La captura como doctrina

El anuncio de Washington sobre la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores no debe entenderse como un episodio judicial ni como una acción aislada, sino como la expresión abierta de una doctrina de poder que redefine los límites entre fuerza y legalidad, bajo el liderazgo de Donald Trump, y devuelve a América Latina a un terreno que se creía superado.

El núcleo del problema no reside en los cargos ni en su posible recorrido en tribunales estadounidenses, sino en la decisión de asumir que un sistema penal nacional puede convertirse, por voluntad propia, en autorización para intervenir fuera de sus fronteras. Esa lógica no combate la impunidad ni fortalece el orden internacional. Lo degrada, al sustituir normas compartidas por criterios de conveniencia, y al establecer que la fuerza puede operar allí donde el derecho resulta incómodo.

En el plano jurídico, el mensaje es inequívoco. Si la soberanía se vuelve condicional y depende de la valoración estratégica de una potencia, entonces el derecho internacional deja de ser un marco común y pasa a operar como un instrumento selectivo. No existen reglas estables cuando su vigencia depende de quién tenga la capacidad de ignorarlas sin enfrentar consecuencias inmediatas.

En Venezuela, el impacto es más profundo de lo que aparenta. Un poder erosionado por años de colapso económico y aislamiento puede encontrar, en la presión externa, un recurso eficaz de cohesión interna. La experiencia regional demuestra que la amenaza extranjera, real o construida, suele fortalecer a los aparatos de control antes que debilitarlos, y ofrece al discurso oficial una coartada para cerrar filas y desplazar responsabilidades internas.

Para Trump, el movimiento cumple una función estratégica que trasciende el escenario venezolano. Refuerza una lógica de autoridad sin matices ante su base política y envía una señal clara a aliados y adversarios sobre la disposición de Washington a actuar sin consensos amplios ni mediaciones multilaterales. No es una reacción impulsiva, sino una demostración de fuerza elevada a política exterior.

El verdadero punto de quiebre es el precedente que se consolida. Cuando la captura extraterritorial se presenta como herramienta legítima, el sistema internacional entra en una zona de excepción permanente. Hoy el objetivo es Caracas. Mañana puede ser cualquier gobierno incómodo, siempre que existan acusaciones suficientes para justificar la acción.

América Latina queda atrapada en una disyuntiva engañosa. Defender la soberanía, aun frente a regímenes profundamente cuestionados, o celebrar su desplazamiento mediante métodos que erosionan los mismos principios que dicen proteger. Ambas rutas conducen a una fragilidad estructural, donde el poder sustituye a la norma y la excepción deja de ser anomalía para convertirse en práctica.

La justicia no se fortalece cuando avanza escoltada por la fuerza militar. Las transiciones políticas no se imponen desde el exterior sin generar daños duraderos. Lo que queda no es orden ni estabilidad, sino un deterioro acumulado que debilita reglas, normaliza el atropello y recuerda a la región que, cuando la ley se subordina al poder, el costo no se paga de inmediato, pero siempre termina cobrándose.