Keiko Fujimori desplegará a los militares en las calles de Perú para combatir la delincuencia

Keiko Fujimori anuncia el despliegue militar contra el crimen en Perú.

Keiko Fujimori anunció que los militares en las calles de Perú comenzarán a apoyar a la Policía Nacional durante los próximos días, como parte de la estrategia de su Gobierno contra la inseguridad ciudadana. El despliegue incluirá espacios públicos, el sistema de transporte y los centros penitenciarios.

La presidenta peruana comunicó la medida mediante un video difundido en sus redes sociales, pocos días después de asumir el cargo. Su administración ha colocado la lucha contra el crimen entre sus principales prioridades, en un país afectado por el avance de la delincuencia organizada y una prolongada crisis de seguridad.

El Ejército apoyará a la Policía y vigilará el transporte

“En los próximos días, las Fuerzas Armadas estarán en las calles y también en el sistema de transporte”, afirmó Fujimori durante su mensaje. La mandataria presentó la participación militar como un mecanismo de respaldo a las labores que ya realiza la Policía Nacional del Perú.

El anuncio no establece todavía cuántos efectivos serán movilizados, en qué ciudades comenzará el operativo ni cuáles serán las reglas concretas de actuación. Tampoco se han detallado los plazos de permanencia, la cadena de mando o los delitos específicos que justificarán la intervención de los militares en las calles de Perú.

La medida responde a una promesa formulada durante la campaña electoral, cuando Fujimori planteó recurrir a las Fuerzas Armadas para recuperar el control de zonas afectadas por la criminalidad. La presidenta ha vinculado el despliegue con la necesidad de restablecer el orden y ofrecer una respuesta visible ante el temor de la población.

El Gobierno pretende que la presencia militar tenga una función complementaria y no sustituya a la Policía. Esa diferencia será relevante, porque las Fuerzas Armadas están preparadas para tareas de defensa y seguridad nacional, mientras que la investigación de delitos, la detención de sospechosos y el trabajo de inteligencia criminal corresponden principalmente a los cuerpos policiales.

También habrá apoyo militar en las cárceles

Fujimori informó que el Consejo de Ministros aprobó la colaboración de las Fuerzas Armadas con el Instituto Nacional Penitenciario, conocido como INPE. Los militares participarán en la seguridad de los centros penitenciarios, aunque el Gobierno todavía no ha especificado si su función será custodiar instalaciones, controlar accesos o liberar a los agentes penitenciarios de determinadas tareas.

La decisión amplía el papel de los militares en las calles de Perú hacia un ámbito especialmente sensible: el sistema carcelario. Las prisiones son consideradas por las autoridades un punto estratégico para contener la actividad de organizaciones criminales, coordinar extorsiones y mantener redes de narcotráfico.

El refuerzo militar en los penales podría permitir que la Policía concentre parte de sus recursos en labores de patrullaje e investigación. También plantea interrogantes sobre la supervisión de los efectivos, el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad y la responsabilidad institucional ante posibles abusos.

La participación de las Fuerzas Armadas en tareas internas exige una definición precisa de sus atribuciones. Sin protocolos públicos, controles civiles y mecanismos de rendición de cuentas, una medida presentada como apoyo temporal puede convertirse en una práctica permanente difícil de evaluar.

La seguridad será el eje inicial del Gobierno

La decisión forma parte de una agenda más amplia anunciada por Fujimori al inicio de su mandato. La presidenta también se ha comprometido con la reconstrucción de regiones del departamento de Junín afectadas por el terremoto de mediados de julio y con la preparación del país ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

La inseguridad, las emergencias naturales y la capacidad limitada del Estado colocan a la nueva administración ante varios frentes simultáneos. En ese contexto, la presencia de militares en las calles de Perú busca transmitir una respuesta inmediata, aunque su eficacia dependerá de la coordinación con la Policía, la fiscalía y el Poder Judicial.

El anuncio coincide con una etapa de fuerte preocupación ciudadana por la delincuencia y con demandas para endurecer la respuesta estatal. Fujimori ha construido parte de su discurso político alrededor de la recuperación del orden, una promesa que conecta con sectores que perciben al Estado como incapaz de protegerlos.

El riesgo consiste en reducir la política de seguridad a la exhibición de uniformes y armamento. El patrullaje puede reforzar la vigilancia en determinados lugares, pero no resuelve por sí solo las causas de la extorsión, el control territorial de las bandas, la corrupción institucional, el lavado de dinero ni la debilidad de las investigaciones.

Una estrategia sostenida necesitará inteligencia, policías especializados, fiscales con recursos, jueces protegidos y un sistema penitenciario bajo control efectivo. La intervención militar puede producir una sensación inicial de seguridad, pero sus resultados tendrán que medirse con detenciones sustentadas, reducción de delitos y condenas firmes, no únicamente con el número de soldados desplegados.

Un retorno con una carga política evidente

Keiko Fujimori llega al poder después de tres intentos fallidos de alcanzar la presidencia y en medio de una historia política marcada por la influencia de su padre, Alberto Fujimori. Su propuesta de recurrir a las Fuerzas Armadas para combatir el crimen recupera una tradición de mano dura asociada al fujimorismo, aunque la presidenta deberá demostrar que la medida se aplicará dentro del marco institucional.

El despliegue de militares en las calles de Perú también tendrá una lectura política. Fujimori necesita mostrar resultados rápidos ante una ciudadanía que exige seguridad, pero enfrenta el reto de no convertir la emergencia criminal en una justificación para debilitar los controles democráticos.

La experiencia regional muestra que la militarización de la seguridad puede ganar respaldo cuando la población vive bajo amenaza. El problema aparece cuando esa presencia se prolonga sin objetivos verificables, sustituye a las instituciones civiles o termina normalizando la intervención castrense en la vida cotidiana.

Por ahora, la presidenta ha anunciado la decisión, pero faltan los detalles que permitirán evaluar su alcance real. La pregunta central será si el Gobierno utilizará a los militares en las calles de Perú como apoyo puntual a una política policial fortalecida o como el principal rostro de su estrategia contra la delincuencia.

Pensando en México

El anuncio peruano vuelve a colocar sobre la mesa un debate conocido en México: el uso de las Fuerzas Armadas para atender problemas de seguridad pública. La experiencia mexicana muestra que la presencia militar puede extenderse a funciones civiles durante años sin que desaparezcan la violencia ni las redes criminales. Para Perú, el reto será definir límites, supervisión y resultados antes de que una medida temporal se convierta en una estructura permanente. ¿Debe la seguridad ciudadana depender cada vez más de los militares?