«No es censura, es regulación»: cuestionan a Sheinbaum por las nuevas reglas del derecho de las audiencias

Sheinbaum defiende nuevas reglas para radio y televisión ante numerosas críticas de censura de los medios.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta acusaciones de censura por los nuevos lineamientos sobre el derecho de las audiencias en radio y televisión. Medios de comunicación, organizaciones civiles y sectores de la oposición consideran que la propuesta puede limitar la libertad de expresión y favorecer la autocensura.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum rechazó que las reglas busquen controlar los contenidos informativos. La mandataria sostuvo que el objetivo es fortalecer el derecho de la ciudadanía a recibir información clara, diferenciada y verificable.

Sheinbaum niega que las reglas impliquen censura

La presidenta afirmó que los lineamientos no pretenden imponer censura a los medios ni determinar qué deben decir. Según su explicación, las disposiciones buscan ordenar obligaciones que ya están relacionadas con los derechos de las audiencias.

La propuesta plantea que las estaciones de radio y televisión cuenten con un código de ética, una persona defensora de las audiencias y mecanismos para recibir y procesar quejas del público. También establece que los medios deben diferenciar entre información y opinión, así como entre contenidos editoriales y publicidad.

Sheinbaum defendió la medida como una forma de garantizar el derecho constitucional a la información. Su argumento es que las audiencias deben contar con herramientas para identificar la naturaleza de los contenidos que reciben y reclamar cuando consideren que sus derechos fueron vulnerados.

La controversia surgió porque los críticos consideran que la obligación de distinguir entre información y opinión puede abrir la puerta a interpretaciones subjetivas. En ese escenario, una autoridad podría cuestionar el enfoque de un programa, una cobertura periodística o una valoración editorial.

Qué obligaciones tendrían radio y televisión

Los lineamientos fueron presentados por el Gobierno federal a través de la Consejería Jurídica y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La propuesta se dirige a los concesionarios de radio y televisión, mientras que la prensa escrita y las plataformas digitales quedaron fuera del proyecto actual.

Entre las obligaciones previstas aparece la creación de un código de ética propio para cada medio. Ese documento deberá incluir una referencia expresa a los derechos de las audiencias y explicar el procedimiento que seguirá el concesionario para atender las inconformidades.

También se plantea designar una persona defensora de las audiencias. Esta figura tendría que actuar bajo principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia, sin conflictos de interés con el medio al que pertenezca.

En el caso de las radios y televisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, la persona defensora debería pertenecer a la misma comunidad. La propuesta busca que las quejas sean atendidas desde una perspectiva cercana a las características culturales y sociales de cada audiencia.

Los lineamientos también contemplan medidas de accesibilidad para personas con debilidad auditiva y obligaciones relacionadas con la identificación de publicidad, la separación entre noticias y opiniones y la prohibición de difundir información falsa o descontextualizada.

Las sanciones no se aplicarían al contenido editorial

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, aseguró que las sanciones previstas no se dirigirán contra el contenido de las noticias o los programas. Según su explicación, las multas se aplicarían únicamente cuando los concesionarios incumplan obligaciones administrativas, como no contar con un código de ética o no establecer mecanismos de atención al público.

El procedimiento comenzaría con una queja presentada ante la defensoría de audiencias del propio medio. Esa instancia solicitaría información al concesionario, analizaría el caso y emitiría una recomendación en un plazo máximo de 20 días.

Si el medio no atiende la recomendación, la persona afectada podría acudir ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La autoridad tendría entonces la posibilidad de intervenir antes de determinar si corresponde una multa o alguna otra sanción administrativa.

El Gobierno sostiene que este mecanismo no equivale a una revisión previa de los contenidos. Los detractores de la propuesta responden que la amenaza de sanciones, aunque se vincule formalmente con obligaciones administrativas, puede influir en la forma en que periodistas y medios deciden abordar determinados asuntos.

La consulta pública seguirá abierta hasta el 21 de agosto

La iniciativa se encuentra en una etapa de consulta pública que concluirá el 21 de agosto. En el proceso pueden participar audiencias, concesionarios, especialistas, organizaciones civiles y ciudadanos.

El Gobierno ha presentado la consulta como una oportunidad para modificar el proyecto antes de que los lineamientos queden definidos. La discusión incluye tanto el alcance de los derechos de las audiencias como las atribuciones de la autoridad encargada de supervisar su cumplimiento.

La oposición y distintos sectores de la industria sostienen que el texto requiere cambios para evitar ambigüedades. Su preocupación se centra en conceptos como información falsa, descontextualización, imparcialidad y diferenciación entre opinión y noticia, ya que podrían ser interpretados de manera amplia.

El debate ocurre en un contexto de desconfianza entre el Gobierno y varios medios de comunicación. La administración de Sheinbaum ha acusado a algunos medios de difundir información falsa o sesgada, mientras que sus críticos sostienen que el Ejecutivo intenta ampliar su capacidad de confrontar y presionar a la prensa.

La discusión sobre la censura no se resolverá únicamente con la afirmación presidencial de que no habrá control editorial. También dependerá de la redacción definitiva, de la independencia de la autoridad reguladora y de la manera en que se apliquen las sanciones.

El derecho de las audiencias puede fortalecer la transparencia cuando permite reclamar por publicidad encubierta, falta de accesibilidad o ausencia de mecanismos de respuesta. El riesgo aparece cuando una regulación imprecisa permite que una autoridad determine qué cobertura es suficientemente objetiva o qué opinión puede considerarse legítima.

La propuesta todavía puede modificarse antes de su aprobación final. La consulta pública definirá si las observaciones de medios, especialistas y ciudadanos producen cambios reales o si el Gobierno mantiene el esquema presentado.

El conflicto deja una pregunta central: cómo proteger a las audiencias sin convertir esa protección en una herramienta de presión sobre el periodismo. La respuesta dependerá de que las nuevas reglas establezcan obligaciones claras, sanciones proporcionales y límites precisos para impedir cualquier intervención sobre la línea editorial.

Pensando en México

La discusión revela la tensión entre el derecho de las audiencias y la libertad de expresión.
Una regulación clara puede ayudar a distinguir información, opinión y publicidad.
Una norma ambigua puede generar autocensura y temor entre periodistas y medios.
La independencia de la autoridad será decisiva para evitar usos políticos.
La consulta pública debe servir para corregir excesos antes de aprobar las reglas.
¿Puede México proteger a las audiencias sin limitar la crítica al poder?