviles a identidades biométricas elimina el anonimato y asfixia la libertad de expresión, pues en contextos de violencia e impunidad la gente teme hablar si sabe que el gobierno monitorea cada llamada o mensaje . En resumen, estas cinco “piezas” legales diseñan un Estado que presume que todos somos sospechosos y erosiona la democracia en nombre de un supuesto orden . Ante la pregunta “¿Quién vigila a los que nos vigilan?” , la ciudadanía debe asumir un rol activo. A continuación, se detallan medidas que la sociedad civil puede emprender para defender sus derechos y forzar la revocación o anulación de estas peligrosas disposiciones.

Difusión y concientización pública

Un primer paso crucial es informar a la población sobre la existencia y alcances de estas leyes. El propio artículo subraya la importancia de difundir esta información, de hacer saber “qué está en juego” y de “que se hable de esto en las casas, en las escuelas, en los trabajos” . Mientras más ciudadanos comprendan que no se trata de medidas inocuas de seguridad sino de un sistema de vigilancia masiva, mayor será la indignación y la presión para cambiarlas. Por ello, se recomienda:

Socializar el problema en redes sociales, foros comunitarios, medios independientes y conversaciones cotidianas. Explicar con ejemplos concretos cómo estas leyes afectan la vida diaria (por ejemplo, tu historial médico, bancario y de ubicación podrían ser consultados sin orden judicial ).

Desenmascarar las narrativas oficiales que justifican estas reformas. Las autoridades las “venden” como necesarias para combatir la delincuencia o buscar personas desaparecidas, pero la realidad es que habilitan el control estatal sin freno . Es importante comunicar que seguridad no es lo mismo que vigilancia indiscriminada, y que una ciudadanía vigilada difícilmente puede ejercer sus libertades.

Mantener el tema en la agenda pública. Promover debates, preguntas a funcionarios en eventos públicos, y exigir cobertura en la prensa. Entre más visibilidad tenga la denuncia de estas leyes, más difícil será que se normalice su aplicación. Recordemos que la apatía o el desconocimiento ciudadano son aliados del abuso de poder.

En síntesis, la conciencia colectiva es la base de la acción. Informar y educar a otros sobre las implicaciones de la CURP biométrica obligatoria, la plataforma de datos y la eliminación de controles judiciales sienta los cimientos para todas las demás medidas de resistencia.

Organización civil y apoyo a organizaciones defensoras

No estamos solos en esta defensa: numerosas organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos digitales, transparencia y derechos humanos ya han alzado la voz. El artículo llama explícitamente a organizarnos y “sumarnos a las campañas de las organizaciones que han levantado la voz: Fundar, y muchas más” . Estas organizaciones cuentan con expertos legales y en políticas públicas, por lo que respaldarlas multiplica el impacto de la ciudadanía. Algunas acciones en este frente incluyen:

Unirse a iniciativas y campañas existentes. Por ejemplo, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, SocialTIC, Transparencia Mexicana, Fundar, entre otras, han lanzado campañas contra la “Ley Espía” y el paquete de reformas de vigilancia. Sumarse a sus peticiones, firmar cartas abiertas y compartir sus informes fortalece la exigencia colectiva.

Participar en foros, talleres y mesas de trabajo organizados por estas ONG. Muchas realizan sesiones informativas y de capacitación para ciudadanos (webinarios, guías de protección digital, etc.), lo que ayuda tanto a entender mejor el problema como a difundir soluciones.

Voluntariado y donaciones: En la medida de lo posible, ofrecer tiempo o recursos a estas organizaciones. Su labor –que va desde el litigio estratégico hasta la incidencia legislativa y campañas públicas– requiere apoyo constante. Como bien indica el artículo, “cada palabra dicha, cada artículo escrito, cada protesta organizada, cada voz que se suma, es una pieza nuestra en defensa de lo común” .

Cabe destacar que estas organizaciones ya han logrado victorias importantes antes. Por ejemplo, en 2021 una coalición de ONG lanzó la campaña #NoAlPadrón contra el registro nacional de telefonía móvil (PANAUT) y brindó herramientas para que miles de personas presentaran amparos legales. Esa presión conjunta derivó en que la Suprema Corte invalidara el PANAUT en 2022 por violar la privacidad. Este precedente muestra que la coordinación ciudadanía–sociedad civil sí puede revertir medidas autoritarias. Por tanto, apoyar y amplificar el trabajo de quienes defienden nuestros derechos digitales es una de las estrategias más efectivas.

Movilización social y protesta pacífica

La protesta pública es otro mecanismo fundamental de defensa ciudadana. Cuando las vías institucionales fallan o se cierran, la gente en las calles visibiliza el descontento y puede frenar abusos. En este caso, ya hemos visto manifestaciones significativas: familiares de personas desaparecidas, colectivos y activistas organizaron protestas contra la llamada “Ley Espía” frente al Congreso, denunciando que bajo el pretexto de la búsqueda de desaparecidos se pretende instaurar un sistema de vigilancia masivaswissinfo.chswissinfo.ch. Estas movilizaciones incluyeron una “clausura simbólica” de la Cámara de Diputados con pancartas de “Espiar no es buscar” y fotos de desaparecidos, para enfatizar que la vigilancia no sustituye una búsqueda efectivaswissinfo.chswissinfo.ch.

Familiares de personas desaparecidas clausuran simbólicamente la Cámara de Diputados en Ciudad de México, protestando contra la “Ley Espía”. Denuncian que este paquete de reformas permite una vigilancia masiva sin precedentes (acceso a datos personales sin orden judicial y obligación de una CURP biométrica), mientras no atiende realmente la crisis de desaparecidosyucatan.com.mxyucatan.com.mx

La ciudadanía en general puede replicar y ampliar este tipo de movilizaciones. Algunas recomendaciones para la acción colectiva:

• Organizar marchas, plantones y mítines pacíficos en puntos simbólicos (el Congreso, Palacio Nacional, sedes de organismos de derechos humanos). Es importante invitar a diversos sectores –estudiantes, periodistas, académicos, colectivos feministas, sindicatos– para mostrar un frente amplio en defensa de la privacidad y la libertad.
• Creatividad en la protesta: utilizar símbolos (como candados o cámaras tachadas), performance, o simulacros de “vigilancia” para ilustrar el problema. Por ejemplo, la clausura simbólica del Congreso con la palabra “Clausurado por falta de compromiso con familiares de desaparecidos” pegada en la rejayucatan.com.mx envió un mensaje potente de denuncia. Este tipo de acciones creativas suelen atraer cobertura mediática y concientizan a quienes observan.
• Sumar las voces de los más afectados: tal como los familiares de desaparecidos se pronunciaron porque la vigilancia estatal no ayuda a encontrar personas pero sí pone en riesgo su laborswissinfo.chswissinfo.ch, también periodistas, defensores de derechos humanos y víctimas de espionaje (como las víctimas del malware Pegasus) podrían encabezar protestas contando sus experiencias. Personalizar el impacto de estas leyes genera empatía y urgencia.
• Persistencia y alcance nacional: no limitarse a una sola protesta en Ciudad de México. Repetir las acciones de forma sostenida y coordinada en distintas ciudades y estados, para mantener la presión. La historia muestra que protestas continuas sí han detenido leyes dañinas (por ejemplo, en 2011 la movilización frenó la Ley de Seguridad Nacional propuesta entonces, y más recientemente la presión social retrasó la implementación del PANAUT antes de su anulación definitiva).

En definitiva, llevar el descontento a las calles refuerza el mensaje de que la ciudadanía no está dispuesta a renunciar a sus derechos. La imagen de multitud de personas exigiendo privacidad y libertades puede motivar a más gente a unirse y obligar a las autoridades a reconsiderar.

Acciones legales: amparos y demandas de inconstitucionalidad

Mientras se protesta en la arena pública, es indispensable dar la batalla en los tribunales. El litigio estratégico puede proteger derechos individuales y, eventualmente, tumbar la normativa inconstitucional. Existen dos vías principales: los juicios de amparo promovidos por ciudadanos y las acciones de inconstitucionalidad impulsadas por órganos legitimados (como comisiones de derechos humanos u órganos autónomos). La ciudadanía puede aprovechar ambas formas:

Presentar amparos indirectos contra la aplicación de estas leyes. Cualquier persona cuyos derechos se vean afectados puede interponer un amparo. Por ejemplo, al tener que entregar datos biométricos para trámites básicos, o vincular su teléfono a la CURP bajo amenaza de cancelación del servicio, se lesiona su derecho a la privacidad y a la libre expresión. Ya existe el antecedente exitoso del amparo masivo contra el PANAUT: en 2021, miles de usuarios de celular presentaron demandas de amparo (facilitadas por la plataforma noalpadron.mx) para no entregar sus datos biométricos al registro telefónico obligatorio. Esos amparos obtuvieron suspensiones y finalmente contribuyeron a que la Suprema Corte revisara el caso. Siguiendo esa estrategia, organizaciones como R3D, Article 19 y el Colegio de Abogados podrían asesorar la interposición de amparos colectivos o por grupos (por ejemplo, periodistas argumentando riesgo de ser espiados, o ciudadanos comunes negándose a dar sus biométricos). Una lluvia de amparos pone de manifiesto el rechazo legal y puede frenar la implementación mientras los jueces deciden. Incluso si eventualmente la Suprema Corte conoce del tema vía otra acción, los amparos sirven para generar jurisprudencia y visibilizar el conflicto jurídico.

Impulsar acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. En México, si una ley nueva presume violar la Constitución, ciertos actores pueden pedir a la Suprema Corte su invalidez. En este caso, las reformas de vigilancia masiva claramente chocan con derechos fundamentales consagrados (privacidad –art. 16–, libertad de expresión –art. 6–, protección de datos personales –art. 16, segundo párrafo–, presunción de inocencia –art. 20, etc.). ¿Quiénes pueden solicitar la intervención de la Corte? Por un lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) podría interponer una acción de inconstitucionalidad contra estas leyes (tal como lo hizo contra el PANAUT en 2021, junto con el Instituto Nacional de Transparencia, INAI, y senadores de oposición). Lamentablemente, el INAI –que sería el órgano más indicado para defender la privacidad– lleva tiempo sin quorum por falta de nombramientos, pero la presión pública puede exigir su reactivación para que actúe. Por otro lado, un 33% de los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso (diputados o senadores) también está facultado para promover acciones de inconstitucionalidad. La ciudadanía debe exigir a los legisladores de oposición que cumplan ese rol. De hecho, sería esperable que partidos opositores (PAN, PRI, MC, PRD) que votaron en contra presenten inmediatamente la acción ante la Corte. Manifestar apoyo ciudadano a esa iniciativa –por ejemplo, mediante firmatones o cartas públicas a los líderes parlamentarios– puede alentarlos a proceder. También, si alguna de estas leyes afecta competencias de estados o municipios, las autoridades locales podrían presentar controversias constitucionales. La sociedad civil podría cabildear con gobiernos estatales preocupados (imaginemos que algún estado quiera proteger los datos de sus ciudadanos) para que acudan a la Corte.

El objetivo final de estos recursos legales es lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice la constitucionalidad de este “paquete de vigilancia”. Hay buenos indicios de que la Corte podría invalidar varios aspectos: recientemente ha emitido fallos a favor de la privacidad. Por ejemplo, en 2022 declaró inconstitucional el PANAUT al considerar que obligar a usuarios a entregar biométricos sin opción de consentimiento violaba el derecho a la privacidad y no era medida idónea ni proporcional para reducir el crimen. Asimismo, en 2023 la Corte invalidó artículos que permitían a la Guardia Nacional realizar operaciones encubiertas por estimar que violaban la privacidad y otros derechos fundamentales. Es decir, el máximo tribunal ya ha puesto límites a intentos de vigilancia excesiva y técnicas intrusivas del Estado. Con esos precedentes, una acción bien argumentada podría lograr que se revocaran (anularan) total o parcialmente las nuevas leyes –por ejemplo, declarando inválida la obligación de la CURP biométrica por violar la protección de datos personales, o eliminando la facultad de acceder a datos sin orden judicial por atentar contra el artículo 16 constitucional.

La ciudadanía común puede no tener acceso directo a la Corte, pero sí puede respaldar y monitorear estos litigios. Es crucial mantenerse informados sobre cuáles recursos se presentan y sus avances, para difundir las decisiones judiciales. En su momento, si la Corte abre el debate público (como ha hecho en casos relevantes), se pueden enviar amicus curiae (escritos de apoyo técnico) desde la academia y la sociedad civil para reforzar los argumentos en pro de los derechos humanos. En resumen, aprovechar todas las herramientas legales disponibles es esencial para forzar la revocación jurídica de este andamiaje de vigilancia.

Incidencia política: presión al poder legislativo y ejecutivo

Paralelamente a las vías judiciales, la ciudadanía puede ejercer presión política para que los propios poderes corrijan o deroguen estas disposiciones. Aunque estas reformas fueron impulsadas por la mayoría gobernante, el clima político puede cambiar por la voz ciudadana. Algunas medidas en este sentido son:

Contacto directo con representantes y funcionarios. Los ciudadanos tienen el derecho de peticionar a sus autoridades. Es válido enviar cartas, correos electrónicos o mensajes en redes sociales a diputados, senadores y a la Presidencia de la República, manifestando rechazo a las leyes de vigilancia. Si muchos ciudadanos lo hacen –de forma respetuosa pero firme–, los políticos perciben el costo social de mantener esas medidas. Por ejemplo, podría exigirse públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum (quien promovió estas iniciativas) que abra un diálogo con sociedad civil y expertos para reconsiderar las leyes. También, presionar al Senado para que nombre a los comisionados faltantes del INAI (organismo garante de datos personales), ya que su ausencia ha facilitado la aprobación de estas leyes sin contrapesos.

Impulsar una iniciativa ciudadana de ley para derogar o modificar estas reformas. La Constitución mexicana prevé que las y los ciudadanos pueden presentar iniciativas legislativas si reúnen un número suficiente de firmas (equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores)zarateabogados.com. Esto significa que con alrededor de 120 mil firmas se podría ingresar al Congreso una propuesta de derogación de las partes más lesivas de estas leyes (por ejemplo, eliminar la obligación de CURP biométrica y el acceso sin orden judicial a datos). Aunque la aprobación final dependa de la mayoría legislativa, forzar el debate ya es una victoria parcial –obliga a los congresistas a discutir el tema públicamente y a fijar postura. La campaña de recolección de firmas en sí misma puede servir para concientizar (simultáneamente es una actividad de difusión). Si la iniciativa ciudadana logra apoyo amplio y mediático, generaría presión sobre los legisladores oficialistas, especialmente de cara a futuras elecciones.

Aprovechar los procesos electorales. Precisamente, vincular el tema con el debate electoral puede forzar compromisos. En México habrá elecciones intermedias y locales en distintos años; la ciudadanía organizada puede cuestionar a los candidatos sobre su postura frente a estas leyes de vigilancia. Demandar promesas explícitas de derogación o reforma de dichas leyes como condición para el voto es una herramienta democrática. Si suficientes votantes muestran que este asunto influye en su decisión en las urnas, los partidos políticos podrían incluir en sus plataformas la revisión de estas políticas. Recordemos que en democracia, los políticos responden a incentivos electorales: hacer de la privacidad y la libertad temas de campaña puede revertir la balanza. Un ejemplo histórico fue la promesa de derogar la “Ley Mordaza” en España por parte de ciertos partidos tras protestas ciudadanas; algo similar puede intentarse aquí con la “ley espía”.

Seguimiento y escrutinio continuo. No basta con protestar una vez; la ciudadanía debe vigilar legislativamente. Esto implica asistir a sesiones públicas o foros del Congreso cuando se aborden estos temas, leer los dictámenes y exponerse en redes quienes votan en contra de los derechos. La transparencia y la memoria son poderosas: que los políticos sepan que sus actos (como haber aprobado estas leyes) les acarrean costo reputacional. A futuro, cualquier intento de profundizar en medidas de control (el artículo advierte que “el régimen tiene aún piezas por colocar” ) debe encontrar una ciudadanía alerta, lista para reaccionar. En suma, mantener la presión política constante puede lograr que, tarde o temprano, las autoridades cedan y reviertan estos excesos.

Autoprotección digital y resistencia tecnológica

Si bien el objetivo último es desmontar el marco legal opresivo, en el ínterin los ciudadanos también pueden tomar medidas de autoprotección para defender su privacidad en la práctica cotidiana. Estas acciones no revocan la ley por sí mismas, pero ayudan a mitigar sus efectos y envían un mensaje de resistencia. Algunas recomendaciones:

Uso de herramientas de cifrado y comunicación segura.

Ante la posibilidad de monitoreo de comunicaciones, es vital utilizar mensajería cifrada de extremo a extremo (como Signal, WhatsApp o Telegram en modo secreto) para conversaciones sensibles, y preferir aplicaciones de email con cifrado. Asimismo, navegar con VPN o Tor puede dificultar la creación de perfiles completos por parte del Estado. Si bien la ley obliga a vincular la línea telefónica con la identidad, el contenido de nuestras comunicaciones aún puede protegerse con tecnología segura (la intervención de comunicaciones privadas sigue requiriendo orden judicial según la Constitución, aunque intenten soslayarlo).

Minimizar la huella digital obligatoria.

En la medida de lo posible, limitar la entrega de datos personales. Por ejemplo, quien pueda evitar contratar líneas celulares adicionales (o dada la opción, usar servicios prepago con registros mínimos) tal vez reduzca su exposición. Del mismo modo, no proporcionar más datos de los legalmente requeridos en trámites y ejercer derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) cuando proceda, para tener control sobre información en posesión de autoridades. Aunque con estas reformas muchos datos se centralizarán sin consentimiento, ejercer el derecho a la protección de datos donde aún sea viable es una forma de frenar el apetito de datos del Estado.

Seguir buenas prácticas de ciberseguridad.

La vigilancia masiva suele apoyarse también en brechas de seguridad. Proteger dispositivos con contraseñas fuertes, autenticación de dos pasos, actualizar software y evitar aplicaciones sospechosas puede prevenir accesos no autorizados. Esto es relevante porque, como señala R3D, una base de datos masiva centralizada es sumamente vulnerable a hackeos y abusos. Los ciudadanos deben cuidarse no solo del mal uso estatal sino del robo de información por terceros. En la práctica, mientras menos concentrados estén nuestros datos, más seguros estaremos; por desgracia estas leyes centralizan todo, pero podemos cifrar información personal y ser cautelosos con lo que compartimos en plataformas.

Apoyar el desarrollo de herramientas contra la censura y vigilancia.

La comunidad técnica puede crear o promover software que detecte vigilancia (por ejemplo, apps que alerten de geolocalización activa), o difundir tutoriales de privacidad para usuarios comunes. La resistencia también puede ser innovadora: desde crear bases de datos falsas que envíen “ruido” al sistema, hasta usar masivamente mecanismos de reporte ante el INAI (cuando funcione) para cada consulta indebida de datos. La imaginación tecnológica al servicio de la privacidad puede aportar soluciones temporales mientras el cambio legal llega.

En resumen, no quedarse de brazos cruzados en el plano individual. Cada ciudadano puede tomar medidas para defender su privacidad día a día. Esto no solo brinda protección personal, sino que refuerza el mensaje político: si el Estado nos vigila, nosotrxs nos cuidamos y ciframos, demostrando rechazo al monitoreo invasivo. La combinación de resistencia tecnológica con las acciones sociales y legales antes descritas conforma una defensa integral.

No normalizar el abuso: perseverancia ciudadana

Finalmente, el artículo advierte algo esencial: “lo más importante es no normalizar el abuso. No justificar lo injustificable. No resignarnos” . Esta debe ser la actitud permanente de la ciudadanía. Defender la libertad de expresión y la privacidad no es solo tarea de periodistas o abogados, sino un deber colectivo para preservar nuestra democracia  . Cada persona puede contribuir manteniendo vivo el debate y no acostumbrándose a vivir bajo vigilancia.

En la práctica, esto significa que incluso si estas leyes tardan en revertirse, no debemos bajar la guardia. Si empiezan a implementarse, hay que documentar casos de abuso (por ejemplo, si se utiliza información obtenida sin orden judicial para intimidar opositores o filtrar datos personales, denunciarlo de inmediato nacional e internacionalmente). La opinión pública debe indignarse ante cada atropello. Asimismo, seguir exigiendo transparencia: aunque estas leyes eliminan algunos controles, insistir en conocer qué autoridades acceden a qué datos, con qué fines, y presionar por informes públicos. Esta vigilancia inversa (ciudadanía vigilando al vigilante) puede atenuar daños y dar argumentos para la derogación.

En conclusión, las medidas que puede tomar la ciudadanía van desde informarse y organizarse, protestar y litigar, hasta presionar políticamente y protegerse digitalmente.

No es una batalla de un día: requerirá tenacidad y unidad. Pero las lecciones del pasado –como la derrota del PANAUT– y la fortaleza de una sociedad que valora sus derechos indican que sí es posible frenar y revocar este tipo de reformas autoritarias. Todavía estamos a tiempo de impedir que se complete el “rompecabezas” de control total que describió Renán Martínez. Como él dijo, “si dejamos que se arme entero, el precio será demasiado alto: nuestra libertad, nuestra privacidad, nuestra voz” . Es un precio que la ciudadanía no debe ni va a pagar. Con información, organización y acción decidida, podemos y debemos forzar la marcha atrás de estas medidas, defendiendo así la democracia y el Estado de derecho en México.

Fuentes utilizadas: El artículo “Rompecabezas” de Renán Martínez Casas en Amexi amexi.com.mx ; comunicados y análisis de R3D y Article 19 r3d.mxifex.org; notas periodísticas de EFE/Diario de Yucatán yucatan.com.mx ; entre otras referencias vinculadas en el texto. Todas ellas coinciden en la gravedad de las nuevas leyes de vigilancia y respaldan las estrategias de defensa aquí propuestas.