Aspirantes de la UNAM recurren a la vía legal tras cancelar el examen de ingreso

Aspirantes admitidos de la UNAM presentan amparos contra la nueva evaluación.

Aspirantes admitidos a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentaron los primeros juicios de amparo para impugnar la cancelación del examen de ingreso y las medidas anunciadas para el proceso de admisión a licenciatura 2026.

Los tres recursos fueron promovidos ante los Juzgados Noveno y Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Hasta ahora, las juezas no han concedido la suspensión solicitada y pidieron a los promoventes precisar los actos que consideran afectados.

Aspirantes impugnan la cancelación del examen de ingreso

Entre los actos señalados en las demandas se encuentran la cancelación del examen de ingreso, así como la convocatoria y el instructivo correspondientes al concurso de selección para licenciatura 2026.

Los estudiantes también impugnan la negativa de recibir documentos y de permitir la inscripción a la carrera de Derecho en la UNAM. La inconformidad se relaciona con las medidas adoptadas por la institución después de detectar irregularidades en el proceso de admisión.

Uno de los recursos fue presentado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa. La titular de ese órgano, Verónica Yessel Beltrán Murguía, solicitó al promovente que aclarara su demanda en un plazo de cinco días.

La jueza pidió precisar los actos reclamados antes de resolver si el juicio será admitido a trámite. Si el aspirante no atiende el requerimiento dentro del periodo establecido, el recurso podría tenerse por no presentado.

Juzgados piden corregir irregularidades en las demandas

El segundo grupo de actuaciones corresponde al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, a cargo de la jueza Adriana Judith Uribe Vidal.

Ese órgano también pidió al quejoso desahogar diversos requerimientos en un plazo de cinco días. El objetivo es corregir las irregularidades identificadas en la demanda antes de que se determine si procede su admisión.

Las decisiones judiciales no representan todavía una resolución sobre el fondo del conflicto. Tampoco determinan si la UNAM deberá mantener los resultados del proceso de selección o permitir la inscripción de los aspirantes que recurrieron a los tribunales.

Por ahora, los juzgados se encuentran en la etapa de revisión formal de los escritos. La presentación de un amparo no implica que la suspensión solicitada haya sido concedida ni que los aspirantes hayan obtenido una orden judicial para conservar su lugar.

Protestas por la nueva evaluación presencial

Los juicios fueron presentados después de las manifestaciones realizadas por aspirantes aceptados en la explanada principal de la UNAM. Los estudiantes protestaron tras conocer que las autoridades universitarias aplicarían un examen de control presencial a alrededor de 58,000 aspirantes.

La universidad anunció esa evaluación debido a irregularidades detectadas en el proceso de admisión para las licenciaturas. La decisión provocó el rechazo de quienes habían sido aceptados y consideraban que su puntaje debía conservarse.

Los manifestantes han reclamado que se respete el resultado que obtuvieron durante el concurso de selección. También han expresado su oposición a presentar nuevamente una evaluación para mantener el lugar que, según su postura, ya habían conseguido.

El conflicto enfrenta dos posiciones. Por un lado, la UNAM busca revisar el proceso mediante un examen de control presencial. Por otro, los aspirantes admitidos sostienen que esa decisión modifica las condiciones bajo las cuales participaron y pone en duda un resultado que ya les había permitido ser aceptados.

El conflicto pasa de las protestas a los tribunales

La presentación de los amparos lleva la disputa a una nueva etapa. Las protestas públicas expresaron el rechazo de los estudiantes ante la cancelación del examen de ingreso, mientras que las demandas buscan que un juez revise la legalidad de los actos reclamados.

Los primeros requerimientos judiciales muestran que los expedientes todavía deben ser corregidos antes de que los juzgados estudien formalmente las peticiones. Cada aspirante tendrá que precisar qué decisión de la universidad considera violatoria de sus derechos y qué efecto solicita a los tribunales.

Entre los puntos señalados aparecen la cancelación de la evaluación, la convocatoria, el instructivo del concurso, la recepción de documentos y la inscripción a Derecho. La precisión de esos actos será relevante para definir el alcance de cada demanda.

La disputa también plantea una cuestión sobre los procesos de admisión universitaria. Cuando una institución detecta irregularidades después de publicar resultados, debe determinar cómo revisar el procedimiento sin afectar a quienes participaron bajo las reglas originales.

El caso de la UNAM todavía no tiene una resolución definitiva. Los juzgados deberán decidir primero si admiten los recursos y, en su caso, si las medidas solicitadas pueden suspenderse mientras se analiza el fondo de las demandas.

Para los aspirantes, el tiempo representa un factor decisivo. Los plazos de cinco días fijados por los juzgados obligan a corregir las demandas con rapidez, mientras permanece pendiente la definición sobre la validez de los resultados y la aplicación del nuevo examen de ingreso.

La UNAM, por su parte, enfrenta el reto de explicar con precisión las irregularidades detectadas y las razones que llevaron a cancelar el examen de ingreso. La respuesta institucional deberá conciliar la revisión del proceso con las expectativas de quienes recibieron una notificación de admisión.

La controversia seguirá dependiendo de las decisiones judiciales y de las actuaciones de la universidad. Hasta que los juzgados resuelvan las solicitudes planteadas, los aspirantes no cuentan con una suspensión que garantice su inscripción ni la conservación automática de los resultados obtenidos.

Pensando en México

El caso expone la tensión entre la autonomía universitaria y el derecho de los aspirantes a contar con reglas claras.
También muestra las consecuencias de detectar irregularidades después de comunicar resultados de admisión.
La vía legal permitirá revisar si las medidas adoptadas respetan los derechos de los estudiantes.
La UNAM deberá explicar cómo protegerá la transparencia sin perjudicar a quienes participaron regularmente.
¿Debe repetirse una evaluación cuando los aspirantes ya fueron declarados admitidos?

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