Túnel clandestino en Guanajuato tenía electricidad y aire acondicionado para robar combustible

Hallan en Villagrán un túnel con aire acondicionado conectado a Pemex.

Un túnel clandestino en Guanajuato, equipado con instalaciones eléctricas y aire acondicionado, fue localizado en el municipio de Villagrán, conectado directamente a un ducto activo de Petróleos Mexicanos. El hallazgo expone el nivel de organización y recursos empleados para extraer combustible de manera ilegal en una de las zonas más afectadas por el robo de hidrocarburos.

El operativo fue realizado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y personal de Seguridad Física de Pemex, después de una denuncia anónima que alertó sobre una toma clandestina dentro de un inmueble situado en la periferia de Villagrán.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició las investigaciones que permitieron ubicar el predio. En el lugar, un portón blanco funcionaba como fachada y acceso a la estructura subterránea.

El túnel tenía 50 metros y conexión con un ducto activo

Las autoridades localizaron una excavación de aproximadamente 50 metros de longitud y cuatro metros de ancho. La estructura estaba reforzada con polines de madera y sacos de tierra, un sistema rudimentario destinado a reducir el riesgo de derrumbes mientras se realizaban las labores de extracción.

En el interior había cableado para iluminación, tendido eléctrico, herramientas y un sistema de aire acondicionado. La existencia de estos elementos indica que el espacio podía ser utilizado durante periodos prolongados y que quienes operaban la toma clandestina habían acondicionado el lugar para trabajar bajo tierra.

El túnel estaba conectado con un ducto activo de Pemex mediante dos mangueras de alta presión. Las autoridades aseguraron la infraestructura y pusieron el inmueble a disposición de la autoridad federal responsable de integrar la carpeta de investigación.

El hallazgo de las mangueras constituye uno de los indicios principales sobre el mecanismo empleado para sustraer el hidrocarburo. La conexión directa con una línea en operación también elevaba el riesgo de explosiones, incendios, intoxicaciones y afectaciones a las comunidades cercanas.

Villagrán forma parte de una zona marcada por el huachicol

Villagrán se encuentra en el corredor industrial y energético del centro de Guanajuato, una región atravesada por ductos estratégicos para el traslado de combustibles. El municipio también es identificado como una zona de influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima, organización vinculada históricamente con el robo, almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos.

La relación entre el huachicol y los grupos criminales ha convertido las tomas clandestinas en un problema que rebasa el robo patrimonial. La extracción ilegal puede financiar otras actividades delictivas, generar disputas territoriales y someter a comunidades enteras a riesgos que permanecen invisibles hasta que ocurre una explosión o un derrame.

La infraestructura encontrada en Villagrán no corresponde a una perforación improvisada. La excavación, el refuerzo de las paredes, la instalación eléctrica y el sistema de ventilación muestran una operación que exigía conocimiento técnico, inversión y una logística capaz de mantener el sitio activo sin llamar la atención.

Las autoridades no informaron sobre personas detenidas durante el operativo. Tampoco se precisó la identidad del propietario del inmueble ni el volumen de combustible que habría sido extraído desde la conexión con el ducto.

El riesgo supera el valor económico del combustible

Cada toma clandestina representa una amenaza para trabajadores, vecinos y automovilistas. La manipulación de hidrocarburos bajo tierra puede generar acumulación de vapores, fallas estructurales y explosiones capaces de causar muertes en cuestión de segundos.

En abril de 2026, cuatro personas murieron en Acolman, Estado de México, después de quedar atrapadas en un túnel conectado con una toma ilegal. El caso recordó que estas estructuras no solo sirven para sustraer gasolina o diésel, sino que también pueden convertirse en trampas mortales para quienes participan en la extracción.

El antecedente más grave ocurrió en Tlahuelilpan, Hidalgo, en enero de 2019, cuando la explosión de una toma clandestina provocó la muerte de al menos 137 personas. La tragedia mostró el alcance de un fenómeno que combina pobreza, mercado ilegal, corrupción, falta de controles y presencia de organizaciones criminales.

La infraestructura asegurada en Villagrán no produjo, hasta ahora, un siniestro de esa magnitud. El peligro, aun así, estaba presente desde el momento en que las mangueras fueron conectadas a un ducto con combustible presurizado.

El decomiso no resuelve el problema del robo de combustible

La localización del túnel representa un golpe para quienes operaban la toma, pero no permite afirmar que el problema esté controlado. Las autoridades han encontrado estructuras semejantes en distintos estados, con pasadizos excavados bajo viviendas, talleres, bodegas o predios aparentemente abandonados.

En febrero de 2026, fuerzas de seguridad localizaron otro túnel de 22 metros conectado con un ducto de Pemex en Hidalgo. El caso mostró que las organizaciones dedicadas al robo de combustible han recurrido a excavaciones subterráneas para ocultar las conexiones y dificultar su detección desde la superficie.

Pemex ha reconocido en distintos reportes la persistencia de las tomas ilegales en su red de ductos. El problema no depende únicamente de la vigilancia militar o de la clausura de cada punto detectado, porque también intervienen la venta clandestina, la protección local, el lavado de recursos y la demanda de combustible barato.

El reto para las instituciones consiste en identificar quién financia estas obras, quién facilita el acceso a los ductos, quién distribuye el hidrocarburo y qué funcionarios permiten que las operaciones se mantengan durante meses. Sin investigaciones que lleguen a esas redes, cada túnel clausurado puede ser reemplazado por otro.

Una advertencia para Guanajuato

El túnel clandestino en Guanajuato revela una capacidad operativa que no puede explicarse como un acto aislado de delincuencia menor. La existencia de aire acondicionado y electricidad demuestra que el robo de combustible cuenta con métodos, herramientas y espacios diseñados para sostener la actividad.

El gobierno estatal y las autoridades federales deberán informar si hubo detenidos, cuánto combustible fue sustraído y qué medidas se tomarán para proteger a la población cercana. La operación fue desmantelada, pero la estructura criminal que la hizo posible todavía debe ser identificada y llevada ante la justicia.

Pensando en México

Para México, el túnel clandestino en Guanajuato confirma que el huachicol continúa siendo un problema de seguridad, economía y protección civil. La respuesta oficial no puede limitarse a anunciar aseguramientos, porque cada toma representa una posible tragedia y una pérdida constante para las finanzas públicas. ¿Cuántos túneles más deben aparecer antes de que las autoridades expliquen quién permite que estas redes sigan operando?

Fuentes: ContraRéplica, El Financiero, N+, Reuters