Sheimbaum se irrita y usa tribunales para tratar de callar al abogado de Ovidio Guzmán

La presidenta respondió con una querella legal a un abogado que la acusó de ser “el brazo de relaciones públicas del narco”. Es una vergüenza. Ese abogado, en un foro público frente al país, soltó esa frase. Y en lugar de responder con argumentos, el gobierno acudió al poder judicial. Nos están viendo la cara.

Los hechos son claros. En junio de 2025, durante una comparecencia en el Congreso, el abogado Luis R. acusó a la presidenta de proteger la imagen pública del crimen organizado. Fue directo y certero. No se trató de un comentario menor en redes, fue en un recinto oficial. La respuesta del Ejecutivo no fue un contraargumento, fue una demanda por daño moral. El cinismo no tiene límites.

Este episodio choca directamente con el caso Ovidio Guzmán. Ahí, el Estado cedió, pactó y excusó errores de fondo. Ahora, cuando alguien alza la voz contra esa misma estructura de impunidad, el Gobierno saca la artillería legal para callar. ¿Difamación o censura preventiva? Cuando el gobierno se pelea con los abogados del narco, no es debate: es intimidación disfrazada de litigio.

Hay datos duros que dan pavor: en los últimos seis meses, la administración ha promovido al menos cinco demandas por “daño moral” contra quienes han cuestionado su actuar. Abogados, periodistas, un académico. No es casualidad. Es un patrón sistemático: señalar una posible relación con el narco y recibir amenazas judiciales es la nueva norma.

Tenemos testimonio de Manuel G., un jurista independiente: “No es una demanda, es una advertencia: no hablen o tienen consecuencias”. Esa frase retumba. Porque no se trata de un solo caso, es un mensaje dirigido a todos. El Ejecutivo está en modo autodefensa extrema: confunde crítica con ataque, y democracia con pleitesía.

Ciudadanos, despierten: esto va más allá de una acusación. Es un divorcio entre la gobernabilidad y la libertad de expresión. México merece otra cosa: merece debate público, no juicios exprés impulsados desde el poder; merece transparencia, no fatales intentos de tapar voces incómodas.

Si toleramos este atropello, mañana podrían demandar a cualquiera que cuestione sus pifias. La presidenta debería invertir su tiempo en combatir la corrupción, no en litigar con la desacreditación como estratagema. No hay peor señal de impunidad que usar tribunales para intimidar. La justicia no se ejerce con demandas selectivas.

México merece justicia real, no pantallas judiciales creadas para apagar críticas.