Oaxaca endurece la ley y castiga con hasta 45 años de prisión estos casos de violencia sexual.

El embarazo infantil ya tiene un tratamiento legal más severo en Oaxaca tras la aprobación de una reforma al Código Penal y a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. Con esta decisión, el Congreso local establece que los embarazos en niñas menores de 14 años constituyen una modalidad de violencia sexual y deberán investigarse bajo ese enfoque, con sanciones equiparables a las previstas para el delito de violación.

La reforma fue aprobada por el pleno de la LXVI Legislatura con el voto favorable de 39 de los 42 diputados presentes. El objetivo, de acuerdo con los legisladores, es cerrar vacíos legales que dificultaban la identificación, atención e investigación de estos casos, además de fortalecer la protección de los derechos de niñas y adolescentes.

Una reforma que modifica el enfoque jurídico

Durante la Sesión Ordinaria, el Congreso aprobó un dictamen que adiciona un segundo párrafo a la fracción V del artículo 7 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.

Con esta modificación, la legislación reconoce expresamente que el embarazo infantil en niñas menores de 14 años constituye una modalidad de violencia sexual. La incorporación de esta figura busca que las instituciones competentes actúen de forma inmediata cuando se detecte un caso, dejando atrás interpretaciones que podían reducir el problema únicamente al ámbito de la salud pública.

Además, el Congreso adecuó el Código Penal del estado para establecer la responsabilidad penal de quien provoque este tipo de embarazos. La intención es que las investigaciones se conduzcan bajo la legislación aplicable a los delitos sexuales y no como hechos aislados o sin una perspectiva integral de protección a la infancia.

Penas de hasta 45 años de prisión

La reforma contempla sanciones severas para quienes resulten responsables.

Entre las medidas aprobadas destacan:

• De 40 a 45 años de prisión.
• Sin derecho a fianza.
• Multas de entre 100 mil y 200 mil pesos para la reparación del daño.

El nuevo marco jurídico también obliga a que las autoridades ministeriales y judiciales investiguen cada caso con perspectiva de género e infancia, privilegiando el interés superior de la niñez y evitando cualquier forma de revictimización durante los procesos legales.

El Congreso considera que estas modificaciones permitirán una respuesta institucional más rápida y consistente frente a delitos que afectan directamente el desarrollo físico, emocional y social de las menores.

El embarazo en niñas no puede entenderse como un problema aislado

La Comisión Permanente de Mujeres e Igualdad de Género, responsable de elaborar el dictamen, sostuvo que el Estado no debe considerar estos casos únicamente como una problemática sanitaria.

En su argumentación, las legisladoras señalaron que el embarazo en niñas menores de 14 años representa una manifestación de relaciones desiguales de poder, abuso y coerción. También subrayaron que, por su edad, las menores carecen de capacidad jurídica y de condiciones para emitir un consentimiento válido respecto de relaciones sexuales.

Bajo ese criterio, la existencia de un embarazo en este grupo de edad constituye un indicio objetivo de una agresión sexual que debe investigarse conforme a la legislación penal vigente.

Las diputadas también advirtieron que este fenómeno genera consecuencias que trascienden el ámbito personal.

Entre los principales impactos identificados se encuentran:

• Deterioro de la salud.
• Interrupción o limitación del acceso a la educación.
• Restricciones para el desarrollo personal.
• Afectaciones permanentes al proyecto de vida.

A juicio del órgano legislativo, estas consecuencias también contribuyen a reproducir condiciones de desigualdad y exclusión social que afectan especialmente a las niñas en situación de vulnerabilidad.

Una iniciativa para cerrar vacíos legales

La iniciativa fue promovida por la diputada de Morena, Jimena Yamil Arroyo Juárez.

La legisladora sostuvo que la reforma busca colocar el bienestar de las niñas en el centro de las decisiones públicas y fortalecer la obligación de las instituciones para investigar, proteger y procurar justicia sin revictimizar a las víctimas.

Durante la discusión del dictamen afirmó que «el embarazo infantil no debe ser normalizado, es un indicio de violencia sexual y debe ser atendido como tal».

Otro de los objetivos de la reforma consiste en mejorar el registro estadístico de estos casos para facilitar el diseño de políticas públicas enfocadas en prevenir y erradicar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de niñas y adolescentes en las ocho regiones de Oaxaca.

Los diputados señalaron que la legislación anterior reconocía diversas modalidades de violencia contra las mujeres, pero omitía mencionar de manera expresa el embarazo en menores de 14 años. Esa ausencia, argumentaron, dificultaba la actuación institucional y la construcción de políticas específicas para atender el problema.

Casos recientes mantienen el tema en la agenda

La discusión legislativa ocurre en un contexto donde Oaxaca continúa registrando casos de violencia sexual contra menores.

De acuerdo con la información presentada durante el debate, en lo que va del año se han reportado siete casos de embarazos en niñas y adolescentes. Tres corresponden a menores de 12 años y los restantes involucran a adolescentes, en hechos donde los presuntos responsables son alumnos de nivel bachillerato.

Asimismo, las autoridades informaron que en dos casos relacionados con embarazos en menores de 16 años ya existen personas vinculadas a proceso por delitos sexuales y ambas esperan una sentencia por parte de jueces locales.

Aunque la reforma endurece las consecuencias penales y fortalece el marco jurídico, su efectividad dependerá de la capacidad de las instituciones para investigar con rapidez, garantizar el acceso a la justicia y ofrecer protección integral a las víctimas. El reto no concluye con la aprobación de una ley, sino con su aplicación efectiva en cada caso y con políticas públicas que contribuyan a prevenir la violencia sexual contra niñas y adolescentes.

Pensando en México

La decisión del Congreso de Oaxaca puede convertirse en un referente para otras entidades que aún mantienen vacíos legales sobre este tema. El reconocimiento expreso del embarazo en niñas menores de 14 años como una manifestación de violencia sexual modifica la manera en que las autoridades deben intervenir y puede impulsar reformas similares en otros congresos locales. Sin embargo, la legislación por sí sola no resolverá un problema que también exige prevención, educación, atención médica, acceso a la justicia y seguimiento institucional. El verdadero desafío será traducir el cambio legal en investigaciones oportunas, sentencias efectivas y mecanismos que reduzcan la incidencia de estos casos. ¿Consideras que otros estados deberían adoptar una reforma similar para fortalecer la protección de la niñez?