UNACH inicia diplomado “Prevención de la violencia política en razón de género en entornos digitales y mediáticos” en Chiapas

La violencia política en razón de género será abordada en un diplomado organizado por la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. El programa fue inaugurado en Tuxtla Gutiérrez y se desarrollará mediante actividades presenciales y en línea, con la participación de juristas y especialistas en la materia.

La iniciativa busca prevenir agresiones que puedan limitar la participación de las mujeres en la vida pública, especialmente cuando se producen mediante redes sociales, medios de comunicación y otras plataformas digitales. Su presentación coincidió con la conmemoración de los 71 años de la primera participación de las mujeres en una elección federal en México.

UNACH y Tribunal Electoral impulsan formación especializada

Durante la inauguración, el rector de la UNACH, Oswaldo Chacón Rojas, sostuvo que la colaboración con el Tribunal Electoral resulta relevante para cumplir la misión social de la universidad y fortalecer el acceso a la justicia.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Magali Arellano Córdova, señaló que uno de los principales desafíos consiste en garantizar que ninguna mujer vea limitada su participación política por agresiones cometidas en entornos digitales o mediáticos.

La funcionaria explicó que el diplomado forma parte de la iniciativa Mazo Morado, impulsada por el tribunal. Según expuso, las mujeres participantes deberán trasladar los conocimientos adquiridos en el ámbito académico a la realidad social y a la defensa de los derechos político-electorales.

También participaron la secretaria para la Inclusión Social y Diversidad Cultural, Jazmín González González; la titular de la SIRESU-UNACH, Mónica Guillén Sánchez, y la estudiante Helen Patricia Barrios García.

La estudiante consideró que el programa refleja el compromiso institucional con la democracia, la igualdad sustantiva y la protección de los derechos políticos y electorales de las mujeres. El diplomado tendrá un formato híbrido, aunque la información difundida no detalla su duración, calendario completo ni el programa de asignaturas.

Qué se considera violencia política en razón de género

La legislación y los criterios electorales mexicanos identifican como violencia política contra las mujeres en razón de género aquellas acciones u omisiones dirigidas contra una mujer por ser mujer, cuando buscan o consiguen limitar, anular o menoscabar sus derechos político-electorales, incluido el ejercicio de un cargo público.

La conducta puede manifestarse mediante amenazas, hostigamiento, intimidación, difamación basada en estereotipos, divulgación de información privada, acoso digital, campañas coordinadas de desprestigio o expresiones que pretendan expulsar a una mujer del debate público por su condición de género.

El Instituto Nacional Electoral distingue este tipo de agresiones de la crítica política legítima. Una mujer que ocupa un cargo público puede ser cuestionada por sus decisiones, su desempeño, el uso de recursos o sus propuestas. El problema aparece cuando el ataque se origina en su condición de mujer, reproduce estereotipos discriminatorios o produce una afectación diferenciada.

La violencia política en razón de género puede ocurrir en periódicos, radio y televisión, pero también en redes sociales, servicios de mensajería, páginas web y plataformas de video. La velocidad de difusión, el anonimato y la posibilidad de replicar contenidos miles de veces pueden incrementar sus consecuencias.

La protección no debe convertirse en censura

La existencia de agresiones reales contra mujeres que participan en política justifica la creación de mecanismos de prevención, denuncia y sanción. El reconocimiento de ese problema no debería impedir una discusión crítica sobre los límites del concepto ni sobre la forma en que las instituciones lo aplican.

El riesgo aparece cuando cualquier comentario incómodo, investigación periodística, sátira, cuestionamiento político o juicio negativo sobre una funcionaria se presenta automáticamente como violencia de género. Esa interpretación podría transformar una herramienta de protección en un mecanismo de presión contra periodistas, opositores, ciudadanos y medios de comunicación.

La sospecha resulta especialmente razonable cuando el concepto se extiende al conjunto de los entornos digitales y mediáticos sin explicar con precisión qué conductas serán estudiadas, qué autoridad decidirá si existe una infracción y qué garantías tendrá la persona señalada. Un diplomado de esta naturaleza debería enseñar a diferenciar entre amenazas, acoso y campañas discriminatorias, por una parte, y crítica, parodia, opinión o denuncia periodística, por otra.

El Tribunal Electoral ha reconocido que la libertad de expresión tiene un papel central en el debate político y que las figuras públicas están expuestas a un nivel mayor de escrutinio. Las respuestas frente a expresiones que resulten injustas o desagradables no pueden reducirse siempre a la persecución administrativa o judicial. En muchos casos deben prevalecer la réplica, la presentación de pruebas y la deliberación pública.

La violencia política en razón de género tampoco debería convertirse en una etiqueta útil para resolver disputas internas, silenciar adversarios o blindar a representantes públicas frente a la rendición de cuentas. Si se emplea de manera indiscriminada por razones de agenda institucional, rentabilidad política o populismo, el concepto perdería precisión y las verdaderas víctimas podrían enfrentar más dificultades para ser escuchadas.

Reglas claras para proteger derechos

La prevención requiere criterios verificables. No basta con afirmar que una expresión generó incomodidad o afectó la reputación de una funcionaria. Debe demostrarse el vínculo con su condición de mujer, el impacto diferenciado, la intención o el resultado de limitar sus derechos y el contexto en que ocurrió la conducta.

También debe garantizarse el derecho de audiencia de la persona denunciada. La eliminación de contenidos, la imposición de sanciones o la restricción de cuentas pueden afectar la libertad de expresión y deben estar sujetas a procedimientos transparentes, resoluciones motivadas y posibilidades reales de defensa.

El diplomado de la UNACH y el Tribunal Electoral tendrá sentido si forma especialistas capaces de proteger a las mujeres sin convertir la discrepancia en una infracción. La defensa de la participación política femenina y la libertad de expresión no son objetivos incompatibles, pero exigen precisión jurídica, prudencia institucional y disposición para revisar los abusos de cualquier lado.

Pensando en México

La violencia política en razón de género sigue siendo un problema cuando busca expulsar a las mujeres de la vida pública mediante amenazas o campañas discriminatorias.
La respuesta institucional debe proteger a las víctimas sin crear zonas de inmunidad para quienes ejercen cargos públicos.
Las redes sociales requieren reglas claras, pero también garantías frente a denuncias estratégicas o abusivas.
La crítica política y el periodismo deben conservar espacio para investigar y cuestionar.
La pregunta es quién vigilará que la protección contra la violencia no termine justificando censura.